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directa de inconstitucionalidad, durante la audiencia p\u00fablica que se llev\u00f3 a cabo en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).<\/p>\nSANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) dej\u00f3 este lunes en estado de fallo diez expedientes de acci\u00f3n directa de inconstitucionalidad, durante la audiencia p\u00fablica que se llev\u00f3 a cabo en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).<\/p>\n
El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, encabez\u00f3 las deliberaciones junto a los jueces de esta alta corte, Leyda Margarita Pi\u00f1a Medrano y Lino V\u00e1squez S\u00e1muel, primera y segundo sustituto del presidente, respectivamente; los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, Wilson G\u00f3mez Ram\u00edrez, Idelfonso Reyes, V\u00edctor Joaqu\u00edn Castellanos Pizano, Herm\u00f3genes Acosta de los Santos y Jottin Cury hijo.<\/p>\n
La audiencia p\u00fablica inici\u00f3 con el expediente TC-01-2018-0017 en el que sus accionantes, Manuel de Jes\u00fas Mu\u00f1oz Hern\u00e1ndez, Gilberto Aquino Elsevif y Benny Peets, atacaron el art\u00edculo 2, numerales 1 y 4, del Reglamento Interno Estatutario del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).<\/p>\n
La alta corte conoci\u00f3 el expediente TC-01-2018-0023 en el que la accionante, Juana Idelsa Mateo Bodre atac\u00f3 el art\u00edculo 44 de la Ley n\u00famero 176-07 del Distrito Nacional y sus Municipios de 2007. As\u00ed mismo, ventil\u00f3 el expediente TC-01-2018-0024, que tuvo como accionante a Carlos Julio Cuesta Feliz, contra la Resoluci\u00f3n n\u00famero 472-2018 de 2018, emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).<\/p>\n
El TC conoci\u00f3 el expediente TC-01-2018-0025 en el que varias empresas e industrias atacaron el p\u00e1rrafo II del art\u00edculo 15, de la Ley n\u00famero 243-17, que aprueba el Presupuesto General del Estado Dominicano para el a\u00f1o 2018 y su adenda del 2017.<\/p>\n
Los jueces continuaron la sesi\u00f3n conociendo el expediente TC-01-2018-0026, cuyo accionante, M\u00e1ximo Antonio Reyes V\u00e1squez, atac\u00f3 el Decreto n\u00famero 411-97 de 1997, emitido por el Poder Ejecutivo, que autoriza la entrega en extradici\u00f3n. A solicitud de la parte accionante, el TC otorg\u00f3 un plazo de 5 d\u00edas calendario a los fines de que puede concluir las diligencias procesales para completar la acci\u00f3n de inconstitucionalidad.<\/p>\n
Del mismo modo, el tribunal al conocer el expediente TC-01-2018-0030, en el que se ataca el art\u00edculo n\u00famero 5 de la Norma General n\u00famero 08-18, emitida por la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) en el 2018, concedi\u00f3 un plazo de dos d\u00edas calendario a los accionantes Manuel Ar\u00edstides Feliz Espinoza y Germ\u00e1n A. Ram\u00edrez y a la DGII para completar el expediente.<\/p>\n
Tambi\u00e9n qued\u00f3 en estado de fallo el expediente TC-01-2018-0027, que ataca el art\u00edculo 1, literal b, del acuerdo entre el Ministerio de Educaci\u00f3n (MINERD) y la Asociaci\u00f3n Dominicana de Profesores (ADP), del 2017.<\/p>\n
Asimismo, conocieron el expediente TC-01-2018-0028, que tuvo como accionante a Andr\u00e9s Antonio Madera Pimentel, quien atac\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00famero 003\/2017, emitida por el Consejo Nacional de la Defensa P\u00fablica en el 2017, que aprueba el reglamento sobre la evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o del personal de la Oficina Nacional de la Defensa P\u00fablica (ONDP).<\/p>\n
Adem\u00e1s, se conoci\u00f3 el expediente TC-01-2018-0031, que con el accionante Alfredo Ram\u00edrez Peguero atac\u00f3 el Acta n\u00famero 12-2018, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) de 2018 y, por \u00faltimo, el TC-01-2018-0032, con el Colegio Dominicano de Notarios como accionante, contra la Resoluci\u00f3n n\u00famero 21\/2018, 2018, dictada por el Consejo del Poder Judicial, que aprueba el Reglamento sobre Registro de Actos Notariales y Equivalentes.<\/p>\n
Las autoridades de las cuales emanaron las normas y actos atacados son: el CODIA, el Senado y la C\u00e1mara de Diputados de la Rep\u00fablica, la SCJ, el Poder Ejecutivo, el Minerd, el Consejo de la ONDP, la DGII, la JCE y el Consejo del Poder Judicial.<\/p>\n
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SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) dej\u00f3 este lunes en estado de fallo diez expedientes de acci\u00f3n directa de inconstitucionalidad, durante la audiencia p\u00fablica que se llev\u00f3 a cabo en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, encabez\u00f3 las deliberaciones junto a los jueces de esta alta corte, Leyda Margarita Pi\u00f1a Medrano y Lino V\u00e1squez S\u00e1muel, primera y segundo sustituto del presidente, respectivamente; los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, Wilson G\u00f3mez Ram\u00edrez, Idelfonso Reyes, V\u00edctor Joaqu\u00edn Castellanos Pizano, Herm\u00f3genes Acosta de los Santos y Jottin Cury hijo. La audiencia p\u00fablica inici\u00f3 con el expediente TC-01-2018-0017 en el que sus accionantes, Manuel de Jes\u00fas Mu\u00f1oz Hern\u00e1ndez, Gilberto Aquino Elsevif y Benny Peets, atacaron el art\u00edculo 2, numerales 1 y 4, del Reglamento Interno Estatutario del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). La alta corte conoci\u00f3 el expediente TC-01-2018-0023 en el que la accionante, Juana Idelsa Mateo Bodre atac\u00f3 el art\u00edculo 44 de la Ley n\u00famero 176-07 del Distrito Nacional y sus Municipios de 2007. As\u00ed mismo, ventil\u00f3 el expediente TC-01-2018-0024, que tuvo como accionante a Carlos Julio Cuesta Feliz, contra la Resoluci\u00f3n n\u00famero 472-2018 de 2018, emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El TC conoci\u00f3 el expediente TC-01-2018-0025 en el que varias empresas e industrias atacaron el p\u00e1rrafo II del art\u00edculo 15, de la Ley n\u00famero 243-17, que aprueba el Presupuesto General del Estado Dominicano para el a\u00f1o 2018 y su adenda del 2017. Los jueces continuaron la sesi\u00f3n conociendo el expediente TC-01-2018-0026, cuyo accionante, M\u00e1ximo Antonio Reyes V\u00e1squez, atac\u00f3 el Decreto n\u00famero 411-97 de 1997, emitido por el Poder Ejecutivo, que autoriza la entrega en extradici\u00f3n. A solicitud de la parte accionante, el TC otorg\u00f3 un plazo de 5 d\u00edas calendario a los fines de que puede concluir las diligencias procesales para completar la acci\u00f3n de inconstitucionalidad. Del mismo modo, el tribunal al conocer el expediente TC-01-2018-0030, en el que se ataca el art\u00edculo n\u00famero 5 de la Norma General n\u00famero 08-18, emitida por la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) en el 2018, concedi\u00f3 un plazo de dos d\u00edas calendario a los accionantes Manuel Ar\u00edstides Feliz Espinoza y Germ\u00e1n A. Ram\u00edrez y a la DGII para completar el expediente. Tambi\u00e9n qued\u00f3 en estado de fallo el expediente TC-01-2018-0027, que ataca el art\u00edculo 1, literal b, del acuerdo entre el Ministerio de Educaci\u00f3n (MINERD) y la Asociaci\u00f3n Dominicana de Profesores (ADP), del 2017. Asimismo, conocieron el expediente TC-01-2018-0028, que tuvo como accionante a Andr\u00e9s Antonio Madera Pimentel, quien atac\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00famero 003\/2017, emitida por el Consejo Nacional de la Defensa P\u00fablica en el 2017, que aprueba el reglamento sobre la evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o del personal de la Oficina Nacional de la Defensa P\u00fablica (ONDP). Adem\u00e1s, se conoci\u00f3 el expediente TC-01-2018-0031, que con el accionante Alfredo Ram\u00edrez Peguero atac\u00f3 el Acta n\u00famero 12-2018, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) de 2018 y, por \u00faltimo, el TC-01-2018-0032, con el Colegio Dominicano de Notarios como accionante, contra la Resoluci\u00f3n n\u00famero 21\/2018, 2018, dictada por el Consejo del Poder Judicial, que aprueba el Reglamento sobre Registro de Actos Notariales y Equivalentes. Las autoridades de las cuales emanaron las normas y actos atacados son: el CODIA, el Senado y la C\u00e1mara de Diputados de la Rep\u00fablica, la SCJ, el Poder Ejecutivo, el Minerd, el Consejo de la ONDP, la DGII, la JCE y el Consejo del Poder Judicial. <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":79110,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-79109","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-football"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=79109"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79109\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":79111,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79109\/revisions\/79111"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/79110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=79109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=79109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=79109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}