¿Encuesta o construcción de narrativa?

Por Juan Ramón Mejía

La reciente encuesta Gallup publicada por Diario Libre ha provocado reacciones previsibles: satisfacción en unos, preocupación en otros y una intensa discusión pública sobre el escenario político de cara al 2028. Pero más allá de simpatías partidarias o emociones coyunturales, el verdadero debate no debería centrarse en quién celebra o quién cuestiona los resultados, sino en algo mucho más importante: la credibilidad de las narrativas que se construyen alrededor de las encuestas y el impacto político que estas generan en la opinión pública.

Porque una encuesta no es simplemente un ejercicio estadístico. En sociedades altamente mediatizadas, las encuestas también moldean percepciones, influyen sobre actores económicos y políticos, alteran expectativas electorales y pueden incluso contribuir a construir realidades políticas anticipadas.

Y precisamente por eso, toda medición de alto impacto debe poder ser observada críticamente, sin que cuestionarla implique automáticamente desacreditarla.

La primera interrogante que deja esta encuesta es una que cualquier ciudadano común podría hacerse al comparar los resultados con la realidad cotidiana que vive el país. ¿Cómo se explica que una mayoría importante de la población evalúe negativamente la economía, exprese preocupación por la inseguridad, cuestione el deterioro de servicios públicos y manifieste dificultades crecientes en su situación económica, mientras simultáneamente el presidente Luis Abinader mantiene niveles de aprobación relativamente sólidos?

Claro que políticamente eso puede ocurrir. La historia demuestra que existen liderazgos que logran sostener respaldo incluso en contextos difíciles. Pero también es legítimo preguntarse si existe una desconexión entre la percepción social reflejada en múltiples temas sensibles y la estabilidad política que la encuesta proyecta alrededor del gobierno.

Porque el país viene atravesando debates públicos intensos relacionados con el costo de la vida, el deterioro hospitalario, las críticas al sistema de salud, las discusiones alrededor de Senasa, la baja inversión pública, el aumento de la deuda y la creciente sensación de inseguridad. Y aun así, el resultado final parece transmitir una percepción de estabilidad política mucho más fuerte que el malestar que diariamente se expresa en calles, redes sociales y sectores productivos.

La segunda gran pregunta surge alrededor de la oposición y probablemente sea la más difícil de explicar políticamente. La encuesta coloca prácticamente empatados a la Fuerza del Pueblo y al Partido de la Liberación Dominicana como fuerzas opositoras. Y ahí es donde muchos ciudadanos podrían preguntarse si esa fotografía refleja realmente el escenario político construido después de las elecciones de 2024.

Porque independientemente de simpatías políticas, los resultados electorales recientes mostraron un desplazamiento evidente del PLD como principal fuerza opositora y el ascenso consolidado de la Fuerza del Pueblo. La FP obtuvo una votación presidencial considerablemente superior, amplió su presencia congresual y logró consolidar un crecimiento territorial sostenido. A eso se suma el hecho visible de los últimos años: dirigentes, alcaldes, diputados, regidores y estructuras políticas completas migrando desde el PLD hacia la FP.

Por eso resulta inevitable preguntarse qué explicación política sostiene que ambas organizaciones aparezcan hoy prácticamente en el mismo nivel de respaldo. No porque sea imposible que una encuesta detecte cambios, sino porque cuando una medición rompe de manera tan marcada con tendencias recientes, con resultados electorales cercanos y con la percepción política acumulada, lo razonable en democracia no es aceptar los datos como verdades absolutas, sino analizarlos críticamente.

Otro elemento llamativo es el escenario interno que la encuesta presenta dentro del oficialismo. David Collado aparece dominando ampliamente las preferencias internas del PRM, mientras Carolina Mejía luce considerablemente rezagada. Y nuevamente surge una pregunta válida: ¿refleja eso toda la complejidad real del mapa político oficialista?

Porque si algo ha demostrado la política dominicana es el peso histórico y estructural del liderazgo de Hipólito Mejía dentro del PRM, así como la importancia política acumulada por Carolina Mejía desde la alcaldía del Distrito Nacional. Resulta cuando menos llamativo que una figura con alto nivel de exposición, estructura partidaria, liderazgo territorial y uno de los apellidos políticos más influyentes del país aparezca tan distante frente a Collado.

Y es precisamente ahí donde el debate inevitablemente entra en un terreno más delicado. Desde 2023, Diario Libre pertenece al Grupo PuntaCana, conglomerado empresarial estrechamente vinculado al sector turístico dominicano y encabezado históricamente por Frank Rainieri. Y casualmente, el gran fortalecido políticamente dentro del oficialismo en esta encuesta parece ser precisamente el actual ministro de Turismo.

¿Eso demuestra manipulación? Sería irresponsable afirmarlo. Pero sí abre espacio para preguntas legítimas sobre percepción, independencia y posibles conflictos de interés. Porque en política y comunicación, la credibilidad no depende solamente de la ausencia de irregularidades; también depende de la confianza que genere la apariencia de imparcialidad.

Más aún cuando la propia encuesta presenta al turismo como el sector mejor valorado de toda la gestión gubernamental. En ese contexto, cualquier observador crítico podría preguntarse si estamos únicamente ante una medición estadística o si también existe una construcción narrativa favorable a determinados liderazgos y sectores.

Incluso el enfoque editorial del titular merece reflexión. Afirmar que “ningún partido tiene hoy apoyo para ganar en primera vuelta en 2028” parece una conclusión mucho más contundente que los propios datos disponibles. La encuesta mide simpatías, preferencias preliminares y escenarios internos, pero todavía faltan años para las elecciones, las candidaturas no están definidas y las alianzas políticas futuras son completamente inciertas.

Por eso, más que una fotografía definitiva del escenario electoral, la encuesta parece proyectar un marco narrativo específico sobre cómo debería percibirse la política dominicana de cara al futuro inmediato.

Y quizás ahí reside el verdadero debate.

No se trata de descalificar encuestas porque favorezcan o perjudiquen a determinados actores políticos. Se trata de recordar que en democracia ninguna medición debe colocarse por encima del cuestionamiento ciudadano. Las encuestas pueden informar, pero también pueden influir. Pueden medir tendencias, pero también ayudar a construir percepciones.

Y cuando una encuesta contradice tendencias recientes, reconfigura liderazgos internos, fortalece determinadas figuras políticas y coincide con intereses económicos y mediáticos claramente identificables, el país tiene pleno derecho a hacerse preguntas.

Porque al final, las encuestas no solo miden estados de ánimo; también intentan influir sobre ellos. Pueden orientar percepciones, condicionar debates, fortalecer candidaturas y hasta construir la sensación de inevitabilidad alrededor de determinados proyectos políticos. Por eso, en una democracia madura, ninguna encuesta debe asumirse como una verdad absoluta ni como un veredicto definitivo sobre el futuro del país. Mucho menos cuando sus resultados chocan con tendencias electorales recientes, con la percepción cotidiana de amplios sectores de la población y con señales políticas visibles en el terreno. La democracia no necesita ciudadanos que acepten narrativas sin cuestionarlas; necesita ciudadanos críticos, capaces de analizar quién comunica, qué comunica, a quién beneficia y por qué. Porque cuando las encuestas dejan más preguntas que certezas, el verdadero deber democrático no es repetir titulares, sino examinar cuidadosamente los intereses, las coincidencias y las narrativas que intentan moldear la opinión pública nacional.

Por Juan Ramón Mejía

La reciente encuesta Gallup publicada por Diario Libre ha provocado reacciones previsibles: satisfacción en unos, preocupación en otros y una intensa discusión pública sobre el escenario político de cara al 2028. Pero más allá de simpatías partidarias o emociones coyunturales, el verdadero debate no debería centrarse en quién celebra o quién cuestiona los resultados, sino en algo mucho más importante: la credibilidad de las narrativas que se construyen alrededor de las encuestas y el impacto político que estas generan en la opinión pública.

Porque una encuesta no es simplemente un ejercicio estadístico. En sociedades altamente mediatizadas, las encuestas también moldean percepciones, influyen sobre actores económicos y políticos, alteran expectativas electorales y pueden incluso contribuir a construir realidades políticas anticipadas.

Y precisamente por eso, toda medición de alto impacto debe poder ser observada críticamente, sin que cuestionarla implique automáticamente desacreditarla.

La primera interrogante que deja esta encuesta es una que cualquier ciudadano común podría hacerse al comparar los resultados con la realidad cotidiana que vive el país. ¿Cómo se explica que una mayoría importante de la población evalúe negativamente la economía, exprese preocupación por la inseguridad, cuestione el deterioro de servicios públicos y manifieste dificultades crecientes en su situación económica, mientras simultáneamente el presidente Luis Abinader mantiene niveles de aprobación relativamente sólidos?

Claro que políticamente eso puede ocurrir. La historia demuestra que existen liderazgos que logran sostener respaldo incluso en contextos difíciles. Pero también es legítimo preguntarse si existe una desconexión entre la percepción social reflejada en múltiples temas sensibles y la estabilidad política que la encuesta proyecta alrededor del gobierno.

Porque el país viene atravesando debates públicos intensos relacionados con el costo de la vida, el deterioro hospitalario, las críticas al sistema de salud, las discusiones alrededor de Senasa, la baja inversión pública, el aumento de la deuda y la creciente sensación de inseguridad. Y aun así, el resultado final parece transmitir una percepción de estabilidad política mucho más fuerte que el malestar que diariamente se expresa en calles, redes sociales y sectores productivos.

La segunda gran pregunta surge alrededor de la oposición y probablemente sea la más difícil de explicar políticamente. La encuesta coloca prácticamente empatados a la Fuerza del Pueblo y al Partido de la Liberación Dominicana como fuerzas opositoras. Y ahí es donde muchos ciudadanos podrían preguntarse si esa fotografía refleja realmente el escenario político construido después de las elecciones de 2024.

Porque independientemente de simpatías políticas, los resultados electorales recientes mostraron un desplazamiento evidente del PLD como principal fuerza opositora y el ascenso consolidado de la Fuerza del Pueblo. La FP obtuvo una votación presidencial considerablemente superior, amplió su presencia congresual y logró consolidar un crecimiento territorial sostenido. A eso se suma el hecho visible de los últimos años: dirigentes, alcaldes, diputados, regidores y estructuras políticas completas migrando desde el PLD hacia la FP.

Por eso resulta inevitable preguntarse qué explicación política sostiene que ambas organizaciones aparezcan hoy prácticamente en el mismo nivel de respaldo. No porque sea imposible que una encuesta detecte cambios, sino porque cuando una medición rompe de manera tan marcada con tendencias recientes, con resultados electorales cercanos y con la percepción política acumulada, lo razonable en democracia no es aceptar los datos como verdades absolutas, sino analizarlos críticamente.

Otro elemento llamativo es el escenario interno que la encuesta presenta dentro del oficialismo. David Collado aparece dominando ampliamente las preferencias internas del PRM, mientras Carolina Mejía luce considerablemente rezagada. Y nuevamente surge una pregunta válida: ¿refleja eso toda la complejidad real del mapa político oficialista?

Porque si algo ha demostrado la política dominicana es el peso histórico y estructural del liderazgo de Hipólito Mejía dentro del PRM, así como la importancia política acumulada por Carolina Mejía desde la alcaldía del Distrito Nacional. Resulta cuando menos llamativo que una figura con alto nivel de exposición, estructura partidaria, liderazgo territorial y uno de los apellidos políticos más influyentes del país aparezca tan distante frente a Collado.

Y es precisamente ahí donde el debate inevitablemente entra en un terreno más delicado. Desde 2023, Diario Libre pertenece al Grupo PuntaCana, conglomerado empresarial estrechamente vinculado al sector turístico dominicano y encabezado históricamente por Frank Rainieri. Y casualmente, el gran fortalecido políticamente dentro del oficialismo en esta encuesta parece ser precisamente el actual ministro de Turismo.

¿Eso demuestra manipulación? Sería irresponsable afirmarlo. Pero sí abre espacio para preguntas legítimas sobre percepción, independencia y posibles conflictos de interés. Porque en política y comunicación, la credibilidad no depende solamente de la ausencia de irregularidades; también depende de la confianza que genere la apariencia de imparcialidad.

Más aún cuando la propia encuesta presenta al turismo como el sector mejor valorado de toda la gestión gubernamental. En ese contexto, cualquier observador crítico podría preguntarse si estamos únicamente ante una medición estadística o si también existe una construcción narrativa favorable a determinados liderazgos y sectores.

Incluso el enfoque editorial del titular merece reflexión. Afirmar que “ningún partido tiene hoy apoyo para ganar en primera vuelta en 2028” parece una conclusión mucho más contundente que los propios datos disponibles. La encuesta mide simpatías, preferencias preliminares y escenarios internos, pero todavía faltan años para las elecciones, las candidaturas no están definidas y las alianzas políticas futuras son completamente inciertas.

Por eso, más que una fotografía definitiva del escenario electoral, la encuesta parece proyectar un marco narrativo específico sobre cómo debería percibirse la política dominicana de cara al futuro inmediato.

Y quizás ahí reside el verdadero debate.

No se trata de descalificar encuestas porque favorezcan o perjudiquen a determinados actores políticos. Se trata de recordar que en democracia ninguna medición debe colocarse por encima del cuestionamiento ciudadano. Las encuestas pueden informar, pero también pueden influir. Pueden medir tendencias, pero también ayudar a construir percepciones.

Y cuando una encuesta contradice tendencias recientes, reconfigura liderazgos internos, fortalece determinadas figuras políticas y coincide con intereses económicos y mediáticos claramente identificables, el país tiene pleno derecho a hacerse preguntas.

Porque al final, las encuestas no solo miden estados de ánimo; también intentan influir sobre ellos. Pueden orientar percepciones, condicionar debates, fortalecer candidaturas y hasta construir la sensación de inevitabilidad alrededor de determinados proyectos políticos. Por eso, en una democracia madura, ninguna encuesta debe asumirse como una verdad absoluta ni como un veredicto definitivo sobre el futuro del país. Mucho menos cuando sus resultados chocan con tendencias electorales recientes, con la percepción cotidiana de amplios sectores de la población y con señales políticas visibles en el terreno. La democracia no necesita ciudadanos que acepten narrativas sin cuestionarlas; necesita ciudadanos críticos, capaces de analizar quién comunica, qué comunica, a quién beneficia y por qué. Porque cuando las encuestas dejan más preguntas que certezas, el verdadero deber democrático no es repetir titulares, sino examinar cuidadosamente los intereses, las coincidencias y las narrativas que intentan moldear la opinión pública nacional.