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El Tribunal Constitucional conocer\u00e1 el pr\u00f3ximo viernes 26 de marzo una acci\u00f3n directa de inconstitucionalidad de la Alianza Ciudadana contra la Ley 311-14, de Declaraci\u00f3n Jurada de Patrimonio, por desbordar los \u201ccriterios objetivos\u201d que permiten al Ministerio P\u00fablico tipificar infracciones que no est\u00e1n previstas por las leyes y \u201ccontaminar\u201d los expedientes de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
La abogada Evelyn Torres, representante de la Alianza Ciudadana y de la Red de Rendici\u00f3n de Cuentas (RRC), dijo que la persecuci\u00f3n de la corrupci\u00f3n se debe hacer en un contexto de legalidad y transparencia, para evitar que se vicien los expedientes antes de llegar a los tribunales.<\/p>\n
En ese sentido, advirti\u00f3 que el art\u00edculo 13 de la Ley 311-14, de Declaraci\u00f3n Jurada de Patrimonio de Funcionarios P\u00fablicos, otorga amplios poderes al Ministerio P\u00fablico para iniciar procesos por incrementos patrimoniales de los funcionarios sin la tipificaci\u00f3n legal adecuada.<\/p>\n
\u201cEso es un boomerang, pues se crean las condiciones para dirigir una investigaci\u00f3n penal dudosa que conduce a la frustraci\u00f3n de la lucha contra la corrupci\u00f3n administrativa\u201d, dijo.<\/p>\n
Explic\u00f3 que la norma incurre en una violaci\u00f3n de los principios de legalidad y reserva de ley, \u201cpues se parte de la premisa de que son las autoridades, y no la ley, las que tipifican las infracciones que comprometen la responsabilidad penal de los funcionarios p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n
\u201cS\u00f3lo la ley puede establecer en cu\u00e1les supuestos una falta de informaci\u00f3n, una omisi\u00f3n o un error en la declaraci\u00f3n jurada constituye una infracci\u00f3n penal, y adem\u00e1s debe contener elementos suficientes para determinar la conducta prohibida; de lo contrario, el caso se cae\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
La acci\u00f3n directa de inconstitucionalidad fue radicada por la Alianza Ciudadana el 20 de noviembre del a\u00f1o pasado y la audiencia p\u00fablica del TC est\u00e1 fijada para este viernes 26 de marzo, tras lo cual quedar\u00e1 en estado de fallo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Tribunal Constitucional conocer\u00e1 el pr\u00f3ximo viernes 26 de marzo una acci\u00f3n directa de inconstitucionalidad de la Alianza Ciudadana contra la Ley 311-14, de Declaraci\u00f3n Jurada de Patrimonio, por desbordar los \u201ccriterios objetivos\u201d que permiten al Ministerio P\u00fablico tipificar infracciones que no est\u00e1n previstas por las leyes y \u201ccontaminar\u201d los expedientes de corrupci\u00f3n. La abogada Evelyn Torres, representante de la Alianza Ciudadana y de la Red de Rendici\u00f3n de Cuentas (RRC), dijo que la persecuci\u00f3n de la corrupci\u00f3n se debe hacer en un contexto de legalidad y transparencia, para evitar que se vicien los expedientes antes de llegar a los tribunales. En ese sentido, advirti\u00f3 que el art\u00edculo 13 de la Ley 311-14, de Declaraci\u00f3n Jurada de Patrimonio de Funcionarios P\u00fablicos, otorga amplios poderes al Ministerio P\u00fablico para iniciar procesos por incrementos patrimoniales de los funcionarios sin la tipificaci\u00f3n legal adecuada. \u201cEso es un boomerang, pues se crean las condiciones para dirigir una investigaci\u00f3n penal dudosa que conduce a la frustraci\u00f3n de la lucha contra la corrupci\u00f3n administrativa\u201d, dijo. Explic\u00f3 que la norma incurre en una violaci\u00f3n de los principios de legalidad y reserva de ley, \u201cpues se parte de la premisa de que son las autoridades, y no la ley, las que tipifican las infracciones que comprometen la responsabilidad penal de los funcionarios p\u00fablicos\u201d. \u201cS\u00f3lo la ley puede establecer en cu\u00e1les supuestos una falta de informaci\u00f3n, una omisi\u00f3n o un error en la declaraci\u00f3n jurada constituye una infracci\u00f3n penal, y adem\u00e1s debe contener elementos suficientes para determinar la conducta prohibida; de lo contrario, el caso se cae\u201d, se\u00f1al\u00f3. La acci\u00f3n directa de inconstitucionalidad fue radicada por la Alianza Ciudadana el 20 de noviembre del a\u00f1o pasado y la audiencia p\u00fablica del TC est\u00e1 fijada para este viernes 26 de marzo, tras lo cual quedar\u00e1 en estado de fallo.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-116865","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-football"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116865","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=116865"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116865\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":116867,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116865\/revisions\/116867"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=116865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=116865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=116865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}