SANTO DOMINGO.- Continúa la tarde de este martes el juicio de fondo a los seis encartados, entre políticos y empresarios, acusados de supuestamente recibir soborno de la constructora brasileño Odebrecht, con el pedido al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, a inhibirse del proceso.
En ese sentido, se pronunció este lunes el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, quien expresó que el magistrado Molina debe inhibirse tras revelarse su participación como coordinador de campaña del senador Tommy Galán en 2016, uno de los encartados en el expediente Odebrecht.
“Tratándose de la cabeza del Poder Judicial, nunca debió esperar que esta información se difundiera por los medios, sino que motu proprio, debió presentar su inhibición en el caso Odebrecht. Su presencia será un elemento contaminante del proceso, por sus vínculos políticos manifiestos en el partido gobernante y particularmente con la facción de Danilo Medina”, denunció.
Moreno, también exfiscal del Distrito Nacional, calificó de insólito el silencio del Ministerio Público y manifestó que en un juicio real e independiente, ese organismo requeriría la inhibición del presidente de la SCJ, a fin de evitar que el acusado Tommy Galán, sea juzgado por un juez “con manifiestos afectos y vínculos que ponen en tela de juicio su imparcialidad”.
Moreno refirió que está iniciando el proceso penal del más grande robo público jamás cometido en el país y lamentó que trascenderá más por sus irregularidades y ausencias que por sus aciertos, destacando que “lo primero que lo afecta es el mamotreto de investigación hecha por el Procurador General de la República”.
El juicio por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en la República Dominicana comenzó el jueves de la semana pasada cargado por los repetidos intentos de las defensas de pedir un aplazamiento de la primera sesión.
Además de del senador Galán, encartados son el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y los exsenadores Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez, así como el abogado Conrado Pittaluga, presunto testaferro de Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón, sindicado como el que supuestamente “pagaba” los sobornos, en calidad de representante comercial de Odebrecht en el país.
Todos han sido acusados de participar en el reparto de 92 millones de dólares en sobornos a legisladores y miembros del Gobierno, una cifra que Odebrecht reconoció haber pagado entre 2001 y 2014 para lograr adjudicarse obras públicas de forma ilegal en el país.
La primera sesión del juicio derivó, desde el primer instante, en una discusión que giró meramente en torno a cuestiones de procedimiento.
“Esta primera sesión es muy técnica, la verdad es que yo no manejo bien esa parte”, dijo Ángel Rondón.
Los abogados de los seis imputados se enrocaron en su negativa a celebrar la sesión alegando que solo había presentes 15 de los 17 jueces que componen el Supremo, un hecho que, según su interpretación, viola la ley y vulnera el derecho de defensa de sus clientes.
Los dos magistrados del Supremo que no pueden participar en el juicio fueron Francisco Ortega, por haber sido el juez instructor, y Nancy Salcedo, que forma parte del Consejo del Poder Judicial y podría incurrir en un conflicto de intereses.
Los magistrados se tomaron dos largos recesos para deliberar la petición de las defensas, el primero de una hora y el segundo, de tres horas, y al cabo desestimaron las alegaciones de los abogados y declararon que el quorum del tribunal es correcto.
El caso de Odebrecht, que ha tenido ramificaciones en doce países de la región, se considera la mayor causa penal por corrupción en la historia reciente de la República Dominicana y ha llevado al banquillo a seis acusados.
