Santo Domingo, D.N.- Los senadores y diputados de la República Dominicana, miembros de los partidos que encabezan las coaliciones opositoras con representación congresual, comunicaron al pueblo dominicano y a la comunidad internacional que en virtud de la grave alteración del orden institucional y democrático en perjuicio del pueblo dominicano no participaran en la Reunión Conjunta de las Cámaras Legislativas para la rendición de cuentas del Presidente de la República y la memoria de los ministerios.
Los legisladores denunciaron, con este acto, las constantes violaciones a la Constitución de la República y las leyes, la limitación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la permanente transgresión al principio de imparcialidad, equidad y transparencia del sistema electoral.
Acusaron a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana y el Gobierno de tener amenazada la democracia tratando de mantenerse en el poder debilitando los órganos de control político y restringiendo la libertad de tránsito, de expresión y asociación de los ciudadanos por medio de favores interesados o la coacción judicial y policial.
La acumulación gradual y sistemática de poderes cada vez más amplios permite que el partido oficial pueda instrumentalizar los poderes del Estado para desmantelar las normas e instituciones que permiten que las elecciones sean justas y libres.
Al hacer referencia al desafortunado evento electoral del domingo 16 de febrero estos dijeron que el pueblo dominicano se dispuso a acudir temprano y masivamente a las urnas; pero el fallo, claramente malicioso, de los equipos automatizados de votación impidió el legítimo derecho al voto a los ciudadanos. La Junta Central Electoral declaró la suspensión inmediata y total del proceso.
La suspensión de las elecciones municipales nos coloca ante una situación excepcional que tiene comprometido el orden constitucional y democrático del país.
Elevaron su voz de rechazo a las acciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público, los cuales mediante interrogatorios bajo tortura, pretendieron imputar la responsabilidad a un coronel y a un técnico con el único propósito de señalar falsamente como responsable del hecho al liderazgo opositor.
La sociedad esperaba una investigación seria que identificara los verdaderos responsables y explicara las causas de lo sucedido; pero la clara manifestación del uso del poder coercitivo del Estado con el único fin de lograr ventajas electorales frustró esa esperanza del pueblo.
El derecho al voto conculcado y la manipulación de la retorcida investigación de los hechos provocó la justificada indignación ciudadana que mantiene a los jóvenes movilizados y a toda la sociedad protestando a golpe de cacerolas.
Los legisladores de los partidos políticos de la oposición dijeron que prefieren escuchar las voces de los jóvenes movilizados en defensa de la democracia que escuchar al Presidente de la República justificando lo injustificable en la rendición de cuentas.
Los Congresistas aseguraron al pueblo dominicano, que siempre encontrará en ellos, a los defensores incansables y leales del orden constitucional que permitirá una institucionalidad democrática respetuosa de la soberanía del pueblo dominicano.
