Santo Domingo, República Dominicana. La Ley No. 169-14 sobre Registro Civil y Naturalización cuenta con la legitimidad jurídica y democrática necesaria para ser cumplida por todos los poderes públicos y autoridades competentes de la República Dominicana.
Así lo afirmó la organización Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista que realizó un estudio sobre la implementación de dicha ley y su reglamento durante los últimos 8 años.
La ley 169-14 establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas en el registro civil dominicano y sobre naturalización, y fue creada para solucionar un grave problema de violación masiva a derechos humanos fundamentales, provocado a raíz de la sentencia 168-13 dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional dominicano, que revocó retroactivamente y de forma colectiva la nacionalidad de miles de personas nacidas en República Dominicana desde el año 1929, de padre y/o madre con un estatuto migratorio “irregular”, “en tránsito” o “no residente”.
La afirmación de Participación Ciudadana se desprende de los resultados obtenidos por la investigación realizada por la organización a cargo de la abogada Patricia Santana Nina.
En el evento de presentación de este documento preliminar, el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, señaló que, en este informe y la posterior investigación vinculada al mismo, se procura visibilizar la impostergable solución a este conflicto que nunca debió ser, donde miles de personas fueron afectadas en uno de los derechos más fundamentales que atañen a un ser humano después del derecho a la vida, como principal, que es el derecho a una nacionalidad.
“Debemos entender esta realidad, y llevarnos como misión el encaminar todos nuestros esfuerzos a que este gravísimo problema no se extienda ni un día más”, indicó Abreu.
Los principales hallazgos de esta investigación fueron presentados por la investigadora Patricia Santana Nina, quien señaló que este estudio revela que la mayoría de las personas beneficiarias de la ley aún no son reconocidas como dominicanas de pleno derecho.
Según el estudio, unas 35 mil personas del denominado Grupo A de la ley (personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2007, de padres y madres con un estatus migratorio “no residente”, cuyos nacimientos fueron inscritos en los libros del Registro Civil dominicano) aún no recuperan su nacionalidad dominicana, a pesar de que muchas de ellas ya poseían documentos oficiales emitidos por el propio Estado dominicano antes de la sentencia 168-13, tales como actas de nacimiento, cédulas de identidad y electoral y pasaporte.
El estudio también encontró que 7,159 personas del denominado Grupo B de la ley (personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2007, de padres y madres con un estatus migratorio “irregular”, cuyos nacimientos no figuran inscritos en el Registro Civil dominicano) tampoco han obtenido documentación nacional dominicana a pesar de haber cumplido el proceso exigido por la misma ley 169-14.
Participación Ciudadana enfatizó las recomendaciones para que el Estado dominicano implemente adecuadamente la referida ley, entre las cuales destacan la organización de una mesa técnica de trabajo, en la que participen el Estado -representado por órganos involucrados en la implementación de la Ley 169-14, los organismos internacionales y la sociedad civil, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INMRD). El objetivo de la mesa sería analizar los obstáculos que impiden una óptima y ágil ejecución de los procesos establecidos y acordar una respuesta práctica e inclusiva a todas aquellas personas que aún quedan pendientes de obtener su documentación.
Finalmente, Participación Ciudadana también recomendó al Estado dominicano rehabilitar la Unidad creada por la Ley 169-14 para recibir y analizar los expedientes de solicitud de naturalización del Grupo B, durante el tiempo necesario, para garantizar que las personas beneficiarias puedan acceder a los derechos que les reconoce la ley. Esta unidad se encuentra a cargo del Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía.
En la presentación del informe preliminar estuvieron representantes de organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos internacionales entre las que se encuentran: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Reconocido, Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), Ministerio de la Mujer, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Embajada de EEUU, Defensor del Pueblo, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Embajada de Canadá, Organización de los Estados Americanos (OEA), Ministerio de Defensa, Oficina Nacional de Estadística (ONE), Ministerio de Trabajo, Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA), Unión Europea, Centro Montalvo, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Tribunal Superior Electoral, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Procuraduría General de la República Dominicana (PGR), entre otras.
