El XVIII Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica fue organizado por el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, la Corte Suprema de Justicia de Honduras y la Fundación Justicia y Género.
La Jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Vanessa Acosta Peralta, afirmó que una de las medidas que tomó el Poder Judicial dominicano para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia fue la puesta en marcha de herramientas tecnológicas para mantener los servicios de atención permanente con accesibilidad de las partes de manera remota.
Durante su intervención en el XVIII Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, la magistrada Acosta Peralta sostuvo que esta institución cuenta con la Guía de buenas prácticas para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales, que obliga a redefinir el enfoque de esa problemática para hacer efectiva la respuesta de los entes estatales que intervienen en el proceso.
En su disertación titulada: “Las tecnologías y el acceso de las mujeres a la justicia”, dijo que el Poder Judicial tiene el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condición de Vulnerabilidad, el cual ha sido elaborado para facilitar el marco operacional para la obtención de las declaraciones de personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de un proceso judicial.
Esta práctica se realiza a través de una entrevista única que se convierte en elemento probatorio, levantada bajo el marco del respeto de los derechos humanos de cada interviniente.
Estas entrevistas se hacen mediante cámara de Gesell, circuito cerrado de televisión u otro medio tecnológico, tanto de forma virtual como presencial.
“El compromiso del Poder Judicial de República Dominicana de garantizar la tutela judicial efectiva y potenciar el acceso a la justicia, es el eslabón principal de nuestra labor, estando en el compromiso ciento por ciento de hacer la justicia accesible a todos y todas.” expresó la magistrada Acosta.
Además, aseguró que el objetivo del Poder Judicial es garantizar la protección de los derechos fundamentales y minimizar los riesgos de expansión del Covid-19 en el país, planteando el proceso en 3 fases: inicial, intermedia y avanzada.
La magistrada explicó que la fase inicial del Plan de Continuidad de Labores que se desarrolló a partir de junio permitió la celebración de audiencias donde cada parte se conectó a conferencias mediante un dispositivo electrónico, fijo o móvil, de forma remota.
Para el caso de las personas detenidas, la magistrada Acosta Peralta detalló que se han utilizado dispositivos en los destacamentos policiales y centros de reclusión, contando con el apoyo del Ministerio Público y de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
Además, expuso que se aprobó la implementación de la guía práctica para el conocimiento virtual de las solicitudes interpuestas ante las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente.
“Todos los jueces y juezas que laboran en oficinas de atención permanente recibieron capacitaciones sobre los procedimientos técnicos para las audiencias en remoto”, dijo la magistrada Acosta Peralta.
También sostuvo que la fase intermedia del Plan de Continuidad de Labores se inició a principios del mes de julio, habilitando los procesos judiciales en todo el país mediante el uso de herramientas tecnológicas.
Finalmente, también explicó sobre la fase avanzada, iniciada el 29 de julio, donde se dispuso de la apertura de todos los servicios de manera presencial y virtual, incluyendo todos los Juzgados de Paz del país.
La magistrada Vanessa afirmó además en dicho encuentro que, para el diseño del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, Justicia 20/24, se involucró a toda la comunidad jurídica, instituciones y autoridades vinculados a los temas de justicia.
