Dr. Víctor Manuel Peña
Desde muy joven, estando en el bachillerato en Villa Altagracia, aprendí una lección de vida: una cosa son los recursos y bienes privados y otra cosa son los recursos y bienes públicos
Aprendí también la lección moral de que los recursos y bienes públicos no son propiedad de nadie en particular y que los mismos pertenecen enteramente al pueblo.
Solo el pueblo de manera colectiva debe disfrutar siempre de los recursos y bienes públicos.
A diferencia de los recursos y bienes públicos, los bienes privados pertenecen totalmente a sus dueños, aunque el origen de dichos bienes debe ser enteramente lícito o enteramente legal.
Como toda sociedad, la capitalista se ha encargado de legalizar y legitimar la extracción o generación de plusvalía o de ganancia a partir del trabajo de los obreros, los cuales apenas reciben una parte de los recursos, expresada en salarios de subsistencia, del valor agregado creado por ellos durante el proceso productivo.
Las actividades privadas ilegales e ilícitas como el narcotráfico y el lavado de activos no generan bienes privados ni legales ni lícitos.
Fuera de esa excepción constitucional y legal, los bienes privados deben ser disfrutados por sus dueños.
Pero nadie puede prevalerse de la posición que ocupa en la Administración Pública o el Estado para apropiarse -mediante el peculado, la prevaricación o la corruptela- usufructuar o beneficiarse de bienes y recursos públicos, acumulando sórdidas y tenebrosas riquezas y fortunas que no pueden ser defendidas en los tribunales.
Diferentes figuras penales se conjugan en la comisión de la corrupción pública como son el peculado, la prevaricación, la asociación de malhechos, la falsedad en escritura pública, lavado de activos, etc.
Precisamente a los que el Ministerio Público les pruebe que se han enriquecido adueñándose de bienes y recursos públicos deben ser sometidos a la acción de la justicia.
Nadie debe oponerse en su sano juicio a que los que han cometido graves y contundentes actos de corrupción pública sean sometidos a la acción de la justicia por el Ministerio Público.
Lo que hay que exigir siempre es que en ese proceso de judicialización de la corrupción se respete el debido proceso de conformidad con la normativa constitucional y las leyes adjetivas como el Código Procesal Penal y el Código Penal.
Y que todo imputado o procesado es inocente hasta que se le pruebe lo contrario en un juicio público, oral y contradictorio.
Y los presuntos culpables deben ser sometidos a la justicia sin importar el partido a que pertenezcan.
Hay que moralizar ya la política, la vida pública y la vida privada del país.
Y los bienes robados al Estado y al pueblo deben ser devueltos, por lo que siempre he estado de acuerdo con la ley de extinción de dominio.
El uso de los recursos y bienes públicos tiene que ser enteramente moral: solo el pueblo debe disponer de los mismos para alcanzar el bienestar colectivo o el bien común
Eso significa que el uso de los recursos y bienes públicos tienen que ser puestos por el Estado, a través de las diferentes políticas públicas, programas y proyectos, para alcanzar el bien común o el bienestar colectivo.
En una sociedad con tan elevados niveles de descomposición moral y social parecería que uno está clamando en el desierto cuando toma partido a favor de la moralización de todo lo que existe en la sociedad.
