Por: José Francisco Peña Guaba
Esta misma semana publicamos el escrito titulado “La obligada prudencia”, en el que advertimos que el partido de gobierno defendería la restauración del arrastre que la Junta Central Electoral, en una valiente actitud, había limitado a sólo 6 provincias.
Reiteramos que la JCE tomó una decisión aguerrida en el asunto del arrastre, decisión no valorada adecuadamente por el sistema de partidos. Reinstaurarlo sería una perdida para los partidos y para la sociedad en su conjunto.
Cuando se toman decisiones no ponderadas adecuadamente, como las que en este caso están asumiendo los partidos políticos, se produce la sensación de que la Junta está tomando decisiones cuestionables. En esta ocasión el ataque contra la JCE, con razón o sin ella, ocurre por ambos blancos: de un lado quienes niegan el arrastre, del otro quienes desean su eliminación total. Sus representantes son prácticamente todos los partidos. De otro lado, el PLD y los congresistas los pro-arrastre también atacan a la Junta, con el deseo manifiesto de que permanezca una situación insostenible.
El tema del arrastre y la solución pretendidamente equilibrada de la JCE al respecto generan acalorados debates, al punto de que en la comisión designada por el Comité Político del PLD se incluyó al Dr. Radhamés Jiménez Peña, con la intención de hacer mostrar que el leonelismo es parte de los que apoyan también la posición del arrastre, para con ello dar una sensación de unidad monolítica en ese tema del partido de gobierno.
No es inocente el hecho que en dicha comisión estén dos senadores, y que quien la coordine sea el Dr. Reinaldo Pared Pérez Secretario General de dicha organización política y Presidente del Senado, los cuales tendrán que llevar las acciones judiciales pertinentes con el interés de hacer consagrar nueva vez el arrastre en el sistema electoral para todas las provincias.
Hoy simplemente no sabemos a ciencia cierta cuál será finalmente el mecanismo jurisdiccional apropiado para restaurar el arrastre. En cualquier caso, buscarán la vía que le sea más expedita para lograrlo.
Aquí nos centramos en identificar el proceso de descrédito que está provocando el tema para la Junta Central Electoral. El asunto es preocupante, pues la JCE recién inicia la aplicación del complejo calendario electoral, en cuya gestión realizará actividades y tomará decisiones que necesariamente exigirán respaldo y confiabilidad, dos elementos que le estamos negando a esa institución.
Sin quizás, los políticos necesitan apoyar lo que les conviene y rechazar lo que no. En este caso, la oposición se ha dejado llevar por el ímpetu y no logra ver ningún aspecto positivo en una decisión que, sin embargo, le favorece en 26 de 32 provincias. Por el contrario, se abre una pugna política en la que no se identifican ni vencidos ni vencedores, a las puertas de un proceso electoral complejísimo, prácticamente obligando al partido de gobierno a lanzarse de lleno, a mover sus influencias a favor de su posición de mantener el arrastre.
Los partidos y sectores opositores al arrastre lo critican con la misma ferocidad. Ambos parecen decididos a llevarse de encuentro la credibilidad de la JCE, sin importarles ni el proceso electoral, ni el calendario, ni el cumplimiento de plazos, ni valorando el esfuerzo realizado por encontrar una solución que, en realidad, está conforme con la ley en el sentido de que ciertamente, sin discusión, en algunas provincias se han creado circunscripciones y en otras no. Eso no es medalaganario sino producto del nivel de población que la provincia contenga. Y el legislador, al hablar del arrastre del senador y el diputado, lo hace en el contexto de las circunscripciones electorales. De donde, no puede afirmarse como ahora se hace de manera alegre, que la solución de la JCE al tema del arrastre sea un invento ni traída por los pelos.
Ampararse en la discusión mediática no soluciona el problema. Tampoco lo solucionan las acciones, recursos y pleitos judiciales mientras nos llevamos por delante la JCE completa y con ello, a reconocidos profesionales que están haciendo lo mejor que pueden dentro del marco legal caracterizado por leyes confusas.
Me resulta difícil entender cómo, después de la decisión del partido de gobierno de combatir el arrastre, sea cuestión de coser y cantar para que se elimine de golpe y porrazo en todas las provincias. Sin acuerdo, sin consenso, sin mediación política no será posible que ni uno ni otro bando consigan lo que quieren… excepto tratar de desacreditar en el proceso hasta lo indecible a la JCE, al Tribunal Superior Electoral y posiblemente hasta al Tribunal Constitucional. Y en el ínterin, nadie quiere acordarse de que incluso ahora mismo, existe el arrastre en el nivel municipal, los regidores arrastran al alcalde y los vocales a los directores de distritos municipales.
Si a fin de cuentas se reinstaura el arrastre en el nivel congresual, entonces los partidos habrían perdido su causa contra el arrastre por su sola falta de criterio, de metas, de unidad y sobre todo de reconocimiento a quien sólo quiso colaborar a una solución factible del problema. Es claro que los partidos opuestos al arrastre con su posición radical han obligado al partido de gobierno a actuar contra una decisión que, de habernos encontrado en una posición unitaria de defensa a dicha decisión equilibrada de la Junta, hoy le sería muy difícil atacarla porque encontraría el muro de defensa de la gran mayoría de los partidos y del organismo comicial, todos decididos a defenderla.
Los partidos y la oposición no entienden que ellos no han designado ni Junta ni jueces en los tribunales. De ahí, el error de no entender lo corajuda de la decisión de los miembros de la Junta en eliminar el arrastre en 26 provincias en contraposición al deseo de quienes los eligieron.
Cada sector político, en su momento, ha querido tener al frente de la Junta a alguien que le dé garantía de apoyo a sus posiciones. ¿Alguien osa pretender creer que sin la aguerrida posición del prestigioso jurisconsulto Dr. Manuel Ramón Morel Cerda hubiese podido llegar el PRD e Hipólito Mejía al poder en el año 2000?.
La mayoría casi absoluta de los partidos no queremos el arrastre. Lo entendemos discriminatorio. Pero el pensar que con presión mediática y con recursos fútiles se nos va a otorgar el cien por ciento de la razón, es un infantilismo producto de no conocer el entramado del poder en nuestra nación.
De manera que, como sostuvimos hace pocos días, por mantener tan enconadas posiciones contra la JCE lo que hemos hecho es provocar una defensa esperada por parte del PLD: la del arrastre a todos los niveles.
