Por :Haivanjoe NG Cortiñas
Recientemente fui invitado por las autoridades que administran la Maestría en Derecho Electoral y Procesal Electoral que auspician el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a impartir una conferencia acerca del tema de la economía y las elecciones, la que con gusto acepté por la distinción y porque me ofrecía la oportunidad de socializar algunas aplicaciones con los que hacen academia.
La conferencia llevó por título: La economía dominicana en las elecciones generales. Para su tratamiento, partimos de las afirmaciones que indican que las elecciones impactan sobre la economía o lo contrario, esto es, que la economía impacta sobre las elecciones y si las políticas fiscal y monetaria son utilizadas con fines políticos, para ello nos auxiliamos en términos teóricos de la utilización del fundamento de la teoría de la elección pública positiva, que inició su desarrollo desde los tiempos de Joseph Schumpeter, luego con Michal Kalecki y otros, hasta llegar a James Buchanan, teniendo además, el apoyo complementario de la teoría del ciclo político presupuestario, que procura maximizar los propósitos políticos.
La temática fue delimitada temporalmente por las últimas seis elecciones presidenciales que se han desarrollado en República Dominicana; las que van desde 1996, la de 2000, luego la de 2004, posteriormente la de 2008, seguida de la de 2012, hasta llegar a la de 2016 y en las que han competido todo el espectro de las organizaciones políticas que forman parte del sistema de partidos.
Esta opinión no ignora que el tema tiene posiciones encontradas, tanto desde la óptica coloquial, como desde del político, pasando por lo mediático y derivando cada una en puntos de vista que dan como resultado creencias generalizadas que se convierten en mitos o verdades provisionales. De ahí que, algunos afirman que las elecciones dañan la economía en países menos desarrollados, dada la debilidad institucional, porque las reglas del juego no se respetan, se cambian como le parezca a la élite gobernante, haciendo que las decisiones de invertir y de determinados tipos de consumo, se retrasen deliberadamente o no se realicen, frenando la actividad económica.
Otros consideran que en años electorales los gobernantes utilizan el dinero público, haciéndolo correr por el torrente político nacional y en los sectores sociales vulnerables del país, como forma de atraer electores, enterados de que esos sectores actúan o dejan de accionar sin conocimiento de causa, porque operan en ignorancia racional, bajo la lupa del método individualista, lo que es aprovechado por el denominado oportunismo político estatal de la élite gobernante, que actúa con conocimiento de esa causal.
Por otro lado, también algunos plantean que la ejecución presupuestaria se administra inclinada a favor del partido de gobierno, sin ningún tipo de escrúpulo, pese a la existencia de determinados controles normativos, pero que se sienten tentados por las debilidades en el régimen de consecuencias, lo que provoca déficit fiscal y lo hace regla de oro, donde el costo financiero presupuestario queda por debajo de los beneficios políticos electorales que se alcanzan para el partido de gobierno y sus actores claves.
Todo lo anterior hace, a juicio de muchos, que la posición fiscal y monetaria que asumen las distintas autoridades de turno, determinen posiciones de política económica amigables a los propósitos políticos electorales y no al propósito supremo de la estabilidad de precios con crecimiento económico, dando argumento apriorístico para sostener la validez del ciclo político presupuestario.
Como sustento a los distintos juicios externados, se muestran los casos de que alguna institución gubernamental realizó determinados gastos, que el déficit fiscal creció, así como la deuda pública, que se aumentó la nómina estatal, que la desconfianza se apodera de los agentes económicos, haciendo que el tipo de cambio del peso por el dólar estadounidense aumente su cotización, que la inflación es más alta que antes, que la inversión se contrae, que el desempleo aumenta, porque la economía no se mueve, entre otras razones no menos relevantes.
Entonces, basado en un conjunto de variables económicas, que ascienden a doce, examinamos el desempeño de la economía nacional, considerando los contextos locales e internacionales, como la crisis bancaria en el país del año 2003, con metástasis en variables reales de la economía, cambiaria, financiera, monetaria y del clima de confianza y la crisis financiera internacional originada en los Estados Unidos e iniciada durante 2007/2008, teniendo repercusiones a nivel de los principales mercados financieros y el comercio mundial.
La ponderación del desempeño económico, medido por doce variables, fue cruzada con los seis resultados electorales presidenciales, identificando distintos hallazgos que permiten corroborar o refutar los variados juicios precedentemente descritos en esta opinión y que contribuyen por esa vía elevar el grado de acercamiento hacia la construcción de enunciados, que luego son provistos de evidencia empírica para sustentarlos, al tiempo de argumentar explicaciones que se aparten del mundo de los juicios meramente especulativos.
Entre las conclusiones más relevantes que podemos mencionar, están que de las seis elecciones presidenciales dominicanas, en cuatro, el desempeño económico positivo favoreció el resultado electoral para el partido de gobierno, que un resultado positivo de la economía no favoreció al partido de gobierno en términos electorales y por otro lado, que un resultado económico negativo perjudicó al partido de gobierno de turno, facilitándole ganar las elecciones al partido de la oposición.
Por el lado de indicadores de naturaleza monetaria, un hallazgo de importancia fue que se encontró evidencia empírica abundante que permite sostener que el circulante no aumenta en los años electorales, como comúnmente se argumenta, y que por el contrario, hasta es menor que en los años anterior y posterior al de las elecciones presidenciales que se han desarrollado en las últimas dos décadas en República Dominicana.
En lo relativo a los indicadores de tipo fiscal, como el del gasto público dominicano, identificamos que no hay evidencia empírica lo suficientemente fuerte, como para inclinar la balanza a favor de quienes plantean que se produce aumento del gasto público en los años de elecciones generales; resultando en el auscultamiento, que en ocasiones han ocurrido aumentos, en otras disminuciones o ha permanecido igual el monto del gasto público.
Al margen de no encontrar evidencias contundentes que sustente la teoría de la elección pública en su acepción positiva, lo cierto es, que no resulta despreciable promover la aprobación cada vez mayor de regulaciones que permitan controlar y limitar las decisiones de los actores políticos en el ejercicio gubernamental con un régimen de consecuencias, haciendo uso del segundo componente de la referida teoría, en cuanto a desarrollar un marco institucional que reste poder político discrecional a la élite política y favorezca el empoderamiento de la colectividad civil.
