Balbueno Medina
En hartazgo que mantienen desde el pasado gobierno y el desinterés de colaborar con la nueva administración en la solución de los múltiples problemas que confronta el Sistema de Seguridad Social en el país, ha permitido que los Superintendentes de Pensiones y de Salud, se hayan convertido en una retranca para el avance del mismo en la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader.
Tanto la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), como la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), constituyen parte fundamentales de la plataforma del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), si tomamos en cuenta que administran los dos regímenes principales sobre los cuales se sustenta dicho sistema.
El gran capital de quienes aportamos a la Seguridad Social en la República Dominicana se encuentra en manos de las AFP y de las ARS, y por tanto las más socorridas quejas y denuncias de los afiliados al sistema van dirigidas a la mejoría de los servicios que ofrecen estas instituciones a la población dominicana.
Los funcionarios que ocupan las posiciones ejecutivas en la SIPEN y la SISALRIL, en el largo tiempo que llevan al frente de esas instituciones no han dado muestras de mejorar o cambiar la percepción que tiene la población dominicana respecto a los servicios que ofrecen las AFP ni las ARS, por lo que su alto nivel de indiferencias los convierte en cómplices del abandono y la desprotección que sienten los afiliados a la Seguridad Social, en sus reclamos de mejores servicios.
La situación de impotencia que se siente frente a la actitud de estos funcionarios es tan desbordante que hasta se ha percibido a lo interno del gobierno cuando funcionarios de primera línea han manifestado públicamente el deseo de que renuncien a sus posiciones, porque no se sienten a gusto con sus comportamientos y sus visiones respectos a los cambios que exige hoy día la sociedad dominicana.
Ramón Emilio Contreras, pieza clave del peledeismo en Monte Plata, y Pedro Luis Castellanos, hombre de confianza del entorno del expresidente Danilo Medina, debieron ahorrarle tiempo y desaciertos al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, presentando renuncia a sus puestos como Superintendentes de Pensiones y de Salud y Riesgos Laborales y no obligarle a tomar decisiones que ameriten recordar acontecimientos del pasado.
Ambos incumbentes, saben que la constitución de la República se encuentra por encima de cualquier legislación que establezca plazos o privilegios para funcionarios de primera línea en el Estado dominicano, por cuanto le confiere al Poder Ejecutivo de designar libremente a los funcionarios de la Administración Pública, sin embargo ellos se han querido quedar en sus puestos para hacerle la vida imposible al gobierno ,y si en caso este toma una decisión respecto a sus funciones, armarle un escándalo público pretendiendo acusarlo de desacato a las leyes que se aprueban contrario a la carta magna.
Contreras y castellano, deben recordar el impasse que se produjo en el año 2000, cuando por disposición de una decisión de la Suprema Corte de Justicia, el entonces presidente Hipólito Mejía, destituyó al doctor Mariano German Mejía, quien ostentando la presidencia del INDOTEL, elegidamente protegido por la Ley 153-98, de ese organismo, pretendió quedarse en el puesto por un periodo de cuatro años, porque la misma contrariaba el espíritu de nuestra carta sustantiva.
De manera, que lo más aconsejable seria que tanto el Superintendente de SIPEN, como el Superintendente de la SISALRIL, presenten renuncia lo antes posible a sus cargos para evitar que el presidente Luis Abinader, se vea obligado a hacer uso de los poderes que le confiere la constitución de la República y proceda en cuanto le sea posible a reemplazarlos de sus puestos.
Lo mismo deberían de hacer el Superintendente de Valores Gabriel Castro y la Directora Ejecutiva de Pro-Competencia, Yolanda Martínez, para evitar resabios que pudieran enemistarlos con el presidente de la República, el cual no quiere tomar una decisión de fuerza por respeto a cada uno de ellos y a la preservación de la paz y la decencia manifiesta en su gestión de gobierno.
