El Ministerio Público responderá desde este lunes los señalamientos de violación al debido proceso, arbitrariedad, sesgo, parcialidad y falta de objetividad argumentados por los siete imputados en el caso de sobornos de Odebrecht.
Los fiscales litigantes deberán explicar por qué si tuvieron autorización judicial para interrogar a los exejecutivos de Odebrecht en Brasil, no hicieron esos anticipos de pruebas para sustentar su acusación de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores contra Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista García, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús –Chú– Vásquez.
También deberán indicar al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, si es cierto que obtuvieron sin autorización judicial, orden judicial vencida, el microfilm del cheque que evidencia que una de las empresas de Rondón Rijo hizo un pago a la cuñada de Roberto Rodríguez, usado como prueba de que el exfuncionario fue sobornado.
