Osvaldo Lagares, Ph.D. Consultor Económico, Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera
El recién finalizado año 2020 ha pasado a la historia como uno de los más desafiantes en décadas, respecto a las políticas económicas que se han requerido para preservar la estabilidad financiera de las economías durante la pandemia del coronavirus. En ese sentido, a los fines de contribuir a un mejor entendimiento de las políticas monetarias y financieras con orientación macroprudencial que para tales fines ha implementado la Junta Monetaria y el Banco Central, este artículo examina brevemente cuáles han sido estas políticas, sus principales objetivos y resultados obtenidos, así como las perspectivas hacia el futuro para promover la estabilidad financiera de la economía dominicana.
Desde la crisis financiera global 2008-2009, los organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Consejo de Estabilidad Financiera de las principales economías del G-20, han resaltado la importancia de desarrollar programas de políticas macroprudenciales; definiéndose estas como aquellas destinadas a limitar los riesgos que puedan afectar el sistema financiero en su conjunto, a fin de evitar la interrupción generalizada de la prestación de servicios financieros, lo cual puede tener graves consecuencias para la economía real.
Para contrarrestar los efectos económicos adversos de la pandemia, la Junta Monetaria y el Banco Central, de acuerdo a las atribuciones que les confiere la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, han adoptado una serie de medidas, entre estas la reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 150 puntos básicos, pasando de 4.5% a 3.0% anual. En ese orden, como consecuencia de esta medida, se disminuyó la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión de liquidez (repos a un día) de 6.00% a 3.50% y se redujo la tasa de interés de los depósitos remunerados a corto plazo (overnight) de 3.00% a 2.50% anual. De igual manera, se ha puesto a disposición del sistema financiero nacional más de RD$190,000 millones (4.0% del PIB). Estas medidas de política han tenido como propósito reducir el riesgo sistémico, mantener la liquidez del sistema financiero y promover el flujo de crédito hacia la economía real, a fin de amortiguar la contracción de las actividades productivas y crear las bases para una recuperación económica sostenible. Entre estas políticas se han destacado las siguientes:
A partir del 17 de marzo de 2020, la Junta Monetaria autorizó la liberalización de recursos del encaje legal en moneda nacional por un monto de RD$30,133.4 millones, a plazos de hasta 4 años y tasa de interés de hasta 8.0% anual, para ser destinados como financiamiento para todos los sectores productivos y los hogares.
Se liberaron además unos RD$5,681.0 millones para financiar a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), a plazos de hasta 4 años y tasa de interés de hasta un 8% anual.
Igualmente, se dispuso una reducción de 0.5% en el coeficiente de encaje legal de los bancos de ahorro y crédito y de las corporaciones de crédito, pasando el requerimiento de encaje legal de 6.9% a 6.4%, para igualarlo al establecido a las asociaciones de ahorros y préstamos.
Se habilitó una ventanilla de operaciones de reporto por un monto de hasta RD$20,000.0 millones, con garantía de valores emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, para que las entidades de intermediación financiera canalizaran nuevos préstamos y refinanciamientos a los sectores productivos, especialmente al sector construcción, manufactura, agropecuario, turismo y exportación, a plazos de hasta 3 años y tasas de interés no superiores al 8% anual.
De igual manera, se creó una ventanilla adicional para operaciones de reporto, por un monto de hasta RD$15,000.0 millones, con garantía de valores emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, para que las entidades de intermediación financiera canalizaran nuevos préstamos y refinanciamientos a las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y personales de hasta 50 salarios mínimos, a plazos de hasta 3 años y tasas de interés de hasta un 8% anual.
A partir del mes de julio de 2020, la Junta Monetaria autorizó la creación de una Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) por un monto ascendente hasta RD$100,000 millones, a plazos de hasta 3 años y tasa de interés de un 3% anual, con garantía de valores emitidos por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y otros activos de alta calidad, para que las entidades de intermediación financiera canalicen financiamientos a los sectores productivos a tasas de interés no superiores al 8% anual, y a los hogares y MIPYMES a tasas de interés competitivas de acuerdo con los costos inherentes a estos segmentos del mercado.
En adición, se encuentra habilitada una ventanilla de operaciones de reporto con las entidades de intermediación financiera, por un monto de hasta RD$20,000 millones, a plazos de hasta 1 año y tasas de interés entre 4.5% y 5.5% anual, con el objetivo de inyectar liquidez a dichas entidades para mantener la provisión adecuada de servicios financieros. En un principio, esta ventanilla alcanzó un monto autorizado de hasta RD$60,000 millones, el cual se redujo en la medida en que las entidades pagaron a vencimiento estos recursos, los cuales fueron redirigidos a financiamiento a través de la Facilidad de Liquidez Rápida (FLR).
Respecto a la provisión de liquidez en moneda extranjera para atender la demanda de divisas en la economía y promover la estabilidad cambiaria, se han puesto a disposición de las entidades US$222 millones a través de liberaciones de recursos de encaje legal y US$400 millones a través de las operaciones de reporto, para un total agregado de US$622 millones.
A los fines de agilizar el uso de la liquidez ofrecida por el Banco Central, a través de las diferentes ventanillas, se dispuso un tratamiento regulatorio especial, durante 1 año, consistente en que los préstamos colocados por las entidades de intermediación financiera sean clasificados en categoría de riesgo “A”, con un 0% de requerimiento de provisiones y ponderados con 0% para fines del cálculo del índice de solvencia.
Por otro lado, la Junta Monetaria autorizó un tratamiento regulatorio especial hasta el 31 de marzo de 2021, consistente en lo siguiente:
Congelamiento de la clasificación de riesgo de los deudores al nivel previo a la pandemia;
Restructuraciones de créditos sin afectar la clasificación de riesgo de los deudores;
Mantener como vigentes las líneas de crédito con atrasos de hasta 60 días; y
Restructuraciones de créditos sin afectar la clasificación de riesgo de los deudores;
Prorrogar por hasta 90 días el plazo requerido para la actualización de las tasaciones de las garantías admisibles.
De igual manera, el Banco Central estableció que la tasa de referencia para el cálculo de los riesgos de mercado sea el promedio ponderado de la tasa de interés pasiva de los bancos múltiples, en lugar de la tasa de 30 días, lo cual tiene un impacto positivo en el cálculo de la solvencia ajustada por riesgos.
A los fines de otorgar mayor nivel de protección a los usuarios de los servicios financieros, la Junta Monetaria dispuso que las entidades de intermediación financiera no cobren tarifas, comisiones o cargos, en cualquier forma o medio, por falta de transaccionalidad en las distintas modalidades de captación de recursos del público, es decir, por falta de movimiento de cuentas.
De manera similar, a los fines de fortalecer la red de protección a los depositantes, la Junta Monetaria autorizó la actualización del monto límite de las garantías de los depósitos del público en las entidades de intermediación financiera, pasando de RD$500,000 a RD$1,860,000, con la finalidad de preservar los ahorros de los depositantes ante cualquier evento que pueda afectar la solvencia y la continuidad de las operaciones de las entidades de intermediación financiera.
Hacia finales del año 2020, la Junta Monetaria dispuso medidas adicionales para mitigar los efectos adversos de la pandemia en el sistema financiero, como eximir a las entidades de intermediación financiera del pago de los aportes a los Fondos de Contingencia y Consolidación Bancaria, correspondientes a los años 2021 y 2022.
En esa oportunidad, la Junta Monetaria autorizó una gradualidad de 24 meses para que las entidades de intermediación financiera constituyeran las provisiones generadas durante el tratamiento normativo que vence el 31 de marzo de 2021. Además, se implementaron restricciones a la distribución de dividendos para los accionistas de las entidades que se acojan al desmonte gradual. Asimismo, se autorizó la extensión de 3 a 5 años del plazo de provisionamiento de los bienes inmuebles adjudicados.
Resultados macrofinancieros y perspectivas a futuro
La implementación de las políticas monetarias y financieras descritas anteriormente ha permitido impulsar la oferta y demanda de créditos, en conjunto con el mantenimiento de los objetivos de estabilidad monetaria, cambiaria y financiera. En ese sentido, la reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM) y las facilidades de liquidez han incidido en la reducción de las tasas de interés del sistema financiero y en el comportamiento del crédito bancario. En efecto, la tasa de interés activa promedio ponderada de los bancos múltiples se ha reducido en 357 puntos básicos, al pasar de 13.28% en marzo 2020 a 9.71% a enero 2021. Asimismo, de acuerdo a las estadísticas armonizadas, el crédito al sector privado en moneda nacional ha excedido los RD$1.06 billones, al cierre de 2020, exhibiendo un crecimiento interanual superior al 8.8%.
La mayoría de estos recursos se ha otorgado en una proporción balanceada al sector corporativo y a los hogares. En ese orden, del total de créditos de la economía dominicana, el cual asciende aproximadamente a un 30% del PIB, se destina alrededor del 50% a las empresas. Respecto a los créditos a los hogares, los mismos se han utilizado durante la pandemia para financiar la compra de artículos para el hogar, adquisición y reparación de viviendas, pagos educativos y de servicios de salud, entre otros.
Los recursos otorgados con las facilidades de liquidez del Banco Central han beneficiado alrededor de 75,000 hogares y empresas, que han obtenido nuevos préstamos y refinanciamientos bajo condiciones más favorables en términos de plazos y tasas de interés, los cuales les han permitido mantenerse al día con los pagos de sus compromisos financieros, así como financiar el reinicio de las actividades económicas.
En términos de los resultados para el sistema financiero dominicano, los depósitos del público en las entidades han aumentado en más de RD$277,500 millones (26.4%) durante el 2020, hasta alcanzar un 31% del PIB, reflejando la confianza del público en el sistema financiero. A su vez, las entidades de intermediación financiera han aumentado su patrimonio neto en más de RD$22,000 millones (9.4%), lo cual refleja los esfuerzos de los accionistas para fortalecer la base patrimonial de las entidades, a fin de mantener la capacidad operacional para la provisión de servicios financieros.
Las principales pruebas de estrés referentes a los riesgos cambiarios, de mercado, liquidez y riesgo de crédito de las entidades de intermediación financiera sugieren la ausencia de riesgos materiales significativos a corto plazo, que puedan conducir a la interrupción de la provisión de servicios financieros. Asimismo, la tasa de cambio se ha mantenido estable en torno al promedio ponderado de RD$58.04/US$1.0, las reservas internacionales se han ubicado en US$12,523 millones, al cierre de enero de 2021, representando aproximadamente el 16.0% del PIB y unos 8 meses de importaciones, siendo superior a las métricas de 10% del PIB y los 3 meses de importaciones recomendados por el Fondo Monetario Internacional, a pesar de la menor oferta de divisas por la contracción temporal del sector turismo debido a los efectos de la pandemia.
Las perspectivas económicas a futuro sugieren que durante el 2021 el crédito total al sector privado mantendría un crecimiento balanceado a todos los sectores productivos, con un incremento interanual de entre 8% y 10%, manteniéndose las condiciones financieras favorables para todos los sectores, en particular para las MIPYMES y los hogares. Por consiguiente, si bien la capacidad de pago de los hogares y las empresas ha sido temporalmente afectada por la incertidumbre asociada a la pandemia del COVID-19, las perspectivas económicas hacia 2021 indican que la economía retornaría a su trayectoria de crecimiento económico potencial de entre 5% y 6%, con el inicio de las rondas de vacunación y el desarrollo de la inmunidad comunitaria al virus, de manera que se puedan flexibilizar las medidas de cuarentena y desarrollarse con normalidad los procesos productivos de las empresas, a medida que el empleo retorne a su nivel antes de la pandemia, aumenten los ingresos y se disponga de mayores gastos de inversión y capital para impulsar el crecimiento.
En la actualidad, conforme a los análisis y modelos macrofinancieros realizados, no se encuentra evidencia de riesgos materiales significativos para la estabilidad financiera de la economía dominicana. El sistema financiero dominicano goza de estabilidad de los depósitos del público, mantiene una adecuada canalización del crédito a la economía y muestra una fortaleza patrimonial apropiada para mantener la provisión de servicios financieros. Ante cualquier posibilidad de riesgos macrofinancieros, la Junta Monetaria y el Banco Central cuentan con el espacio y el espectro de políticas financieras y macroprudenciales necesarios para mantener la estabilidad macroeconómica y financiera de la República Dominicana.
