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SANTO DOMINGO: El jurista y catedr\u00e1tico universitario, Namphi Rodr\u00edguez, cuestion\u00f3 este mi\u00e9rcoles la decisi\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n de invertir RD$1,575 millones de pesos en la contrataci\u00f3n de 35 medios de comunicaci\u00f3n para el a\u00f1o escolar por motivo de la pandemia del covid 19, en lugar de apelar al estado de emergencia para usar dichas frecuencias a un menor costo para el Estado.<\/p>\n
\u201cEl Ministerio de Educaci\u00f3n pudo utilizar las disposiciones de la Ley 153-98, de Telecomunicaciones, que disponen que en estado de emergencia el Gobierno puede requerir el uso de las frecuencias de radiodifusi\u00f3n para morigerar este enorme presupuesto contratado\u201d, observ\u00f3 el abogado y escritor, en varios mensajes colgados en su cuenta de twitter.<\/p>\n
En opini\u00f3n del abogado, con la situaci\u00f3n de emergencia que vive el pa\u00eds, el Estado necesitaba por primera vez de la cooperaci\u00f3n de ese sector, y no que se hicieran negocios extray\u00e9ndole al Estado esos $1,575 millones de pesos en medio de una situaci\u00f3n de emergencia.<\/p>\n
Sostuvo que la idea era que ellos -los radiodifusores- con esa modalidad de educaci\u00f3n a distancia ya contratada, cubrieran sus operaciones y que al mismo tiempo se ganara un dinerito, no haciendo negocios como se hizo en perjuicio del Estado dominicano.<\/p>\n
Ayer, el Ministerio de Educaci\u00f3n inform\u00f3 que adjudic\u00f3 los servicios para la difusi\u00f3n de los contenidos educativos correspondientes al a\u00f1o escolar 2020-2021 a 35 empresas de televisi\u00f3n, telecables y p\u00e1ginas digitales, seleccionadas de manera muy discrecional, por un monto de RD$1,575,043,073.50 de pesos.<\/p>\n
Antes de esta \u00faltima transacci\u00f3n esa instituci\u00f3n hab\u00eda adjudicado los servicios de difusi\u00f3n de los contenidos educativos para nueve empresas televisivas y radiales por un monto total de RD$3,582,522,031.20.<\/p>\n
El marco legal<\/p>\n
El jurista Namphi Rodr\u00edguez cit\u00f3 el art\u00edculo 7 de la indicada ley, que establece: \u201cEn caso de encontrarse comprometidas condiciones de seguridad y defensa nacional o en caso de emergencia o cat\u00e1strofes oficialmente declaradas, el Poder Ejecutivo, por medio del organismo competente, podr\u00e1 dictar directrices que deber\u00e1n ser cumplidas por los prestadores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Dichas directrices se adoptar\u00e1n dentro del pleno respeto al marco constitucional vigente\u201d.<\/p>\n
Rodr\u00edguez agrega que esas frecuencias son propiedad del Estado y lo que existe con los operadores privados es unan concesi\u00f3n renovable cada 20 a\u00f1os, pero que esa legislaci\u00f3n<\/p>\n
se\u00f1ala que si en medio de la vigencia de dicha concesi\u00f3n, se produce en el pa\u00eds alguna situaci\u00f3n de emergencia, como lo es la pandemia del Covid-19, el Estado poder requerir el uso de esas frecuencias.<\/p>\n
En ese orden, insisti\u00f3 en que \u201cel Estado pudo recurrir a esas disposiciones para atenuar el pago de 1,575 millones. No es que no le paguen a esos radiodifusores, pero hay que tener claro que ellos utilizan las frecuencias de radio y televisi\u00f3n pagando muy poco por concepto de tasa al Estado\u201d.<\/p>\n
Sobre ese particular, resalt\u00f3 que se dan casos de algunas emisoras de provincia que apenas pagan unos $35 mil pesos mensuales al Estado, cuando dijo se trata de empresas que producen millones de pesos por el uso de esas frecuencias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SANTO DOMINGO: El jurista y catedr\u00e1tico universitario, Namphi Rodr\u00edguez, cuestion\u00f3 este mi\u00e9rcoles la decisi\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n de invertir RD$1,575 millones de pesos en la contrataci\u00f3n de 35 medios de comunicaci\u00f3n para el a\u00f1o escolar por motivo de la pandemia del covid 19, en lugar de apelar al estado de emergencia para usar dichas frecuencias a un menor costo para el Estado. \u201cEl Ministerio de Educaci\u00f3n pudo utilizar las disposiciones de la Ley 153-98, de Telecomunicaciones, que disponen que en estado de emergencia el Gobierno puede requerir el uso de las frecuencias de radiodifusi\u00f3n para morigerar este enorme presupuesto contratado\u201d, observ\u00f3 el abogado y escritor, en varios mensajes colgados en su cuenta de twitter. En opini\u00f3n del abogado, con la situaci\u00f3n de emergencia que vive el pa\u00eds, el Estado necesitaba por primera vez de la cooperaci\u00f3n de ese sector, y no que se hicieran negocios extray\u00e9ndole al Estado esos $1,575 millones de pesos en medio de una situaci\u00f3n de emergencia. Sostuvo que la idea era que ellos -los radiodifusores- con esa modalidad de educaci\u00f3n a distancia ya contratada, cubrieran sus operaciones y que al mismo tiempo se ganara un dinerito, no haciendo negocios como se hizo en perjuicio del Estado dominicano. Ayer, el Ministerio de Educaci\u00f3n inform\u00f3 que adjudic\u00f3 los servicios para la difusi\u00f3n de los contenidos educativos correspondientes al a\u00f1o escolar 2020-2021 a 35 empresas de televisi\u00f3n, telecables y p\u00e1ginas digitales, seleccionadas de manera muy discrecional, por un monto de RD$1,575,043,073.50 de pesos. Antes de esta \u00faltima transacci\u00f3n esa instituci\u00f3n hab\u00eda adjudicado los servicios de difusi\u00f3n de los contenidos educativos para nueve empresas televisivas y radiales por un monto total de RD$3,582,522,031.20. El marco legal El jurista Namphi Rodr\u00edguez cit\u00f3 el art\u00edculo 7 de la indicada ley, que establece: \u201cEn caso de encontrarse comprometidas condiciones de seguridad y defensa nacional o en caso de emergencia o cat\u00e1strofes oficialmente declaradas, el Poder Ejecutivo, por medio del organismo competente, podr\u00e1 dictar directrices que deber\u00e1n ser cumplidas por los prestadores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Dichas directrices se adoptar\u00e1n dentro del pleno respeto al marco constitucional vigente\u201d. Rodr\u00edguez agrega que esas frecuencias son propiedad del Estado y lo que existe con los operadores privados es unan concesi\u00f3n renovable cada 20 a\u00f1os, pero que esa legislaci\u00f3n se\u00f1ala que si en medio de la vigencia de dicha concesi\u00f3n, se produce en el pa\u00eds alguna situaci\u00f3n de emergencia, como lo es la pandemia del Covid-19, el Estado poder requerir el uso de esas frecuencias. En ese orden, insisti\u00f3 en que \u201cel Estado pudo recurrir a esas disposiciones para atenuar el pago de 1,575 millones. No es que no le paguen a esos radiodifusores, pero hay que tener claro que ellos utilizan las frecuencias de radio y televisi\u00f3n pagando muy poco por concepto de tasa al Estado\u201d. 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