SANTO DOMINGO.- La organización de la sociedad civil Participación Ciudadana (PC), manifestó este jueves su preocupación por la tardanza en la impresión de las boletas de votación que se utilizarán en las elecciones municipales del 16 de febrero.
No obstante, el entidad entiende que dicha tardanza no es culpa de la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) ni del Tribunal Superior Administrativo (TSA), pero que requiere del compromiso y esfuerzo de todos para alcanzar la meta de que estén listas en tiempo oportuno, sean distribuidas y alejar la posibilidad de dificultades logísticas que pongan en riesgo los comicios.
“Varios factores han producido una gran cantidad de recursos jurídicos, especialmente los relacionados con las primarias, las reservas de candidaturas y la equidad de género”, expresa PC en un comunicado de prensa.
Agrega que el TSE ha trabajado aceleradamente para dar salida a esos recursos, pero debe buscar una salida dentro del marco de la Ley para que sus decisiones no obstaculicen factores tan decisivos como la impresión de las boletas”, expresó el Consejo Nacional de PC mediante un comunicado de prensa.
Recordó que el Tribunal Superior Administrativo suspendió la resolución que establece el orden de los partidos en las boletas hasta tanto decida una solicitud de medida cautelar, lo cual impide imprimir las boletas a menos de 30 días de las elecciones.
“La audiencia para conocer la medida será celebrada este viernes 17 y ese día debe producirse una decisión en el sentido que entienda el magistrado apoderado, pero que además permita a la JCE continuar con su calendario hacia el 16 de febrero. Por igual, el TSE debe cumplir lo prometido y decidir en esta semana los casos pendientes para que la JCE pueda hacer a tiempo las correcciones necesarias en las boletas y mandarlas a imprenta”, afirmó.
Dicho comunicado también señala que el artículo 98 de la Ley de Régimen Electoral ordena que las boletas deben ponerse en manos de las juntas electorales en “tiempo oportuno”, y ese mandato no solo obliga a la JCE, sino, además, a los tribunales que conocen casos que pudieran incidir en el cumplimiento del mismo.
