Estarlin Canelo
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El coronel Rafael Antonio Morales Herrero denunció ante el Ministerio Público que oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se están enriqueciendo de manera ilícita con dinero del de narcotráfico.
Morales Herrero, quien se desempeñó como director del Centro de Información y Coordinación Conjunta de la DNCD, dijo que no solo notificó al Ministerio Público de la situación, si no al propio presidente Luis Abinader, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Aseguró que la existencia del entramado criminal al más alto nivel expone a las agencias de inteligencia y seguridad del Estado, incluyendo el organismo creado para combatir el narcotráfico, la DNI y la PGR.
Explica que la querella depositada ante la procuradora Yeni Berenice Reynoso y el director de Persecución, Wilson Camacho, incluye evidencia documental, informes confidenciales y solicitud de investigación.
Afirma que entre los oficiales implicados en el entramado figuran: Luis Soto, director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), José M. Cabrera, presidente de la DNCD, Alberto Montás, oficial del Ejército de la República Dominicana (ERD), entre otros.
Dijo que su denuncia responde al llamado del presidente Luis Abinader, quien motivó a la población a denunciar la corrupción “sin importar el rango o apellido”, para que los organismos competente inicien el procedimiento legal correspondientes.
Entre las revelaciones más importantes, Morales relata como el narcotraficante Roberto Saviñón (JC o Tulile), fue liberado en 2016, tras ser arrestado por una unidad de la DNI.
Asegura que desde la DNCD ordenaron la liberación de Saviñón, a cambio de un soborno de 350 mil dólares y tres vehículos.
Dijo que alías “JC o Tulile”, fue reapresado en el año 2021, pero que el caso fue ocultado y no divulgado públicamente. Además, en su denuncia Morales Herrero alerta sobre la presencia activa de miembros del Cartel de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación, la Mafia Albanesa, la Ndrangheta italiana, y la Mocro Mafia, quienes supuestamente operan en complicidad con militares y funcionarios del Gobierno.
Señala que esas organizaciones criminales están asentadas en zonas como Juan Dolio, Boca Chica, Punta Cana, Cap Cana, Barahona, entre otras comunidades de la República Dominicana.
Sobornos
El oficial precisa que documentó el caso que involucra al coronel Cristóbal Comprés Rondón, que dice recibió dinero para facilitar operaciones de narcotráfico en el puerto Multimodal Caucedo, según correo electrónico atribuido a Francisco del Rosario Puente (Toño Leña).
Puntualizó que a pesar de la evidencia, el presidente de la DNCD, José M. Cabrera Ulloa, solicitó su permanencia en el cargo, en una clara inacción ante la situación de las máquinas de rayos X en los aeropuertos, que facilita la operación de mulas que ingresan con drogas en sus estómagos.
Morales Herrero, señaló que fue víctima de una operación interna para descalificarlo como posible futuro presidente de la DNCD, creando audios falsos, implicándolo con narcotraficantes y divulgándolos en versiones manipuladas a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
También cuestionó el reingreso del coronel Pedro Manuel González Peña, expulsado previamente por recibir sobornos y cuya reincorporación a la DNCD, su supuestamente solicitada por Cabrera Ulloa.
Influencers
El coronel de la Fuerza Área Dominicana dijo que en su denuncia aportó además, un análisis patrimonial en la que demuestra discrepancias en las declaraciones juradas de altos mandos de la DNCD.
Indica que en el mismo se detallan compra de apartamentos, fincas, vehículos de lujos, depósitos millonarios en cuentas personales, sin la debida justificación, algunas basadas en sus ingresos personales.
Ante la magnitud de la denuncia, Morales Herrero solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación tanto desde la Procuraduría General de la República como desde la Dirección de Ética Gubernamental y otros organismos de seguridad del Estado.
