El experto en Derecho Constitucional Namphi Rodríguez urgió al presidente Danilo Medina a impulsar una ley que establezca un procedimiento interno para receptar las decisiones que dimanen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y defender la soberanía del país en materia de derecho a la nacionalidad.
Rodríguez, coordinador del Foro Constitucional, indicó que existen distintos modelos de interpretación e incorporación de las decisiones de la CIDH y citó el caso de Costa Rica, que hace aplicación directa de las decisiones de la CIDH, mientras que Venezuela desarrolló la tesis en el pasado reciente de que lo vinculante para sí era la Convención Americana de Derechos Humanos y no los instrumentos orgánicos del tratado.
“Estos distintos matices en la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es lo que ha permitido a los países miembros establecer un control de convencionalidad razonable en temas sensibles, como lo es para República Dominicana la inmigración haitiana”, dijo.
Puntualizó que frecuentemente se incurre en el error de interpretar que la sentencia TC/0256/14, del Tribunal Constitucional, desvinculó al país de la jurisdicción de la CIDH, cosa que no es cierto, puesto que para que eso acontezca se tendría que dejar de ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Indicó que el procedimiento para la aceptación de la competencia de la Corte lo establece el artículo 62 de la Convención Americana y advirtió que no existe norma alguna en la misma que faculte a los Estados que se han acogido a dicha competencia a retirar su declaración de aceptación, por lo que el único camino que quedaría para el país sería denunciar la propia Convención en los términos de su artículo 78.
“Una vez los Estados han manifestado su consentimiento, la Corte ha definido la sujeción a su competencia como una cláusula pétrea, que no admite limitaciones fuera de su Estatuto, ni acepta sentencia de tribunales de derecho interno para desconocer unilateralmente su competencia”, dijo.
Adujo que la referida sentencia del Tribunal Constitucional hace un juicio de constitucionalidad sobre el instrumento de adhesión a la Corte, lo cual tiene poco valor frente al sistema interamericano porque es un acto de derecho interno.
“El acto de denuncia (denuncia) está reservado al Presidente de la República, quien no lo ha hecho porque el país tendría que salir del sistema interamericano de derechos humanos, como lo hizo Venezuela, situación que nos colocaría junto a aquellos países que no observan los estándares internacionales de los derechos humanos”, agregó.
El catedrático anotó que no es partidario de abandonar la CIDH, sino de promover un diálogo constructivo entre la Corte y el país, a fin de que se puedan ponderar los intereses en conflicto de ambos sistemas jurídicos.
Subrayó que en el momento de la adhesión el país debió hacer reserva del tema de la nacionalidad, ya que para la República Dominicana la competencia de la CIDH resulta un pesado fardo por la situación especial que se vive con los inmigrante haitianos.
