El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, Manuel Ortiz Tejada, denunció que el gobierno, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) adeuda más de cinco mil millones de pesos a los suplidores del Desayuno Escolar que se sirve en las escuelas de Jornada Escolar Extendida.
El dirigente comercial y empresarial afirmó que esa deuda tiene al borde del colapso a los suplidores de alimentos para estudiantes de Jornada Extendida y también dificulta las operaciones de las empresas y comercios que a su vez los surten de los productos para su preparación.
“Qué sucede con eso? Que los proveedores de los proveedores del Desayuno Escolar tienen problemas, porque esa micro y pequeña empresa no les pueden pagar”, razonó el presidente de FENACERD al ser entrevistado por los periodistas José Miguel Carrión y Daniel Candelario en el programa “Tres a la Semana”, que se difunde por Cinevisión, Canal 19.
Ortiz Tejada puntualizó que a los comerciantes les interesa que se apruebe un aumento salarial a los trabajadores porque circularía más dinero y se incrementarían las ventas.
Manifestó que si se aprueba un aumento salarial sin que antes se haga una reclasificación de las empresas, unas 300 mil micro, pequeñas y medianas empresas correrían el riesgo de desaparecer, porque no tendrían capacidad para disponer esos incrementos, a lo que se suma los problemas que enfrentan por la falta de circulante y otros problemas propios de los negocios de esa naturaleza.
Indicó que un reajuste salarial, unido a los problemas que enfrenta el sector por la falta de un mecanismo de pago simplificado tributario sería fatal para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Nosotros no estamos negados a aumentar. Queremos que eso se mantengan y se escriba, no que estamos negados a aumentar el salario. Sin embargo, en nuestro país existen leyes que se discutieron y se aprobaron”, dijo.
Indicó que a nivel internacional se hizo una reclasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, que estableció los parámetros sobre los cuales se miden estas, “pero nuestros amigos sindicalistas quieren desconocer la ley y quieren como dar la galleta y después hablamos, que sería como decir auméntame el salario y después hablamos”.
Sostuvo que no se puede pensar que una empresa que cuente con un capital y en muebles equivalentes a cuatro millones de pesos sea clasificada como una empresa grande. Afirmó que la el sector laboral pretende que las empresas sean clasificadas en base a los parámetros que existían en 1992.
Expresó que la situación de las micro empresas que se forman en casas de familia es peor, ya que a pesar de que el esposo, la esposa y familiares trabajen en la misma, si cuentan con un activos superiores a los cuatro millones, incluida como activo la casa familiar, tiene que pagar a sus empleados el salario mínimo mayor que pagaría una empresa realmente grande.
Dijo que el sector que representa está de acuerdo con que se produzca un aumento salarial, en vista de que no hay circulante en las calles, situación que afecta la estabilidad y oportunidades de progreso de unos 30 mil pequeños y medianos comerciantes a nivel nacional.
Manifestó que los comercios en los barrios atraviesan una dificultad extrema por la falta de circulante y la disminución de las ventas hasta en un 25 por ciento. Subrayó que si las pequeñas y medianas empresas no disponen de recursos se produce un problema que los afecta en cascada.
A juicio del presidente de FENACERD, en República Dominicana no se quiere respetar la ley, a pesar de que más de dos millones de personas viven de las microempresas y no tienen seguro de vida, de salud, de riesgos laborales ni percibirán ninguna jubilación.
