Dr. Víctor Manuel Peña
Las grandes pobrezas y debilidades intrínsecas de la Policía Nacional se han expresado con más crudeza y rudeza en medio de la pandemia.
Pero esa institución ha demostrado hasta la saciedad que no está en capacidad de manejarse correctamente ni en medio de la normalidad ni mucho menos en medio de una situación de excepción como es la pandemia del Coronavirus.
Los abusos y arbitrariedades cometidos por la Policía Nacional son ciertamente inenarrables en este prolongado período de la pandemia, sobre todo, en lo que tiene que ver con el toque de queda.
La muerte a mansalva de la pareja de esposos cristianos en Villa Altagracia le ha puesto la tapa al pomo.
La Policía Nacional que tiene el país es una policía militar, no una policía civil.
Lo militar debe estar circunscrito única y exclusivamente a los organismos armados del Estado: Ejército, Armada o Marina y Aviación
Y esos organismos armados tienen la alta misión de garantizar la defensa de la nación, de su soberanía y de la integridad de su territorio. Para esa delicada misión si se necesita estar probado en el uso de la fuerza y de las armas, pero aún así en ese campo tiene que haber espacio para el ejercicio de la razón y de la inteligencia, vale decir, de la ciencia como es el caso de la geopolítica.
Y esa Policía Nacional militar esencialmente represiva y arbitraria la tenemos desde la era de Trujillo. En una dictadura o tiranía la Policía se concibe y se estructura como un órgano para reprimir y golpear a la población permanentemente.
La dictadura o la tiranía es la antítesis, por consiguiente, la negación total de la democracia y de la libertad.
Está sobreentendido o tácito que en una dictadura o tiranía no hay libertad ni respeto a los derechos fundamentales ni humanos.
Los miembros de esa Policía Nacional militar están formados para el ejercicio de la fuerza y de la violencia, no para el ejercicio de la razón y de la inteligencia.
El largo período de vigencia de la democracia y de la libertad comenzó con el gobierno del Prof. Juan Bosch en 1963, ensayo democrático que fue interrumpido violentamente el 25 de septiembre de ese mismo año. Y después de la Guerra Patria de Abril de 1965 tuvimos los gobiernos represivos del doctor Balaguer apoyados por Estados Unidos.
Con las elecciones de 1978 se produjo el retorno a la democracia en nuestro país.
Todos los gobiernos que hemos tenido de 1978 a la fecha han sido gobiernos democráticos, incluyendo los de Balaguer de 1986-1996. Claro, los gobiernos de Balaguer siempre estuvieron marchitados por el mal de fondo de los fraudes electorales.
Pero en el largo período de vigencia de la democracia que tenemos, 43 años, nadie se ha atrevido a impulsar un radical programa de transformaciones profundas en la Policía Nacional para institucionalizarla, organizarla y convertirla en una Policía Nacional eminentemente civil.
Para esto se requerirá de un gran pacto social o contrato social para lograr construir una nueva institución policial que actúe en consonancia con el régimen de democracia y de libertad que tenemos en el marco de un Estado democrático y social de derecho y del Estado constitucional de derecho que estamos construyendo.
En un Estado democrático y constitucional de derecho tienen que ser protegidos a pie o pies juntillas la vida, la libertad y los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos e individuos del Estado dominicano.
La construcción de una nueva Policía Nacional en el marco del Estado democrático y constitucional de derecho que tenemos va a tomar un tiempo prudente.
Una Policía Nacional civil cuyos miembros estén formados en ciencia, ética y moral, tecnología, en manejo de conflictos, dotados de una aguda inteligencia emocional y sabiendo siempre que el uniforme no los coloca por encima de ningún ciudadano civil.
Una Policía Nacional civil muy respetuosa de la Constitución, de las leyes y de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los derechos humanos en sentido general.
Una Policía Nacional civil así sí estaría en total capacidad material y funcional de cumplir con el expreso mandato de la Constitución de intervenir en el mantenimiento y construcción del orden público y de la paz pública.
Una Policía Nacional civil que se gane la confianza de los ciudadanos y que estos tengan la conciencia de que la Policía Nacional real y verdaderamente los protege y los cuida.
La Policía Nacional nunca ha sido ni ha representado un manto de protección para los ciudadanos.
Y la actual Policía Nacional militar que tenemos está totalmente desacreditada y la gente ni cree ni confía en ella.
Y es que el uniforme y el arma han sido utilizados siempre para ascender en el orden económico y social y acumular fortunas en base al delito y al crimen.
Esa sociedad con el delito y el crimen los inhabilita de por vida para ser garantes del orden público y de la paz pública.
Una institución así no puede ser un brazo fiel y confiable en la ejecución de la política criminal que tiene que tener todo Estado para la prevención y persecución del delito y del crimen organizado.
¡La gente ve a los policías actuales como sus represores y sus abiertos enemigos!
¡Por eso y por todo lo que ha pasado hay una separación total y traumática entre policías y ciudadanos y entre ciudadanos y policías!
En otras palabras, los ciudadanos ven a los policías como sus eternos enemigos y sus eternos verdugos.
Dentro de la Policía Nacional civil por la que abogamos debe haber un órgano superespecializado en el manejo y control del delito y del crimen organizado.
Ese órgano superespecializado dentro de la Policía Nacional civil debe tener todos los recursos, dispositivos, instrumentos y tecnología para perseguir efectiva y eficazmente el crimen organizado.
La construcción y edificación sobre bases firmes de una nueva Policía Nacional civil en el marco del Estado democrático y constitucional de derecho que tenemos requiere de la participación de todas las fuerzas vivas del país y de los especialistas en el área de la seguridad pública y ciudadana.
En la era de la razón, de la inteligencia y de la ciencia y de vigencia de de la democracia y de la libertad no es posible que sigamos teniendo una Policía Nacional militar que contraviene en esencia los fundamentos del Estado democrático y constitucional de derecho.
