Santo Domingo-La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN), el Consejo Nacional de Sociedades Especializadas y el Colegio Dominicano de Bioanalistas (CODOBIO), luego de la valoración y estudio del proyecto de ley que establecería el Examen Único de Residencias Médicas, expresan su profunda preocupación institucional por las incongruencias, ambivalencias y contradicciones observadas en el contenido del mismo.
El primer elemento a destacar es la confusión del autor del citado proyecto, doctor Mario José Hidalgo Beato, quien en el título del documento se refiere a la ley sobre el Examen Único de Residencias Médicas, pero en el fondo trata acerca de la Regulación del Ejercicio Profesional de la Medicina, regulación que está establecida en el país por la Ley 60-97 sobre el Ordenamiento del Cuerpo Médico Hospitalario, la Ley 42-01, Ley General de Salud, la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, así como por la Ley 68-03 de Colegiación Médica, y la Ley 111-42 de Exequátur, y sus modificaciones.
Resulta violatorio a la Ley General de Salud que en el proyecto se establezca en el sexto considerando de su propuesta que el Examen Único de Residencias Médicas es un requisito fundamental para que tanto los médicos nacionales como extranjeros puedan obtener su exequátur y/o su año de pasantía. El exequátur que habilita a los profesionales para el ejercicio liberal de la medicina lo otorga el Poder Ejecutivo al certificar que los médicos solicitantes cumplen con los requisitos académicos establecidos y han realizado la pasantía.
Al parecer, el Dr. Hidalgo Beato, que como congresista debe contribuir a la producción de normativas jurídicas claras y pertinentes, en apoyo al cumplimiento de las funciones de los órganos estatales y de la Constitución de la República, se confunde nueva vez, y estimula el irrespeto a las atribuciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCyT, cuando propone que la estructura del plan de estudio de la carrera de medicina descanse en una ley que reduce al ministerio regulador de la educación superior a una instancia de segunda categoría.
La intencionalidad del legislador, de crear un dispositivo legal que propicie la reducción del gasto en salud, mediante la disminución de egresados de la carrera de medicina, a través del incremento de los requisitos para optar por una plaza de residencias médicas, al igual que la abolición de la pasantía rural, atenta contra el derecho del pueblo dominicano a la salud. Esa propuesta es un reflejo de la indisposición del sector salud de ampliar el número de plazas de residencias médicas, las cuales rondan las 1,200, cuando el número de aspirantes sobrepasa los 5,000 médicos.
