{"id":121162,"date":"2021-10-26T17:25:41","date_gmt":"2021-10-26T21:25:41","guid":{"rendered":"http:\/\/conexiondigital.com.do\/?p=121162"},"modified":"2021-10-26T17:25:41","modified_gmt":"2021-10-26T21:25:41","slug":"cobros-de-viviendas-generarian-al-estado-mas-de-20-mil-millones-de-pesos-en-tres-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/2021\/10\/26\/cobros-de-viviendas-generarian-al-estado-mas-de-20-mil-millones-de-pesos-en-tres-anos\/","title":{"rendered":"Cobros de viviendas generar\u00edan al Estado m\u00e1s de 20 mil millones de pesos en tres a\u00f1os \u00a0"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-121163 alignleft\" src=\"https:\/\/images.conexiondigital.com.do\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/44fb4cda-c255-4af4-a8cd-053c2d40ba1c.jpg\" alt=\"\" width=\"160\" height=\"160\" \/>MI SENTIR<\/p>\n<p>Por Balbueno Medina<\/p>\n<p>En vista de que la sociedad dominicana y el gobierno se encuentran ante el dilema de hacer o no, una Reforma Fiscal, en las actuales circunstancias en que vive el pa\u00eds, y considerando que existen fuentes importantes de generaci\u00f3n de recursos que podr\u00edan permitir al Estado la posposici\u00f3n de la misma hasta que culmine la pandemia, es razonable ofrecer la alternativa de cobrar cientos de proyectos habitacionales que se encuentran en manos de particulares.<\/p>\n<p>Entre los a\u00f1os 2002 y 2004, las Direcciones de Bienes Nacionales y el Instituto Nacional de la Vivienda, se enfrascaron en un proyecto de gestionar el pago de cientos de viviendas que el Estado dominicano hab\u00eda otorgado entre 1987 y 1993, a particulares mediante contratos de ventas condicionales que establec\u00edan el pago de esos inmuebles a 20 y 25 a\u00f1os para ser saldados por los adquirientes de las mismas.<\/p>\n<p>Todos esos contratos, de acuerdo a lo que estipulaban, deber\u00edan ser enviados al Congreso Nacional para ser ratificados por los legisladores y luego que fueran saldados por sus adquirientes, las Direcciones de Bienes Nacionales y el INVI, deber\u00edan de entregarles a cada uno el Titulo definitivo de propiedad para desvincular ese bien del Estado y que los beneficiarios fueran objeto de cr\u00e9dito por el cumplimiento del pago acordado.<\/p>\n<p>Luego de los casi 15 a\u00f1os transcurridos, los Directores de Bienes Nacionales, Bienvenido Brito y del Instituto Nacional de la Vivienda, Juan Vargas Menci\u00f3n, iniciaron exitosamente la gesti\u00f3n de cobros de esos inmuebles, y una gran cantidad de los beneficiarios lograron ponerse al d\u00eda en el pago de las cuotas asignadas por el Estado para la adquisici\u00f3n de sus viviendas, pero despu\u00e9s dejaron de pagar porque los inc\u00fambentes de esas instituciones no dieron seguimiento a las pol\u00edticas de cobro que se implementaron para recuperar los recursos invertidos por el gobierno en esos proyectos.<\/p>\n<p>Desde entonces han transcurrido m\u00e1s de 16 a\u00f1os y los adquirientes de los inmuebles del Estado no han venido pagando con regularidad las cuotas de sus viviendas, por lo que conjuntamente con el capital atrasado han venido acumulando una prolongada mora que si pusi\u00e9ramos calcular podr\u00eda superar el monto de \u00e9ste en varios miles de millones de pesos.<\/p>\n<p>Recordamos muy bien que para llevar a cabo la ardua y tit\u00e1nica tarea de cobrar a los beneficiarios de los proyectos habitaciones del Estado, los se\u00f1ores Brito y Vargas Menci\u00f3n, tuvieron que enfrentar a una gran bater\u00eda de influyentes periodistas que, habiendo sido favorecidos con la entrega de apartamentos, trataron de revertir las pol\u00edticas de cobro que dise\u00f1aron para devolver al gobierno los recursos destinados a los mismos.<\/p>\n<p>Esas pol\u00edticas de cobro, que contaron con el apoyo del Poder Ejecutivo, ten\u00edan como prop\u00f3sito recaudar los recursos del Estado invertidos en esos proyectos para crear un fondo de reinversi\u00f3n en la construcci\u00f3n de viviendas de clase media y seguir fomentando el levantamiento de unidades sostenibles y de calidad como las que se otorgaron en esos a\u00f1os del 1997 al 1993, que todav\u00eda se encuentran en muy buen estado de estructuraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para quienes tienen la oportunidad de leer este art\u00edculo, simple y llanamente quiero recordarles que entre los proyectos a que hago referencia se encuentran: los Habitacionales\u00a0de las Lauras, ubicado en la Avenida N\u00fa\u00f1ez de C\u00e1ceres, Jos\u00e9 Contreras y Pedro Livio Cede\u00f1o, ubicados en las Avenidas de esos mismos nombres, cuyas edificaciones son y han sido emblem\u00e1ticas en la ciudad de Santo Domingo y para la \u00e9poca constituyeron un referente moderno de arquitectura para el pa\u00eds.<\/p>\n<p>Los apartamentos de esos proyectos, que fueron repartidos entre figuras de clase media, por las gestiones de Rodolfo Rinc\u00f3n Mart\u00ednez y Camilo Antonio Nazir Tejada, oscilaban entre 4 y 6 millones de pesos y si su costo se actualizara al momento que vivimos hoy, podr\u00edan rondar entre 12 y 15 millones de pesos cada uno, lo que significa que en un proceso de reevaluaci\u00f3n el Estado dominicano podr\u00eda conseguir m\u00e1s recursos que los que inicialmente estamos proponiendo en este escrito, que hacemos de la mejor intenci\u00f3n para que se pueda agenciar recursos con el objetivo de hacer frente a las necesidades del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Al desempolvar estos expedientes, de seguro que las nuevas autoridades de Bienes Nacionales y el Ministerio de Viviendas y Asentamientos Humanos, de reciente creaci\u00f3n, se encontrar\u00e1n con la gran sorpresa de que potentadas figuras de los partidos pol\u00edticos, de los medios de comunicaci\u00f3n y de otros estamentos de clase media de nuestro pa\u00eds, fueron beneficiados con la entrega de los apartamentos construidos en esos proyectos, que ya no viven en ellos y que les fueron traspasados a otras personas que aunque le compraron a los adquirientes originales, carecen de la propiedad de los mismos porque todav\u00eda permanecen a nombre del Estado dominicano, dado que los mismos no han sido liquidados como establecen los contratos que les fueron entregados por las instituciones correspondientes.<\/p>\n<p>Con la disposici\u00f3n de cobrar los recursos dejados de percibir por el Estado dominicano a trav\u00e9s de la construcci\u00f3n de los Proyectos Habitacionales, que hemos hecho referencia, el gobierno dominicano, no solamente recaudar\u00e1 m\u00e1s de 20 mil millones de pesos para inyect\u00e1rselos a la econom\u00eda nacional y generar nuevas fuentes de empleo y recuperar el pa\u00eds, sino que facilitar\u00e1 a los que actualmente usufruct\u00faan esos inmuebles el privilegio de poseerlos de manera definitiva y por medio de sus T\u00edtulos de propiedad servir a la sociedad como sujetos de cr\u00e9dito para\u00a0\u00a0beneficio propio.<\/p>\n<p>agendasemanal@hotmail.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MI SENTIR Por Balbueno Medina En vista de que la sociedad dominicana y el gobierno se encuentran ante el dilema de hacer o no, una Reforma Fiscal, en las actuales circunstancias en que vive el pa\u00eds, y considerando que existen fuentes importantes de generaci\u00f3n de recursos que podr\u00edan permitir al Estado la posposici\u00f3n de la misma hasta que culmine la pandemia, es razonable ofrecer la alternativa de cobrar cientos de proyectos habitacionales que se encuentran en manos de particulares. Entre los a\u00f1os 2002 y 2004, las Direcciones de Bienes Nacionales y el Instituto Nacional de la Vivienda, se enfrascaron en un proyecto de gestionar el pago de cientos de viviendas que el Estado dominicano hab\u00eda otorgado entre 1987 y 1993, a particulares mediante contratos de ventas condicionales que establec\u00edan el pago de esos inmuebles a 20 y 25 a\u00f1os para ser saldados por los adquirientes de las mismas. Todos esos contratos, de acuerdo a lo que estipulaban, deber\u00edan ser enviados al Congreso Nacional para ser ratificados por los legisladores y luego que fueran saldados por sus adquirientes, las Direcciones de Bienes Nacionales y el INVI, deber\u00edan de entregarles a cada uno el Titulo definitivo de propiedad para desvincular ese bien del Estado y que los beneficiarios fueran objeto de cr\u00e9dito por el cumplimiento del pago acordado. Luego de los casi 15 a\u00f1os transcurridos, los Directores de Bienes Nacionales, Bienvenido Brito y del Instituto Nacional de la Vivienda, Juan Vargas Menci\u00f3n, iniciaron exitosamente la gesti\u00f3n de cobros de esos inmuebles, y una gran cantidad de los beneficiarios lograron ponerse al d\u00eda en el pago de las cuotas asignadas por el Estado para la adquisici\u00f3n de sus viviendas, pero despu\u00e9s dejaron de pagar porque los inc\u00fambentes de esas instituciones no dieron seguimiento a las pol\u00edticas de cobro que se implementaron para recuperar los recursos invertidos por el gobierno en esos proyectos. Desde entonces han transcurrido m\u00e1s de 16 a\u00f1os y los adquirientes de los inmuebles del Estado no han venido pagando con regularidad las cuotas de sus viviendas, por lo que conjuntamente con el capital atrasado han venido acumulando una prolongada mora que si pusi\u00e9ramos calcular podr\u00eda superar el monto de \u00e9ste en varios miles de millones de pesos. Recordamos muy bien que para llevar a cabo la ardua y tit\u00e1nica tarea de cobrar a los beneficiarios de los proyectos habitaciones del Estado, los se\u00f1ores Brito y Vargas Menci\u00f3n, tuvieron que enfrentar a una gran bater\u00eda de influyentes periodistas que, habiendo sido favorecidos con la entrega de apartamentos, trataron de revertir las pol\u00edticas de cobro que dise\u00f1aron para devolver al gobierno los recursos destinados a los mismos. Esas pol\u00edticas de cobro, que contaron con el apoyo del Poder Ejecutivo, ten\u00edan como prop\u00f3sito recaudar los recursos del Estado invertidos en esos proyectos para crear un fondo de reinversi\u00f3n en la construcci\u00f3n de viviendas de clase media y seguir fomentando el levantamiento de unidades sostenibles y de calidad como las que se otorgaron en esos a\u00f1os del 1997 al 1993, que todav\u00eda se encuentran en muy buen estado de estructuraci\u00f3n. Para quienes tienen la oportunidad de leer este art\u00edculo, simple y llanamente quiero recordarles que entre los proyectos a que hago referencia se encuentran: los Habitacionales\u00a0de las Lauras, ubicado en la Avenida N\u00fa\u00f1ez de C\u00e1ceres, Jos\u00e9 Contreras y Pedro Livio Cede\u00f1o, ubicados en las Avenidas de esos mismos nombres, cuyas edificaciones son y han sido emblem\u00e1ticas en la ciudad de Santo Domingo y para la \u00e9poca constituyeron un referente moderno de arquitectura para el pa\u00eds. Los apartamentos de esos proyectos, que fueron repartidos entre figuras de clase media, por las gestiones de Rodolfo Rinc\u00f3n Mart\u00ednez y Camilo Antonio Nazir Tejada, oscilaban entre 4 y 6 millones de pesos y si su costo se actualizara al momento que vivimos hoy, podr\u00edan rondar entre 12 y 15 millones de pesos cada uno, lo que significa que en un proceso de reevaluaci\u00f3n el Estado dominicano podr\u00eda conseguir m\u00e1s recursos que los que inicialmente estamos proponiendo en este escrito, que hacemos de la mejor intenci\u00f3n para que se pueda agenciar recursos con el objetivo de hacer frente a las necesidades del pa\u00eds. Al desempolvar estos expedientes, de seguro que las nuevas autoridades de Bienes Nacionales y el Ministerio de Viviendas y Asentamientos Humanos, de reciente creaci\u00f3n, se encontrar\u00e1n con la gran sorpresa de que potentadas figuras de los partidos pol\u00edticos, de los medios de comunicaci\u00f3n y de otros estamentos de clase media de nuestro pa\u00eds, fueron beneficiados con la entrega de los apartamentos construidos en esos proyectos, que ya no viven en ellos y que les fueron traspasados a otras personas que aunque le compraron a los adquirientes originales, carecen de la propiedad de los mismos porque todav\u00eda permanecen a nombre del Estado dominicano, dado que los mismos no han sido liquidados como establecen los contratos que les fueron entregados por las instituciones correspondientes. 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