SANTO DOMINGO. Al ministro de Economía Isidoro Santana le preocupa la alta centralización del Estado y el débil poder de decisión de los municipios, que influyen directamente en la planificación territorial.
“Los latinoamericanos no sé cómo vamos a hacer pero necesitamos buscar la forma de conseguir un Estado más descentralizado”, dijo ante un foro com- puesto por representantes del área de planificación y economía de países de la región.
Sobre la República Dominicana, puntualizó: “Intentamos hacer algunas cosas, mover algunas cosas, pero nos encontramos con la enorme debilidad institucional de los municipios sobre todo para cobrar sus propias fuentes de financiamiento”.
Recomendó que se planteó que como el Gobierno depende más de los impuestos indirectos porque son más fáciles de cobrar, que los recaude y les transfiera 10 % a los municipios de los ingresos fiscales.
“Creo que cometimos un error enorme -dijo-, y es que no se trazó una frontera muy clara de dónde está la potestad de gasto: si en la nación o el municipio, y eso provocó, en una cultura centralista, que aun cuando lo que se trata es de reparar un camino vecinal o de definir sobre la disposición de los desechos o de la organización del tránsito, pues la gente seguía reclamándole al Gobierno nacional (…) y el Gobierno nacional entonces reaccionó incumpliendo en la práctica ese mandato de transferir el 10 por ciento de los ingresos”.
La semana pasada, en el último día de la XXVII Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes) -que forma parte de la Cepal-, Santana alertó: “Si no logramos resolver en gran medida estas cosas, el cumplimiento de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está en riesgo”.
Ya un día antes, el ministro había advertido que la ausencia de dos instrumentos legales están impidiendo un mayor desarrollo del país. Desde hace más de cuatro años el Poder Ejecutivo entregó al Congreso los proyectos de la Ley de Regiones Únicas y la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos sin que hasta el momento se hayan aprobado. Santana afirmó que el Estado necesita de esas normas para poner un poco de orden.
“Aquí cada institución del Estado tiene oficinas regionales diferentes de otras y entonces es muy difícil coordinar el trabajo. Y, tanto por cuestiones medioambientales como de desarrollo social, hay que tener un determinado orden de cuáles son los espacios que se pueden usar para cada actividad humana”, dijo.
Entre tanto, el director de Inversión Pública, Miguel Hernández, recordó que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 obliga la República Dominicana a llevar adelante una descentralización. Cree que el efecto puede ser una mejor repartición de la inversión, con lo que se reduzca la desigualdad y la tendencia a que la mayor parte de los recursos se inyecte en las grandes ciudades, dejando a las regiones fronterizas en niveles inferiores de desarrollo y, por tanto, con más pobreza.
