BOGOTÁ.- La Procuraduría General de Colombia solicitó este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) que anule la inscripción de 773,000 cédulas registradas para los comicios regionales y locales del próximo octubre por el riesgo de que se comentan actos de corrupción.
Así lo informó la entidad en un comunicado en el que afirmó que ese número de documentos representa el 24,27 % del total de nuevas cédulas inscritas para esta votación y por las que “existe alto riesgo” de trashumancia electoral.
“Esos registros están relacionados con personas cuya última inscripción electoral no coincide con la información sobre su residencia que se deriva de su inclusión en distintas bases de datos, como las de seguridad social”, agregó la información.
El 27 de octubre los colombianos irán a las urnas para elegir alcaldes de más de 1.100 municipios y 32 gobernadores, así como representantes a las asambleas departamentales y a los concejos municipales.
La Procuraduría detalló que los departamentos en los que existe mayor riesgo de que se cometa ese delito electoral son Boyacá con 60 municipios, seguido por Cundinamarca (40), Antioquia (35), Santander (27) y Norte de Santander (12).
Asimismo, los municipios con mayor número de cédulas inscritas a invalidar son Puerto Colombia (Atlántico) con 1.417, Sabaneta (Antioquia) con 5.846 y Puerto Gaitán (Meta) con 3.569, al igual que Cota y El Colegio, ambos en Cundinamarca, con 2.448 y 2.336 cédulas, respectivamente.
Debido a esto, la entidad pidió al CNE que anule esas cédulas, pues se puede vulnerar un artículo de la Constitución en el que se determina que “en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales (…) sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.
El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó ayer que se trabajará con la Registraduría, que organiza los comicios, para “fortalecer denuncias sobre trashumancia, compra de votos o cualquier constreñimiento al elector”.
El mandatario se reunió con su gabinete, instituciones del Estado y partidos políticos para adoptar medidas que mejoren la seguridad de candidatos e incentivar la denuncia de delitos electorales, a poco más de un mes de unas elecciones que se han visto opacadas por la violencia.
Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre los pasados 27 de julio y 15 de septiembre se reportaron 39 amenazas contra candidatos, dos fueron secuestrados, cinco asesinados y se realizaron cinco atentados contra aspirantes.
