Editorial 26-9-2017
Todavía el país no se levanta de los estragos causados por los huracanes Irma y María y ya se anuncia la llegada de una onda tropical que de seguro provocará nuevas inundaciones, cuyas consecuencias serán el incremento del número de damnificados, y pérdidas millonarias en la agropecuaria, en la infraestructura y las pertenencias de los desplazados.
Las lluvias de Irma y María dañaron en 113 acueductos, seis puentes, y casi cuatro mil viviendas, destruyeron 128 viviendas, provocaron el desplazamiento de más de 18,000 personas, dejaron sin servicio de energía eléctrica a más de 140,613 clientes.
Hasta el pasado domingo, 73 comunidades estaban incomunicadas por las inundaciones y se registraron daños en viviendas por desbordamientos de ríos y cañadas en Hato Mayor, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, Monte Plata, Samaná, Duarte, Santo Domingo, El Seíbo, Valverde, Montecristi, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y La Altagracia
Las autoridades han hecho un gran trabajo con las provincias anegadas para proteger a los afectados por los efectos de estos huracanes y no les queda de otra que seguir trabajando pues Meteorología ya pronostico que las lluvias continuaran.
Sin embargo, ya es hora de que la acción del gobierno no se limite a convocar cada año al Centro de Operaciones de Emergencia y que se aboque a elaborar un plan para mitigar las secuelas de la temporada ciclónica.
Un estudio de Gestión financiera y aseguramiento del riesgo de desastres en República Dominicana realizado por el Banco Mundial y el Ministerio de economía, Planificación y Desarrollo, estima que cada año se gastan 420 millones de dólares. Esto representa alrededor de un 0.69% del producto interno bruto (PIB). En los casos extremos, como los ciclones, los daños pueden exceder los 1,997 millones de dólares, que representa un 3.3% del PIB.
Pese a los daños causados por estos fenómenos naturales tuvimos mucha suerte, la fuerza implacable de Irma y María nos tocó de soslayo, pero si estos huracanes hubiesen impactado al país como ocurrió en Puerto Rico y otras Islas del caribe el saldo de víctimas mortales, damnificados, y pérdidas materiales fuese mucho mayor.
En República Dominicana, miles de familias viven a orillas de ríos, arroyos y cañadas por lo que cada año se gasta tiempo, dinero y energía protegiendo a estas personas de los estragos de la temporada ciclónica.
Urge un plan de reordenamiento territorial, que entre muchas cosas implique desalojar a todo el que viva en situación de peligro, que mejore la calidad de los servicios de agua, energía eléctrica y comunicaciones, es decir, construirlos de manera que sean más resistentes ante cualquier siniestro y que la reinstalación del servicio sea mas expedita.
Este plan de reordenamiento territorial debe contemplar el inicio de un ambicioso plan de construcción de muchas nuevas barquitas, y notaremos como según se vayan inaugurando los proyectos, en ese mismo ritmo disminuirán los damnificados y en esa misma proporción bajará el gasto oneroso del gobierno en las temporadas ciclónicas.
