{"id":141180,"date":"2025-12-13T21:08:55","date_gmt":"2025-12-14T01:08:55","guid":{"rendered":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/?p=141180"},"modified":"2025-12-13T21:09:31","modified_gmt":"2025-12-14T01:09:31","slug":"la-corrupcion-estructural-como-el-estado-permitio-el-latrocinio-en-senasa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/2025\/12\/13\/la-corrupcion-estructural-como-el-estado-permitio-el-latrocinio-en-senasa\/","title":{"rendered":"La corrupci\u00f3n estructural: c\u00f3mo el Estado permiti\u00f3 el latrocinio en Senasa"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Jos\u00e9 Manuel Jerez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso Senasa ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional una cuesti\u00f3n esencial: la responsabilidad que tiene el Gobierno de supervisar y controlar de manera eficiente la administraci\u00f3n p\u00fablica. La Constituci\u00f3n dominicana concibe un Estado social y democr\u00e1tico de derecho que solo puede funcionar si las instituciones act\u00faan bajo un marco de control permanente. Cuando un fraude de gran magnitud sale a la luz en una entidad estrat\u00e9gica como Senasa, no estamos frente a un simple fallo administrativo, sino ante una fractura del deber constitucional de control.<\/p>\n\n\n\n

El control administrativo es una funci\u00f3n continua y no discrecional del Gobierno. La estructura institucional del Estado est\u00e1 dise\u00f1ada para que existan mecanismos de supervisi\u00f3n jer\u00e1rquica, sistemas de auditor\u00eda interna, \u00f3rganos de fiscalizaci\u00f3n externa y protocolos de seguimiento que permitan detectar irregularidades antes de que se conviertan en esc\u00e1ndalos. El fraude que oper\u00f3 durante a\u00f1os dentro de Senasa demuestra que estos mecanismos fueron insuficientes, ineficaces o no se activaron con la diligencia debida.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 138 de la Constituci\u00f3n establece que la administraci\u00f3n p\u00fablica debe actuar con transparencia, eficacia, eficiencia y sometida plenamente al orden jur\u00eddico. La corrupci\u00f3n en Senasa representa una vulneraci\u00f3n directa de estos principios. No basta con identificar a los autores materiales del il\u00edcito. Cuando la irregularidad adquiere un car\u00e1cter sist\u00e9mico, la responsabilidad tambi\u00e9n se vuelve sist\u00e9mica y alcanza a las estructuras de direcci\u00f3n y supervisi\u00f3n que ten\u00edan el deber de prevenir, detectar y corregir las desviaciones.<\/p>\n\n\n\n

Durante a\u00f1os, distintos gobiernos han intentado desvincularse de los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n alegando desconocimiento. Sin embargo, en un Estado constitucional moderno, el desconocimiento no constituye una defensa leg\u00edtima. La Constituci\u00f3n no concibe un Gobierno pasivo o distante, sino un poder pol\u00edtico activo, vigilante y garante del correcto funcionamiento institucional. Si el Gobierno no conoce lo que ocurre en las instituciones bajo su autoridad, incurre en negligencia grave; si lo conoce y no act\u00faa, incurre en omisi\u00f3n. Ambos comportamientos afectan su legitimidad.<\/p>\n\n\n\n

La reacci\u00f3n tard\u00eda del Gobierno ante el caso Senasa profundiz\u00f3 la indignaci\u00f3n ciudadana. La activaci\u00f3n de medidas solo despu\u00e9s de que el esc\u00e1ndalo alcanzara gran repercusi\u00f3n p\u00fablica evidencia un enfoque reactivo y no preventivo del control estatal. Ello proyecta la idea de que el inter\u00e9s en salvaguardar el patrimonio p\u00fablico aparece \u00fanicamente cuando el costo pol\u00edtico se vuelve insostenible, y no como resultado de una convicci\u00f3n institucional y \u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n

El Gobierno tiene la obligaci\u00f3n constitucional de fortalecer los controles internos, especialmente en instituciones como Senasa, cuya labor impacta directamente la protecci\u00f3n social y el derecho a la salud de millones de dominicanos. La ausencia de supervisi\u00f3n adecuada no solo facilita la corrupci\u00f3n, sino que produce un da\u00f1o profundo a la credibilidad del Estado, deteriora la moral del funcionariado honesto y alimenta la desconfianza generalizada de la poblaci\u00f3n frente a las instituciones.<\/p>\n\n\n\n

La responsabilidad pol\u00edtica implica mucho m\u00e1s que sancionar a los autores directos del fraude. Exige reconocer las fallas institucionales, asumir consecuencias y ejecutar reformas estructurales que garanticen que episodios similares no vuelvan a repetirse. Cuando el Gobierno limita su respuesta a la sustituci\u00f3n de funcionarios o a declaraciones defensivas, env\u00eda un mensaje peligroso: que las estructuras estatales pueden fallar sin que exista una verdadera voluntad de transformaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El caso Senasa revela la urgencia de avanzar hacia un modelo de gobernanza basado en la integridad p\u00fablica. Ello supone profesionalizar la administraci\u00f3n, blindar los sistemas de auditor\u00eda, robustecer los \u00f3rganos de control, establecer protocolos claros de rendici\u00f3n de cuentas y garantizar que las alertas institucionales funcionen con autonom\u00eda frente a presiones pol\u00edticas. Un Gobierno que no controla eficazmente es un Gobierno vulnerable, y un Estado vulnerable se convierte en espacio propicio para la captura por intereses particulares.<\/p>\n\n\n\n

La ciudadan\u00eda tiene derecho a exigir absoluta transparencia en el manejo de los recursos p\u00fablicos y a demandar que el Gobierno cumpla con su deber constitucional de control. La responsabilidad en la direcci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica es permanente, indelegable y esencial para preservar la legitimidad democr\u00e1tica. El ejercicio del poder no se justifica \u00fanicamente por el origen electoral, sino por la forma en que se administra la cosa p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

El caso Senasa debe asumirse como una advertencia hist\u00f3rica. Cuando el Gobierno descuida su deber de control, la corrupci\u00f3n se institucionaliza y los da\u00f1os trascienden lo econ\u00f3mico para afectar la confianza, la cohesi\u00f3n social y la credibilidad del propio Estado. Si la Rep\u00fablica Dominicana aspira a consolidar un verdadero Estado social y democr\u00e1tico de derecho, resulta imprescindible que el Gobierno asuma con firmeza su responsabilidad constitucional y garantice que la administraci\u00f3n p\u00fablica funcione con la transparencia, la probidad y la eficiencia que la Constituci\u00f3n exige.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jos\u00e9 Manuel Jerez El caso Senasa ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional una cuesti\u00f3n esencial: la responsabilidad que tiene el Gobierno de supervisar y controlar de manera eficiente la administraci\u00f3n p\u00fablica. La Constituci\u00f3n dominicana concibe un Estado social y democr\u00e1tico de derecho que solo puede funcionar si las instituciones act\u00faan bajo un marco de control permanente. Cuando un fraude de gran magnitud sale a la luz en una entidad estrat\u00e9gica como Senasa, no estamos frente a un simple fallo administrativo, sino ante una fractura del deber constitucional de control. El control administrativo es una funci\u00f3n continua y no discrecional del Gobierno. La estructura institucional del Estado est\u00e1 dise\u00f1ada para que existan mecanismos de supervisi\u00f3n jer\u00e1rquica, sistemas de auditor\u00eda interna, \u00f3rganos de fiscalizaci\u00f3n externa y protocolos de seguimiento que permitan detectar irregularidades antes de que se conviertan en esc\u00e1ndalos. El fraude que oper\u00f3 durante a\u00f1os dentro de Senasa demuestra que estos mecanismos fueron insuficientes, ineficaces o no se activaron con la diligencia debida. El art\u00edculo 138 de la Constituci\u00f3n establece que la administraci\u00f3n p\u00fablica debe actuar con transparencia, eficacia, eficiencia y sometida plenamente al orden jur\u00eddico. La corrupci\u00f3n en Senasa representa una vulneraci\u00f3n directa de estos principios. No basta con identificar a los autores materiales del il\u00edcito. Cuando la irregularidad adquiere un car\u00e1cter sist\u00e9mico, la responsabilidad tambi\u00e9n se vuelve sist\u00e9mica y alcanza a las estructuras de direcci\u00f3n y supervisi\u00f3n que ten\u00edan el deber de prevenir, detectar y corregir las desviaciones. Durante a\u00f1os, distintos gobiernos han intentado desvincularse de los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n alegando desconocimiento. Sin embargo, en un Estado constitucional moderno, el desconocimiento no constituye una defensa leg\u00edtima. La Constituci\u00f3n no concibe un Gobierno pasivo o distante, sino un poder pol\u00edtico activo, vigilante y garante del correcto funcionamiento institucional. Si el Gobierno no conoce lo que ocurre en las instituciones bajo su autoridad, incurre en negligencia grave; si lo conoce y no act\u00faa, incurre en omisi\u00f3n. Ambos comportamientos afectan su legitimidad. La reacci\u00f3n tard\u00eda del Gobierno ante el caso Senasa profundiz\u00f3 la indignaci\u00f3n ciudadana. La activaci\u00f3n de medidas solo despu\u00e9s de que el esc\u00e1ndalo alcanzara gran repercusi\u00f3n p\u00fablica evidencia un enfoque reactivo y no preventivo del control estatal. Ello proyecta la idea de que el inter\u00e9s en salvaguardar el patrimonio p\u00fablico aparece \u00fanicamente cuando el costo pol\u00edtico se vuelve insostenible, y no como resultado de una convicci\u00f3n institucional y \u00e9tica. El Gobierno tiene la obligaci\u00f3n constitucional de fortalecer los controles internos, especialmente en instituciones como Senasa, cuya labor impacta directamente la protecci\u00f3n social y el derecho a la salud de millones de dominicanos. La ausencia de supervisi\u00f3n adecuada no solo facilita la corrupci\u00f3n, sino que produce un da\u00f1o profundo a la credibilidad del Estado, deteriora la moral del funcionariado honesto y alimenta la desconfianza generalizada de la poblaci\u00f3n frente a las instituciones. La responsabilidad pol\u00edtica implica mucho m\u00e1s que sancionar a los autores directos del fraude. Exige reconocer las fallas institucionales, asumir consecuencias y ejecutar reformas estructurales que garanticen que episodios similares no vuelvan a repetirse. Cuando el Gobierno limita su respuesta a la sustituci\u00f3n de funcionarios o a declaraciones defensivas, env\u00eda un mensaje peligroso: que las estructuras estatales pueden fallar sin que exista una verdadera voluntad de transformaci\u00f3n. El caso Senasa revela la urgencia de avanzar hacia un modelo de gobernanza basado en la integridad p\u00fablica. Ello supone profesionalizar la administraci\u00f3n, blindar los sistemas de auditor\u00eda, robustecer los \u00f3rganos de control, establecer protocolos claros de rendici\u00f3n de cuentas y garantizar que las alertas institucionales funcionen con autonom\u00eda frente a presiones pol\u00edticas. Un Gobierno que no controla eficazmente es un Gobierno vulnerable, y un Estado vulnerable se convierte en espacio propicio para la captura por intereses particulares. La ciudadan\u00eda tiene derecho a exigir absoluta transparencia en el manejo de los recursos p\u00fablicos y a demandar que el Gobierno cumpla con su deber constitucional de control. La responsabilidad en la direcci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica es permanente, indelegable y esencial para preservar la legitimidad democr\u00e1tica. El ejercicio del poder no se justifica \u00fanicamente por el origen electoral, sino por la forma en que se administra la cosa p\u00fablica. El caso Senasa debe asumirse como una advertencia hist\u00f3rica. Cuando el Gobierno descuida su deber de control, la corrupci\u00f3n se institucionaliza y los da\u00f1os trascienden lo econ\u00f3mico para afectar la confianza, la cohesi\u00f3n social y la credibilidad del propio Estado. Si la Rep\u00fablica Dominicana aspira a consolidar un verdadero Estado social y democr\u00e1tico de derecho, resulta imprescindible que el Gobierno asuma con firmeza su responsabilidad constitucional y garantice que la administraci\u00f3n p\u00fablica funcione con la transparencia, la probidad y la eficiencia que la Constituci\u00f3n exige.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[52,12],"tags":[],"class_list":["post-141180","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-opinion","category-politic"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=141180"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141180\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":141183,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141180\/revisions\/141183"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=141180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=141180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=141180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}