El Consejo Nacional de Competitividad (CNC), en atención a la preocupación que generan los costos de regulaciones en el país, realizó un acuerdo con el Conamer (Comisión Nacional Regulatoria de México), a través de su Dirección de Análisis Regulatorio, que permitirá colocar a los productos un valor de referencia, con respecto al producto interno bruto (PIB) y a la vez indicará al Estado las que le resultan menos costosas.
La información la ofreció el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, durante su participación en el encuentro LISTÍN DIARIO en la Globalización, que coordina el economista Juan Guiliani Cury para esta sección de Economía & Negocios, al cual asistió en compañía de los directores de Análisis Regulatorio, José Amado Requena; Técnica, Laura María del Castillo; y Bethania Vegazo, de Inteligencia Financiera.
Paz indicó que luego de varias consultas y más de 100 reuniones con asociaciones empresariales, uno de los elementos que salió a relucir como aquel que más le preocupa al empresariado es el costo de las regulaciones.
Recordó que se hizo un levantamiento de las regulaciones para agruparlas y determinar sus costos sobre las actividades económicas, y por eso se creó una dirección dentro del CNC, integrada por abogados, economistas, especialistas en econometría, en estadísticas, políticas públicas, big data, e ingenieros industriales formados en universidades locales y extranjeras.
Paz instó al empresariado a buscar la aprobación de sus RNC por la vía virtual en la DGII, “por lo cual los empresarios deben pedirle a sus gestores de compañías (abogados) que utilicen la vía virtual, que es más rápido y les entregan los comprobantes fiscales para consumido final y una cantidad limitada para los que tienen valor fiscal”.
Destacó que desde estas perspectivas, el Consejo adoptó tres medidas que son la formalización, facilitar el ingreso de productos al mercado y a los exportadores, y facilitar inversiones en infraestructuras.
PROCESOS AVANZAN
Rafael Paz sostuvo que se ha avanzado en varios procesos que reducen los tiempos de apertura de empresas y nombres comerciales, en una reforma en los registros sanitarios; mientras que en el caso de los permisos de construcción se han bajado los tiempos a 60 días, por instrucción del presidente de la República y se creó una ventanilla única de construcción como plataforma digital que integrará a todas las instituciones que participan en el proceso.
Para esto, se estableció un plazo de seis meses para su ejecución, y el ministro de Obras Públicas prometió que para el 28 de noviembre estará lista esa plataforma digital para que promotores y gestores de proyectos inmobiliarios puedan completar sus procesos en 60 días.
A través de la ventanilla única, que es la puerta de entrada, las instituciones comenzarán a trabajar en los procesos. Además, se podrá pagar y recibir todos los servicios y eso será un ahorro para el sector construcción, que representa más de un 8% del PIB.
