SANTO DOMINGO.- Los colectivos y medios digitales que se manifestaron en la Plaza de la Bandera reaccionaron hoy mediante un comunicado al l informe de los peritos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que auditaron el sistema de voto automatizado de la Junta Central Electoral (JCE), en el que determinaron los problemas que provocaron la suspensión de las elecciones se debieron al mal diseño del software y a la mala gestión del área informática del organismo electoral, y no a ataques externos, sabotaje o intento de fraude.
A continuación compartimos de manera íntegra la posición de los colectivos y medios digitales manifestantes ante la exculpación de la JCE por el informe de la OEA.
Comunicado en torno a los informes de la OEA y UNIORE
Creo En Ti RD, Revoltiao, Santiago Protesta, Somos Pueblo, Gente Unida RD y SFM Protesta, conformados bajo un bloque cívico, recibimos con preocupación los informes sobre las demandas hechas por la ciudadanía fruto del fiasco electoral del domingo 16 de febrero. Al mismo tiempo, desaprobamos la exculpación que hace la Junta Central Electoral (JCE) sobre las pruebas de fallos técnicos, procedimentales y logísticos que presentó la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) sobre las elecciones suspendidas, por consistir en un acto meramente simbólico que les permita hacer borrón y cuenta nueva.
La respuesta de la JCE, de reestructurar su Dirección de Informática, no está a la altura de la gravedad de la situación planteada en los informes ni tampoco de las demandas de los miles de ciudadanos en el país y comunidades de dominicanos en el exterior que se manifestaron para conseguir respuestas contundentes, serias y, sobretodo, creíbles.
El nivel de negligencia que describen la OEA y la UNIORE en sus informes es de tal magnitud que resulta poco creíble que ningún miembro de la Dirección de Informática se percatara y alertara sobre la necesidad de asegurar el correcto accionar del software, establecer un procedimiento para verificar fallas y planificar una mesa de ayuda y soporte. Esta falta de control se suma al despilfarro de más de mil millones de pesos del erario público en la adquisición de equipos de voto automatizado, por el cual el organismo rector de las elecciones no ha dado respuesta.
Las recomendaciones que la OEA coloca en su informe, van dirigidas a la mejoría del voto automatizado, por lo cual no aplican a la situación actual de República Dominicana. En virtud de esto, consideramos que es un chiste de mal gusto que la JCE diga que “tomarán en cuenta las recomendaciones de la OEA”, cuando esto los libera de asumir cualquier responsabilidad.
Desaprobamos, de igual manera, la pérdida de la cadena de custodia de los equipos reportados tanto por la OEA y la UNIORE, y exigimos enérgicamente investigación de los responsables de la omisión de dicha actuación fundamental para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en febrero.
Exigimos también una investigación independiente respecto a las actuaciones del Ministerio Público, posteriores a los acontecimientos de las elecciones pasadas en los que investigaban a los señores Miguel Antonio Regalado y Ramón Guzmán Peralta, así como un esclarecimiento de las líneas de investigación que llevaron al Ministerio Público a iniciar procesos contra estos ciudadanos.
Pero, lo que es más importante es nuestra demanda de aplicación de los regímenes de consecuencias de sanciones administrativas y constitucionales a todos los responsables. Como bien detalla la UNIORE al final de su informe: “sería incorrecto depositar en el personal técnico de forma exclusiva esa responsabilidad. Esta Misión ha podido evidenciar la ausencia de puntos de control y mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias de la JCE responsables del proceso electoral”.
Las respuestas dadas por los informes de la OEA y la UNIORE, no eran las únicas que exigimos en la Plaza de la Bandera. Exigimos una respuesta del Estado de Derecho, llamado no solo a organizar, si no a sancionar a aquellos que por dolo, incompetencia o incapacidad laceran derechos de los dominicanos.
