La policía nicaragüense arrestó el domingo a 26 personas, impidiendo que se llevara a cabo una nueva marcha de la oposición para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Reuters
Managua,- Las protestas contra el Gobierno comenzaron en abril como reacción a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para incluir demandas de justicia por la muerte de decenas de estudiantes durante las primeras manifestaciones.
Entre los detenidos se encuentran dirigentes políticos y activistas de la sociedad civil, según un listado divulgado por la organización no gubernamental nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos.
«Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Libertad para los presos políticos», decía entre gritos Tamara Dávila, una líder opositora, momentos antes de ser subida a una patrulla.
La policía había advertido el sábado que la protesta era ilegal y que haría lo que fuera para impedirla. El propio Ortega criticó también la marcha durante un discurso ante sus seguidores. «Están sedientos de sangre», arengó.
Desde tempranas horas del domingo, tropas especiales de la policía y simpatizantes del Gobierno comenzaron a patrullar las calles de Managua, agrediendo incluso a periodistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) condenó las detenciones a través de su cuenta de Twitter y llamó al Gobierno de Ortega a respetar las manifestaciones públicas y el derecho a la libertad de expresión.
«La @CIDH expresa profunda preocupación por detenciones de esta mañana en #Nicaragua y reitera que la protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos; llama al Estado a respetarlo y garantizar seguridad de las personas en contextos de manifestantes públicas de protesta», dijo.
Según organismos de derechos humanos, incluida la ONU, la respuesta de las autoridades ha sido represiva y sostienen que cientos de personas han muerto en casi siete meses de disturbios, en su mayoría a manos de las fuerzas del orden o grupos afines al presidente.
