Marco de Referencia
En teoría, las Alianzas Público-Privadas (APP) constituyen una herramienta para crear sinergia entre el sector privado empresarial, la sociedad civil, la academia y el sector público, para impulsar el desarrollo sostenible de un país.
Las APP potencialmente pueden ayudar a superar algunas de las limitaciones financieras del sector público, pero también generan inquietud. Los proyectos a gran escala plantean muchos riesgos técnicos, financieros, ambientales y sociales.
En 2018, en el marco de la Reunión Anual del Banco Mundial, en Bali, Indonesia, se presentó un estudio de caso de diez países desarrollados y en vías de desarrollo, y se concluyó que las Alianzas Público-Privadas (APP) resultaron excesivamente costosas para el presupuesto público y fallaron en producir resultados para el bien público.
En el caso de la República Dominicana la experiencia ha sido decepcionante, la concesión de la carretera de Samaná, el contrato de la Barrick Gold, Hospital Metropolitano de Santiago HOMS y la Plaza de la Salud, por poner algunos ejemplos, son acuerdos APP que han perjudicado al país.
La Alianza Publico Privada es una iniciativa neoliberal que ha dado malos resultados en proyectos de infraestructura económica, tales como aeropuertos, carreteras, puertos y ferrocarriles, pero también de servicios clave, como la salud, la educación, el agua y la electricidad.
Es por esa razón que causó tanta preocupación entre políticos y hacedores de opinión, así como el rechazo unísono de la población, el rumor que proliferó en los medios de comunicación, de que el gobierno tenía la intención de privatizar la ONSA, el Metro, el Teleférico, Punta Catalina y otros servicios, a través de la modalidad APP.
Por tanto, tranquilizó a la ciudadanía el desmentido que hizo el presidente Luis Abinader de que había intensiones de privatizar el Incart, el Metro y el Teleférico.
Sin embargo, también hay experiencias positivas del uso de las APP como es el caso de los fideicomisos. Un vehículo financiero que ha sido apropiado por ser un actor neutro que protege no sólo los intereses del Estado, sino también los del inversionista privado.
En consecuencia, no hay porque satanizar ni marginar de plano este instrumento económico, sino aprovechar las experiencias positivas y descartar las negativas.
Existe una inmensidad de proyectos de infraestructura que se pueden desarrollar de manera exitosa a través de las APP.
Verbigracias, las líneas del metro que faltan, teleféricos, autopista Santiago-Puerto Plata, el Ferrocarril Santo Domingo-Santiago, entre otras.
Pero jamás se puede pensar en darle la administración de obras construidas por recursos del Estado dominicano, puesto que esta acción se constituiría en un abominable regalo del patrimonio nacional al sector empresarial, cuyas secuelas serian el aumento del precio los servicios que recibe el ciudadano y el incremento oneroso del subsidio que da el gobierno a esas entidades.
Despejadas las dudas, como hizo el presidente Abinader, las APP deberían ser un instrumento financiero a utilizar por el gobierno para impulsar proyectos de desarrollo sostenible y más si tomamos en consideración las precariedades financieras que tiene el estado dominicano debido a la crisis económica mundial provocada por el Covi-19.
