En un acto simbólico, un grupo de jueces venezolanos exiliados impuso ayer una sentencia de más de 18 años de prisión al presidente Nicolás Maduro tras procesarlo por hechos de corrupción y lavado de dinero vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de sobornos millonarios en varios países de la región.
El juicio, empero, no tiene transcendencia legal puesto que esos jueces no son reconocidos por las autoridades de Venezuela. La sentencia se enmarca en una estrategia política opositora que, según sus promotores, apunta a poner en conocimiento de los venezolanos y la comunidad internacional los supuestos crímenes cometidos por Maduro y su gobierno socialista.
El llamado «Tribunal Supremo de Venezuela en el Exilio» –reunido simultáneamente en Miami y la capital de Colombia– determinó que el mandatario venezolano es culpable de los delitos de «corrupción propia y legitimación de capitales», lo cual habría «comprobado con plenas pruebas» la comisión de los hechos punibles y la responsabilidad de Maduro.
El fallo leído por el juez ponente, Rommel Gil, señaló que no se trata de un juicio político. «Este es un juicio legítimo» y ordena librar orden de captura internacional contra Maduro.
