Por Balbueno Medina
La propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que persigue extender hasta los 65 años de edad el límite de las pensiones por vejez en el país, es un despropósito que amerita el repudio unánime de la sociedad dominicana.
Es lógico pensar que la Ley 87-01, de Seguridad Social, si necesita ser reformada, la medicación debe iniciarse por los aspectos que en la actualidad lesionan los intereses de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDS), no seguirles cargando el dado como persigue la SIPEN.
La medida de la SIPEN, revela claramente que no existe el más mínimo interés en ese organismo de buscarle una salida al conflicto que ha colocado la Ley de Seguridad Social como la legislación más rechazada por la sociedad dominicana, por su negación a los postulados de universalización y humanización de los servicios que pregona en sus primeras páginas.
Prolongar a 65 años el límite de entrega de pensiones a los dominicanos, significa simple y llanamente, continuar acumulándole recursos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para que sigan administrando a su antojo los dineros de los trabajadores e incrementando sus ganancias en base a los altos intereses que cobran por manejar las Cuentas de Capitalización Individual (CCI), de cada afiliado a la Seguridad Social.
El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), está en la obligación de rechazar inmediatamente el despropósito de la SIPEN y plantearle a ese organismo acogerse a las sugerencias que han hecho los sectores mayoritarios de la sociedad dominicana que demandan la reforma a la Ley 87-01, en los aspectos de las exorbitantes ganancias que obtienen las AFP, por el manejo de las Cuentas de Capitalización Individual, y la adecuación razonable del pago de los montos de pensiones por invalidez y sobrevivencia, etc., etc.
La SIPEN lo que debe, en estos momentos de crisis que vive el Sistema Dominicano de Seguridad Social, es proponerle al Consejo Nacional de la Seguridad Social, reducir las ganancias que mantienen las AFP, de un 30 por ciento, al 10 por ciento, o al 15 por ciento, y destinar los recursos ahorrados al pago de las pericas pensiones que se han otorgado por invalidez y sobrevivencia a las personas que por no haber acumulado las 360 cotizaciones necesarias se han visto en la obligación de solicitar esas modalidades de pensiones.
Mientras en la mayoría de los países de América Latina y del mundo las AFP cobran entre un 7 y un 10 por ciento para administrar las Cuentas de Capitalización Individual, en la Republica Dominicana esas instituciones les cobran a los afiliados a la Seguridad Social un 30 por ciento, lo que equivale a un ganancia de más del 20 por ciento por encima del promedio mundial, y pese a eso la SIPEN ha querido penalizar aún más a los perdedores de la Ley 87-01.
Quisiéramos creer que la propuesta de la SIPEN, ha sido filtrada por error, porque desde el punto de vista de la lógica de un organismo que maneja a profundidad el tema de las pensiones en República Dominicana, no puede provenir un insulto como ese a la colectividad nacional, sobre todo cuando el pueblo ha sido el que ha pedido que el tema sea revisado en torno al porcentaje de ganancia que obtienen las AFP como producto del manejo de los recursos de los trabajadores.
Abogamos porque desde los diferentes estamentos de la sociedad dominicana surjan propuestas razonables y no conflictivas, que lejos de crear tensiones y temores a los cotizantes a la Seguridad Social, les abra las esperanzas de que en el futuro tendremos una legislación que beneficiara a la mayoría de la población del país.
La SIPEN está a tiempo de enmendar ese error que ha puesto de patas arribas a todo el país, y que sin lugar a dudas provocara un gran revuelo a lo interno del Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde hay personas que en su mayoría apoyan a las buenas acciones de la sociedad dominicana, pero donde también existen sectores inescrupulosos que en aras de alzarse con el Santo y la Limosna, por ganar, ganar, son capaces de apoyar ese despropósito.
