Es evidente que el llamado «gobierno del cambio» no acaba de asimilar que el pueblo dominicano le llevó al poder para mejorar la situación en el 2020. Lejos de continuar las buenas prácticas en algunas áreas y mejorar aquellas que no iban tan bien, empeoraron lo que estaba deficiente y descalabraron lo que estaba bien, salvo excepciones.
En el caso del Turismo, ha habido una recuperación respecto al 2020 y 2021, pero es evidente como maquillan las cifras de la cantidad de turistas que nos visitan. Un sector estratégico para el sostenimiento de la economía de la República Dominicana y, como tal, no se han escatimado esfuerzos ni recursos por parte de las últimas gestiones de gobierno para propulsarlo desde principios de 1970 a la fecha.
Actividad que reviste una importancia cardinal para el sostenimiento y garantía de ese crecimiento proyectado de la llamada industria sin chimeneas, lo es sin lugar a dudas la aviación civil. Cerca del 90% de todos los turistas que nos visitan lo hace por la vía aérea.
Es penoso reconocer que las designaciones hechas en dicho sector, apuntan a favorecer a una de las partes afectadas por la posible construcción y operación del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) y visiblemente con una radical oposición a la construcción de ese nuevo aeropuerto, las personas designadas para dirigir en un sector que exhibía grandes logros, parecen entender que su única razón de ser es el evitar, a toda costa y a como dé lugar, el establecimiento de una competencia que sumaría opciones a la industria, oportunidades de trabajo, beneficios al usuario y desarrollo de esta zona y al país.
En los hombros de ese personal técnico y de quienes dirigieron las diferentes entidades del sector, no sólo recayó la responsabilidad del rescate de la aviación civil, sino garantizar su desarrollo y consolidación; así lo demuestra la promulgación de las Leyes 491-06 y 188-11, los Reglamentos Aeronáuticos Dominicanos, y las guías técnicas al usuario. Además, haber aprobado, con éxito, la Auditoría del Programa Universal de Auditorías de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP, por sus siglas en inglés), así como haber alcanzado, en tres ocasiones, un escaño en el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional y establecer una Sede Permanente en las oficinas centrales de este prestigioso organismo que rige la actividad aérea mundial que actualmente está en su asamblea número 41.
A dos años de gestión, impera la improvisación e incompetencia. En sentido general se percibe una degradación significativa de la responsabilidad de los diferentes órganos que componen el sistema de aviación civil nacional; un Instituto Dominicano de Aviación Civil acéfalo que no puede encabezar la misión que representa al país en la ya mencionada OACI.
La incompetencia, confusión de roles y responsabilidades es muy evidente, exhibidas a través de intervenciones en actividades que no les atañen o que simplemente no son la misión de sus instituciones. En adición, lejos de existir un clima de cooperación y de toma de decisiones en colaboración, se evidencia la existencia de «islas de poder», que no sólo se limita a los titulares de los citados órganos, sino que se extiende a directores de áreas y demás funcionarios.
Voces preocupadas y sensatas, provenientes de diferentes litorales, con un sentido de pertenencia por la actividad, han pretendido llamar la atención del presidente Abinader, pero ha sido en vano.
El presidente aún puede recuperar el tiempo perdido; en sus manos está, antes de que sea demasiado tarde. Los dos accidentes graves ocurridos son una clara señal de alarma.
No deje espacio a que una degradación de los organismos competentes nos sorprenda y que un evento indeseado, de consecuencias catastróficas, se vaya a producir. Sabemos que el sector no merece que algo así pueda llegar a suceder.
La situación del sistema aeronáutico requiere de una intervención inmediata para redireccionar el derrotero incierto que muestra. El transporte aéreo ha contribuido a los avances del turismo sin duda alguna. .
Es importante que se sepa que los aspectos regulatorios, se han debilitado, así como la nómina de recursos humanos, situaciones demostradas en la ocurrencia de incidentes y accidentes algunos de los cuales no se han ventilado públicamente por tratarse de asuntos cubiertos por la confidencialidad interna.
Es de rigor que el gobierno pondere en su justa medida, las posibles consecuencias de una degradación en el sistema aeronáutico nacional, el cual hasta el 2020 mostraba un desarrollo sostenido y la implementación de acciones proactivas que le mantenían por delante de las circunstancias o eventos que suceden en este dinámico sector.
La insuficiencia de conocimientos técnicos en el ámbito de la aviación, además de la ausencia de personal competente especializado que les apoye en su gestión, ha generado una situación de inercia que afecta a las instituciones no solo en sus actividades misionales fundamentales, sino en su proactividad ante el crecimiento proyectado del transporte aéreo nacional e internacional.
Esta ineficaz gestión no logra siquiera invertir de forma eficiente los recursos colectados institucionalmente, en proyectos que otorguen ventajas competitivas al sistema o que doten de herramientas y condiciones adecuadas, al personal que sustenta la vigilancia, la regulación y el seguimiento a las operaciones aéreas. Es por esto, que vergonzosamente no hay realizaciones que pueda mostrar esta administración en pro del avance del sistema aeronáutico.
Algo lamentable, existiendo los recursos necesarios y contando la institución con el personal idóneo, el cual ha sido relegado a funciones menores por mezquindad o intereses políticos, desconociendo las inversiones que hizo el Estado en la formación de esos talentos.
La seguridad operacional, el establecimiento de las políticas superiores de la aviación, la administración de la estructura aeroportuaria del Estado, cooperan indudablemente con el crecimiento de la industria turística, sin embargo, el aumento de pasajeros, visto desde la perspectiva de las organizaciones reguladoras de la aviación, es una consecuencia secundaria, que aunque positiva, no es el objetivo primario de las acciones emanadas de las autoridades de aviación civil, quienes fundamentalmente deben atender a la seguridad de los vuelos, el fortalecimiento e idoneidad de la regulaciones vigentes y la atención proactiva de los aspectos que garanticen el desarrollo de la aviación nacional de forma integrada y coherente con el sistema regional y mundial.
La consolidación del sistema aeronáutico nacional y el sostenimiento de los estándares de cumplimiento regulatorio internacional logrados por la República Dominicana, constituyen elementos de trascendental valor para el desarrollo nacional, no solo en el turismo, sino también, comercial, cultural y estratégico. En tal sentido, la formación y actualización del personal, así como también el reforzamiento de las barreras que reducen la posibilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes, tales como la adecuada regulación y la dotación de equipamiento adecuado, son elementos que no deben ser ponderados como otras inversiones con retorno económico tangible más bien se debe ponderar el impacto negativo que produciría la no atención.
