Por Marino Ramírez Grullón
La Constitución habla de que los poderes del Estado son tres, Legislativo, Judicial y el Ejecutivo.
De esos tres poderes el legislativo debería ser el más representativo pues elige por provincias a los representantes congresionales que son supuestamente los voceros de las necesidades sociales y política ante el Congreso Nacional.
En la práctica el primer poder es el Ejecutivo, esto porque nunca o casi nunca un Congreso le devuelve o cuestiona una Ley de Presupuesto.
En el Congreso se hace lo que dice históricamente el Poder Ejecutivo.
Las asignaciones presupuestarias hacia el Congreso el Poder Ejecutivo tampoco las cuestiona, es más las eleva cada día con el propósito de mantener a los legisladores dóciles a sus propuestas.
En este país el legislativo tergiversa sus funciones y en vez de hacer leyes se dedican a resolver casos comunes propios de ministerios u otras funciones de tipo social que nada tienen que ver con el tema congresional.
De ahí la mancuerna ejecutivo-legislativo nada se cuestiona entre ellos y al final la aprobación de fondos presupuestarios se reparta de la mejor manera.
Pueden ustedes creer que el Congreso hace las leyes pero no se sujeta a ellas, sino que se elabora procedimientos especiales para ampararse en sus beneficios y privilegios.
Ahí están los casos de las pensiones, seguridad social, beneficios particulares, en fin todo lo que ellos le tiran a la población lo hacen en especial para ellos y las instituciones que forman el eje estatal constitucional al margen del pueblo.
Tenemos un Congreso más o menos inservible a la vista de la población porque solo legisla en su propio beneficio.
Esto ha llegado tan lejos que las luchas internas en el Partido de la Liberación Dominicano en el poder han sacado a relucir las debilidades de esa institución.
Las dádivas que se reparten entre ellos se translucen en vergüenza para las funciones que debe dar el Congreso y sus miembros, sino pregúntenle a Víctor Suárez y Rubén Maldonado.
