MANILA.- Personas confinadas en jaulas de perros o castigadas a permanecer a pleno sol durante horas son algunos de los castigos que las autoridades de Filipinas han impuesto a los que violan la cuarentena durante la pandemia de COVID-19, denunció este jueves Human Rights Watch (HRW).
“La policía y los funcionarios locales deben respetar los derechos de las personas arrestadas por violar el toque de queda y otras regulaciones de salud pública”, advirtió en un comunicado el subdirector de HRW para Asia, Phil Robertson.
Robertson señaló que cualquier tipo de maltrato debe investigarse de inmediato y que las autoridades responsables deben rendir cuentas y ser sancionadas o procesadas.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, impuso el cierre y cuarentena estricta en la isla de Luzón -la mayor del país donde se encuentra Manila- el pasado 16 de marzo y desde entonces la policía ha arrestado a cientos de personas.
Las autoridades locales de la ciudad de Santa Cruz, provincia de Laguna, al sur de Manila, admitieron haber encerrado toda una noche a cinco jóvenes en una jaula el 20 de marzo, acorralados por perros callejeros, por “haber violado el toque de queda y agredirles verbalmente”.
En Parañaque, dentro del área metropolitana de Manila, las autoridades obligaron a los infractores del toque de queda a sentarse bajo el intenso sol del mediodía después de su arresto, aunque luego justificaron que no tenían otro lugar donde retenerlos.
En la provincia de Bulacan, al norte de Manila, un agente mató a un hombre que supuestamente se saltó un puesto de control, aunque la policía esgrime que el hombre disparó primero al escapar.
HRW también advirtió de que la detención indiscriminada durante la cuarentena abarrotará aún más los centros de detención del país -los más densamente poblados del mundo- propiciando la rápida expansión del coronavirus.
Filipinas se encuentra desde ayer en estado de emergencia, lo que implica que las personas que violen la cuarentena y el confinamiento pueden ser detenidas “incluso si no resisten la acción policial”, lo que puede llevar a abusos de derechos humanos, según han alertado varias organizaciones.
Duterte obtuvo del Congreso esta semana “poderes especiales” por tres meses para lidiar con la pandemia y anunció un plan de acción nacional dirigido por el Ejército y la Policía, un viraje represor según algunos críticos que apuntan a que debe ser el Departamento de Salud quien siga al frente de la respuesta a la epidemia.
Filipinas ha confirmado 636 casos positivos y 38 muertes por COVID-19, aunque solo el 0’0018 % de la población ha sido sometida a la prueba de diagnóstico, por lo que se sospecha que haya muchos más casos sin detectar.
