Los empleados de las instituciones del Estado que entrarán en un proceso de disolución se mantendrán en sus puestos hasta que concluya el proceso de liquidación de las entidades.
Así lo establece el Decreto 422-20, emitido ayer por el Poder Ejecutivo, que crea la comisión de liquidación de órganos del Estado y los procedimientos que esta debe seguir.
La comisión debe constituirse en un plazo de 60 días, de acuerdo a la disposición.
En el decreto se indica que el Ministerio de Administración Pública (MAP), la Dirección General de Presupuesto (Digepres) y la Contraloría General de la República (CGR) “adoptarán las medidas que correspondan luego de la revisión de cada caso del personal de los organismos objeto de reestructuración o supresión” y deberán tomar en cuenta la regularidad de la designación de los empleados por la autoridad competente y su desempeño comprobado.
Asimismo, señala que “el personal de las instituciones en proceso de disolución o reestructuración, designados por la autoridad competente, que se encuentren desempeñando cargos y funciones oficiales de las estructuras orgánicas de las instituciones y que dichas posiciones se encuentren debidamente presupuestadas, se mantendrá en nómina hasta tanto concluya la aplicación del procedimiento indicado” en el párrafo anterior.
El artículo 1 del decreto indica que el Ministerio de la Presidencia presidirá la dirección y coordinación de la disolución y liquidación de los órganos del Estado, y se conformarán una o varias comisiones, según convenga a la administración.
Las comisiones estarán facultadas para crear tantos equipos técnicos de apoyo como sean necesarios, con personal calificado, técnico y administrativo de las instituciones que dirigen y de las propias instituciones involucradas.
Una vez conformadas las comisiones se les delegará poder para designar un director ejecutivo, un coordinador legal, un coordinador económico y un coordinador financiero, quienes desempeñarán las funciones operativas que les sean asignadas.
Entre las instituciones que el Gobierno anunció que eliminará se incluyen el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), cuyas funciones pasarán a ser ejercida por el Ministerio de Energía y Minas; el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que será fusionado con la Dirección General de Bienes Nacionales; el Despacho de la Primera Dama y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
