{"id":144312,"date":"2026-06-01T14:10:29","date_gmt":"2026-06-01T18:10:29","guid":{"rendered":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/?p=144312"},"modified":"2026-06-01T14:10:51","modified_gmt":"2026-06-01T18:10:51","slug":"la-justicia-debe-servir-a-la-verdad-y-no-a-la-politica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/2026\/06\/01\/la-justicia-debe-servir-a-la-verdad-y-no-a-la-politica\/","title":{"rendered":"La Justicia debe servir a la Verdad y no a la Pol\u00edtica"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"286\" height=\"413\" src=\"https:\/\/images.conexiondigital.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/8457809e-dabd-433d-ba55-f83176de03d6.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-144313\" style=\"aspect-ratio:0.6925085130533485;width:840px;height:auto\"><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>El Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana<\/strong> celebra que a los compa\u00f1eros Gonzalo Castillo y Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta se les haya reconocido en sede judicial lo que durante a\u00f1os sostuvo su partido, sus familiares y amplios sectores de la sociedad dominicana: que las acusaciones formuladas en su contra carec\u00edan de fundamento suficiente para justificar su env\u00edo a un juicio de fondo.<\/p>\n\n\n\n<p>Este reconocimiento judicial constituye tambi\u00e9n una reivindicaci\u00f3n moral para quienes durante a\u00f1os fueron sometidos a impedimentos de salida del pa\u00eds bajo alertas migratorias ilegales, prisi\u00f3n preventiva, campa\u00f1as de descr\u00e9dito p\u00fablico, afectaciones econ\u00f3micas, serias afectaciones de salud y un profundo sufrimiento personal y familiar. Ninguna decisi\u00f3n judicial puede devolver completamente el tiempo perdido, el da\u00f1o reputacional sufrido o las consecuencias emocionales que estos procesos produjeron en ellos y en sus seres queridos.<\/p>\n\n\n\n<p>El PLD extiende igualmente esta reflexi\u00f3n a todos los compa\u00f1eros que han sido descargados por los tribunales despu\u00e9s de a\u00f1os de procesos judiciales, medidas restrictivas y exposici\u00f3n p\u00fablica. La justicia no solo debe sancionar cuando corresponde; tambi\u00e9n debe reconocer y proteger los derechos de quienes resultan inocentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de los casos particulares, las recientes decisiones judiciales obligan al pa\u00eds a reflexionar sobre una cuesti\u00f3n de fondo: el riesgo que representa para la democracia la utilizaci\u00f3n pol\u00edtica de los mecanismos de justicia.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando ciudadanos son presentados ante la opini\u00f3n p\u00fablica como culpables antes de que exista una sentencia definitiva; cuando las acusaciones ocupan grandes titulares y extensas ruedas de prensa, pero posteriormente no logran sostenerse plenamente ante los tribunales; cuando la prisi\u00f3n preventiva parece utilizarse m\u00e1s como castigo anticipado que como medida excepcional, resulta leg\u00edtimo que la sociedad se pregunte si se est\u00e1 actuando exclusivamente en defensa de la justicia o si han intervenido motivaciones ajenas a la b\u00fasqueda imparcial de la verdad.<\/p>\n\n\n\n<p>La reciente decisi\u00f3n del Cuarto Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional recuerda una verdad esencial de todo Estado de derecho: una acusaci\u00f3n no equivale a una condena. Corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades sobre la base de pruebas v\u00e1lidas y suficientes. La presunci\u00f3n de inocencia no constituye un privilegio; es una garant\u00eda constitucional que protege a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas pol\u00edticas o de la posici\u00f3n que ocupen en la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>La presunci\u00f3n de inocencia y la tutela judicial efectiva deben prevalecer en todo proceso en una sana administraci\u00f3n de justicia. No ha sido as\u00ed durante a\u00f1os. Basados en ese principio constitucional, reafirmamos la inocencia de los compa\u00f1eros que a\u00fan contin\u00faan en los tribunales.Permanecen enfrentando procesos respecto de los cuales mantenemos serias reservas sobre la solidez jur\u00eddica de las acusaciones y sobre actuaciones que, durante a\u00f1os, han alimentado la percepci\u00f3n de una justicia utilizada con fines pol\u00edticos El mismo inter\u00e9s pol\u00edtico que lleva al Ministerio Publico a presentar apelaciones temerarias contra ciudadanos a los que los tribunales ya declararon sin raz\u00f3n procesal.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo que se ha comenzado a reconocer, con la decisi\u00f3n del Cuarto Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional y en otros procesos, tarde o temprano se reconocer\u00e1 para todos. Lo que ha comenzado a quedar claro es que nunca debi\u00f3 construirse una narrativa de culpabilidad colectiva antes de que hablaran los tribunales. Se presentaron acusaciones como verdades definitivas cuando a\u00fan deb\u00edan ser sometidas al escrutinio judicial. Esa verdad ha comenzado a abrirse paso y nada podr\u00e1 detenerla. Nunca hubo casos. No se trata de culpables o inocentes, se acus\u00f3 a quienes se pod\u00eda instrumentalizar para destruir al PLD. Esa verdad ha comenzado a florecer y nada podr\u00e1 detenerla.<\/p>\n\n\n\n<p>Resulta preocupante la tendencia a convertir investigaciones judiciales en espect\u00e1culos medi\u00e1ticos. La lucha contra la corrupci\u00f3n es una causa leg\u00edtima y necesaria, pero pierde fuerza moral cuando se confunde con campa\u00f1as de condena p\u00fablica. La justicia debe administrarse en los tribunales, mediante el examen objetivo de las pruebas y el respeto irrestricto al debido proceso.<\/p>\n\n\n\n<p>En una democracia madura, tan importante como sancionar a los culpables es proteger a los inocentes. Cuando una persona es sometida durante a\u00f1os al escarnio p\u00fablico y posteriormente los tribunales concluyen que las pruebas no son suficientes para sostener las acusaciones, el da\u00f1o ocasionado a su reputaci\u00f3n, a su familia y a su trayectoria dif\u00edcilmente puede ser reparado.<\/p>\n\n\n\n<p>El Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana considera indispensable abrir una reflexi\u00f3n nacional sobre las garant\u00edas que deben impedir la utilizaci\u00f3n pol\u00edtica de la justicia. Ninguna organizaci\u00f3n pol\u00edtica, ning\u00fan ciudadano y ning\u00fan servidor p\u00fablico deber\u00edan ser objeto de persecuciones prolongadas sustentadas m\u00e1s en intereses coyunturales que en pruebas concluyentes.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de las diferencias partidarias, la sociedad dominicana tiene derecho a conocer toda la verdad sobre estos hechos. Las declaraciones de la embajadora plantean interrogantes que merecen respuestas claras y transparentes por parte de las autoridades competentes. La confianza en las instituciones exige que cualquier actuaci\u00f3n estatal se encuentre sustentada exclusivamente en criterios legales y no en consideraciones de naturaleza pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n<p>La democracia dominicana debe edificarse sobre la fortaleza de sus instituciones y el respeto a las garant\u00edas constitucionales de todos los ciudadanos. Ning\u00fan dominicano debe ser objeto de sanciones, restricciones o medidas que respondan a motivaciones pol\u00edticas disfrazadas de procedimientos administrativos o judiciales.<\/p>\n\n\n\n<p>Por esa raz\u00f3n proponemos que la sociedad dominicana asuma el compromiso de que nunca m\u00e1s:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La justicia sea utilizada como instrumento de competencia pol\u00edtica.<\/li>\n\n\n\n<li>Las conferencias de prensa sustituyan las decisiones de los tribunales.<\/li>\n\n\n\n<li>La filtraci\u00f3n selectiva de expedientes se convierta en un mecanismo de condena anticipada.<\/li>\n\n\n\n<li>La prisi\u00f3n preventiva sea utilizada como castigo antes de una sentencia.<\/li>\n\n\n\n<li>Los procesos judiciales se prolonguen innecesariamente m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites razonables establecidos por la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>Se vulneren la presunci\u00f3n de inocencia, el debido proceso y el derecho a una defensa efectiva.<\/li>\n\n\n\n<li>Se utilicen mecanismos administrativos nacionales o internacionales para afectar derechos, reputaciones o carreras pol\u00edticas al margen de las garant\u00edas del debido proceso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El PLD reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la independencia del Poder Judicial y el combate a la corrupci\u00f3n dentro del marco de la Constituci\u00f3n y las leyes. Precisamente porque creemos en la justicia, rechazamos cualquier intento de instrumentalizarla con fines pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n<p>La Rep\u00fablica Dominicana necesita una justicia independiente, imparcial y respetuosa de las garant\u00edas constitucionales; una justicia capaz de sancionar a los culpables, pero tambi\u00e9n de proteger a los inocentes; una justicia al servicio de la verdad, de la democracia y de todos los dominicanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana celebra que a los compa\u00f1eros Gonzalo Castillo y Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta se les haya reconocido en sede judicial lo que durante a\u00f1os sostuvo su partido, sus familiares y amplios sectores de la sociedad dominicana: que las acusaciones formuladas en su contra carec\u00edan de fundamento suficiente para justificar su env\u00edo a un juicio de fondo. 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Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de los casos particulares, las recientes decisiones judiciales obligan al pa\u00eds a reflexionar sobre una cuesti\u00f3n de fondo: el riesgo que representa para la democracia la utilizaci\u00f3n pol\u00edtica de los mecanismos de justicia. Cuando ciudadanos son presentados ante la opini\u00f3n p\u00fablica como culpables antes de que exista una sentencia definitiva; cuando las acusaciones ocupan grandes titulares y extensas ruedas de prensa, pero posteriormente no logran sostenerse plenamente ante los tribunales; cuando la prisi\u00f3n preventiva parece utilizarse m\u00e1s como castigo anticipado que como medida excepcional, resulta leg\u00edtimo que la sociedad se pregunte si se est\u00e1 actuando exclusivamente en defensa de la justicia o si han intervenido motivaciones ajenas a la b\u00fasqueda imparcial de la verdad. La reciente decisi\u00f3n del Cuarto Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional recuerda una verdad esencial de todo Estado de derecho: una acusaci\u00f3n no equivale a una condena. Corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades sobre la base de pruebas v\u00e1lidas y suficientes. La presunci\u00f3n de inocencia no constituye un privilegio; es una garant\u00eda constitucional que protege a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas pol\u00edticas o de la posici\u00f3n que ocupen en la sociedad. La presunci\u00f3n de inocencia y la tutela judicial efectiva deben prevalecer en todo proceso en una sana administraci\u00f3n de justicia. No ha sido as\u00ed durante a\u00f1os. Basados en ese principio constitucional, reafirmamos la inocencia de los compa\u00f1eros que a\u00fan contin\u00faan en los tribunales.Permanecen enfrentando procesos respecto de los cuales mantenemos serias reservas sobre la solidez jur\u00eddica de las acusaciones y sobre actuaciones que, durante a\u00f1os, han alimentado la percepci\u00f3n de una justicia utilizada con fines pol\u00edticos El mismo inter\u00e9s pol\u00edtico que lleva al Ministerio Publico a presentar apelaciones temerarias contra ciudadanos a los que los tribunales ya declararon sin raz\u00f3n procesal. Lo que se ha comenzado a reconocer, con la decisi\u00f3n del Cuarto Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional y en otros procesos, tarde o temprano se reconocer\u00e1 para todos. Lo que ha comenzado a quedar claro es que nunca debi\u00f3 construirse una narrativa de culpabilidad colectiva antes de que hablaran los tribunales. Se presentaron acusaciones como verdades definitivas cuando a\u00fan deb\u00edan ser sometidas al escrutinio judicial. Esa verdad ha comenzado a abrirse paso y nada podr\u00e1 detenerla. Nunca hubo casos. No se trata de culpables o inocentes, se acus\u00f3 a quienes se pod\u00eda instrumentalizar para destruir al PLD. Esa verdad ha comenzado a florecer y nada podr\u00e1 detenerla. Resulta preocupante la tendencia a convertir investigaciones judiciales en espect\u00e1culos medi\u00e1ticos. La lucha contra la corrupci\u00f3n es una causa leg\u00edtima y necesaria, pero pierde fuerza moral cuando se confunde con campa\u00f1as de condena p\u00fablica. La justicia debe administrarse en los tribunales, mediante el examen objetivo de las pruebas y el respeto irrestricto al debido proceso. En una democracia madura, tan importante como sancionar a los culpables es proteger a los inocentes. Cuando una persona es sometida durante a\u00f1os al escarnio p\u00fablico y posteriormente los tribunales concluyen que las pruebas no son suficientes para sostener las acusaciones, el da\u00f1o ocasionado a su reputaci\u00f3n, a su familia y a su trayectoria dif\u00edcilmente puede ser reparado. El Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana considera indispensable abrir una reflexi\u00f3n nacional sobre las garant\u00edas que deben impedir la utilizaci\u00f3n pol\u00edtica de la justicia. Ninguna organizaci\u00f3n pol\u00edtica, ning\u00fan ciudadano y ning\u00fan servidor p\u00fablico deber\u00edan ser objeto de persecuciones prolongadas sustentadas m\u00e1s en intereses coyunturales que en pruebas concluyentes. M\u00e1s all\u00e1 de las diferencias partidarias, la sociedad dominicana tiene derecho a conocer toda la verdad sobre estos hechos. Las declaraciones de la embajadora plantean interrogantes que merecen respuestas claras y transparentes por parte de las autoridades competentes. La confianza en las instituciones exige que cualquier actuaci\u00f3n estatal se encuentre sustentada exclusivamente en criterios legales y no en consideraciones de naturaleza pol\u00edtica. La democracia dominicana debe edificarse sobre la fortaleza de sus instituciones y el respeto a las garant\u00edas constitucionales de todos los ciudadanos. Ning\u00fan dominicano debe ser objeto de sanciones, restricciones o medidas que respondan a motivaciones pol\u00edticas disfrazadas de procedimientos administrativos o judiciales. Por esa raz\u00f3n proponemos que la sociedad dominicana asuma el compromiso de que nunca m\u00e1s: El PLD reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la independencia del Poder Judicial y el combate a la corrupci\u00f3n dentro del marco de la Constituci\u00f3n y las leyes. 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