El Tribunal Constitucional (TC) declaró en estado de fallo diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante la audiencia pública celebrada este viernes en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, encabezó el Pleno de jueces de la sesión, en la cual se declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2018-0011 en el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) atacó la Ley número 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo del 2017.
La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, en calidad de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCAFLIT), actuaron como intervinientes voluntarios.
El TC dejó en estado de fallo también el expediente TC-01-2018-0012 en el que Josefina Guerrero y Andrés Nicolás Contreras, entre otros involucrados, atacaron la Ley número 169-14, o Ley de Naturalización Especial.
Otro expediente declarado en estado de fallo es el TC-01-2018-0022, por el que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) procuró la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 109 y 115 de la Ley número 66-97, Orgánica de Educación de la República Dominicana del 1997 y la Ordenanza número 24-17, que reglamenta el Sistema Competitivo de Selección de Directores de la República Dominicana, emitida por el Consejo Nacional de Educación.
También la alta corte declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2018-0013 en el que la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, INC (Adesinc) requirió que se declare inconstitucional el artículo 14 numeral 1, literal b y numeral 2, literal f, de la Ley número 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados del 2016.
Asimismo, este alto tribunal dejó en estado de fallo los expedientes TC-01-2018-0014, en el que los accionantes atacaron los artículos 33, 34, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley núm. 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 2017.
También quedó en estado de fallo el TC-01-2018-0015, que atacó los artículos 3 y 4 de la Ley número 201-01, que eleva la comunidad de Villa Hermosa, del municipio La Romana, a la categoría de municipio, y el artículo 2 de la Ley número 153-06, que eleva la comunidad La Caleta, del mismo lugar, a la categoría de distrito municipal.
Los jueces dejaron en estado de fallo los expedientes: TC-01-2018-0016, fue atacado el Auto número 04-2018, dictado en 2017 por el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia; TC-01-2018-0018, que atacó el artículo 40 del Decreto 599-01; TC-01-2018-0019, que atacó el artículo 48 de la Ley número 631-16; TC-01-2018-0021, contra el artículo 46, párrafo II, literales e) y m) del Decreto número 2-2018.
Las normas, actos y el auto atacados en los expedientes de acción directa de inconstitucionalidad emanaron del Senado y Cámara de Diputados de la República, el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo Nacional de Educación.
