SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional clausuró el “Seminario sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público”, que reunió de manera virtual a expertos en la materia de República Dominicana y España, quienes analizaron y compararon las técnicas de derecho administrativo y penal para la protección ambiental contenidas en las legislaciones de ambos países.
El webinario internacional, organizado por el TC en coordinación con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) de España y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), concluyó con las palabras del doctor Emilio Pajares, subdirector del CEPC, quien resaltó el alto nivel de este evento formativo.
“Este seminario ha sido de gran interés y las exposiciones han estado todas a un nivel muy alto. En el TCRD, en la UASD y el CEPC deberíamos planteamos muy seriamente consolidar iniciativas de este tipo y que hubiera posibilidad de volver a tener intercambios tan interesantes”, expresó Pajares, quien propuso que estas ponencias sean recogidas en una monografía.
El magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto de presidente del TC, y quien fungió como moderador de esta segunda y última jornada, felicitó a los expositores por sus importantes intervenciones y consideró este evento como un ejercicio interesante y necesario en una materia que tiene muchos desafíos.
En la jornada de este último día se abordaron los ejes temáticos IV, V, VI y VII del programa, relativos a: “Responsabilidad penal por la comisión de daños al medio ambiente”; “Alcance de la revisión jurisdiccional de las resoluciones dictadas por la Administración Pública en materia de medio ambiente y la efectividad de la acción de amparo para la protección del medio ambiente”; “Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por daños al medio ambiente en España y en la República Dominicana” y “Mecanismos de participación pública para la efectividad de la protección del medio ambiente y la democracia ambiental”.
Para el desarrollo de estos contenidos se contó con la participación de Rosario de Vicente Martínez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, la magistrada Wendy Martínez, presidenta de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial del Distrito Nacional; Eloísa Carbonell, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y Rafael Vásquez Goico, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo.
También presentaron ponencias en los temas mencionados Marcos Massó Garrote, catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha y director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional dominicano; Zulima Sánchez, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca; y Rosalía Sosa, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.
Entre las conclusiones que salieron a relucir en el seminario se encuentra la necesidad de modificar la Ley 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 18 de agosto de 2000, la cual tendría que fortalecer, entre otros, su régimen sancionatorio a la luz de las exigencias que contiene el principio de legalidad sancionadora, conforme ha precisado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
