En República Dominicana, desde la Constitución del año 2010 modificada en el 2015, en lo referente a la administración pública ha operado un cambio de paradigma muy interesante. Este cambio, viene dado por la configuración de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho que fue adoptado en el artículo 7 del texto constitucional.
Esta cláusula obliga al Estado a establecer políticas públicas para hacer operativo esta aspiración. Vinculado a esta se encuentra postulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), Ley 1-12 del 2012, específicamente en el eje 1, la Cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho. Es importante precisar, que los cuatros objetivos que conforman este eje se refieren al Estado de derecho y la democracia.
Este eje, está estructurado en cuatros objetivos generales y el primero de ello hace referencia a la aspiración de lograr una “Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados”.
En el presente artículo, se hace referencia a este primer objetivo general, donde se analizará el nivel de cumplimiento en función de los indicadores y las metas establecidas en la END-2030 y el aporte que viene realizando el Defensor del Pueblo como institución nacional encargada de la promoción y protección de los Derechos Humanos, Fundamentales y Medio Ambientales según lo establece la Constitución en sus artículos 190 al 192, los Principios de Paris y la Ley 19-01 que instituye el Defensor del Pueblo.
En este contexto, según los informes publicados por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo en los informes 5to, y 6to, donde se establecen los niveles de avance en relación al cumplimiento de este objetivo en función de los indicadores establecidos y las metas que se pretenden lograr para el año 2020. Según estos informes el eje 1 es el que menos ha avanzado de los cuatros (4) que se han definido en la END-2030.
Sobre el nivel de avance en función de la meta para el año 2030 que es de 28, según el informe en el año 2015 el nivel de avance se ubicaba en un 19, lo cual representa un 67.9% y para el año 2016, habíamos retrocedido a 15, lo que representa un 53.6% en relación a la meta. Para el 6to, informe realizado en el año 2017 el comportamiento de este eje fue diverso donde cuatros (4) de los indicadores presentaron avance promisorio hacia la meta 2020 para un 40%, un (1) indicador mostró crecimiento moderado para un 10%, cuatro (4) mostraron retroceso para un 40% y de un (1) no se presentó información. En materia de fortalecimiento institucional el atraso patente y en lo referente a lograr la consolidación de una administración eficiente aún falta mucho camino por recorrer.
Sobre el Defensor del Pueblo, es importante destacar que, aunque en la línea de acción No.1.3.1.6 se establece que, como parte del fortalecimiento institucional, hay que: “Fomentar la función de la Defensoría del Pueblo y la concienciación de la población sobre su rol como instancia para la salvaguardia de sus derechos”. Sin embargo, para esta institución no se establecieron indicadores ni metas, esto es así, porque la designación de su titular la defensora del pueblo, doctora Zoila Martínez Guante se realizó del 15 de mayo del año 2013.
En este contexto, hay puntualizar que a pesar de esta situación, desde el Defensor del Pueblo con las sugerencias y-o referimientos que realiza la Dra. Martínez Guante a las instituciones públicas; las comunicaciones enviadas al Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez y las actividades formativas que se están desarrollando a nivel nacional, dirigidas a los ciudadanos, funcionarios y empleados públicos, se está haciendo un aporte para cumplir las metas que nos hemos trazados en la END-2030.
En síntesis, estos niveles de incumplimiento deben llevar a reflexionar y aportar desde las diferentes instancias en que nos encontremos, al logro de las metas establecidas en la estrategia, ya que en ella se establece la visión de país para el año 2030. En ese sentido, lograr la meta es asunto de todos y por ello se hace un llamado a la población a empoderarse, a entender que el Estado es de todos y por consiguiente todos están compelidos a propiciar el fortalecimiento y la consolidación de la institucionalidad.
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Por: El Consejo Editorial del Defensor del Pueblo
