Editorial 15-10-2017
La seguridad ciudadana es una acción integrada que desarrolla el Estado, con la cooperación de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, cuyo objetivo a asegurar la convivencia pacífica, evitando la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.
Ese bien tan importante se está deteriorando de manera sostenida en nuestro país.
La percepción de inseguridad de la población en República Dominicana es una de las más altas de la región, de acuerdo a un diagnostico presentado recientemente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El asesinato del abogado y profesor universitario, Yuniol Ramírez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado encadenado a unos blocks y con un impacto de bala en un arroyo de Manoguayabo, aumenta la sensación de inseguridad.
Cuando hablamos de seguridad ciudadana nos referimos a que debe ser garantizada la integridad física, la seguridad jurídica y los derechos humanos de los miembros de una sociedad, en este caso, de la republica Dominicana.
El sistema le fallo a Yuniol Ramírez, pues le fue violada su integridad física, la justicia todavía no ha sancionado a sus asesinos y le transgredieron el derecho fundamental más impórtate de todos! la vida!
Ya han surgido varias conjeturas.
¿El asesinato fue realizado por el crimen organizado, fue un crimen de Estado, fue un crimen de simple raterismo?
No lo sabemos, pero las autoridades tienen el deber de despejar esta incógnita.
La policía, los organismos de investigación y el ministerio público deben presentar una información satisfactoria al país.
La seguridad ciudadana es una variable clave para propiciar el clima de confianza necesario para la consecución de las actividades sociales y económicas que posibilitan el desarrollo económico y social de toda nación..
Eso quiere decir que si permitimos que los actos de violencia, y la criminalidad queden impunes, estaremos aniquilando el potencial de desarrollo económico y social de nuestra sociedad y todos saldremos perjudicados, incluyendo a los perpetradores de este espantoso crimen.
En consecuencia, por nuestra seguridad ciudadana, por nuestra democracia, por nuestra economía y por nuestra constitución que establece que somos un Estado social democrático y de derecho, necesitamos que los culpables de este horrendo asesinato paguen por sus hechos.
Sea quien Sea.
