La Fiscalía General de Venezuela anunció el martes la apertura de una investigación por el supuesto manejo irregular de los fondos de un plan de asistencia a militares desertores y acusó al líder opositor Juan Guaidó de ser el autor intelectual de la operación.
La apertura del proceso fue anunciada por el fiscal general, Tarek William Saab, quien acusó a Rossana Barrera y Kevin Rojas, ambos miembros del partido opositor Voluntad Popular, de ser los supuestos “autores materiales” del hecho y dijo que Guaidó es el “autor intelectual”.
Saab indicó que supuestamente Barrera y Rojas “falsificaron facturas” y utilizaron los recursos para “gastos personales, alcohol e incluso prostitutas” y que se presume que también los emplearon para financiar acciones de desestabilización en Venezuela.
Agregó que Barrera y Rojas, quienes se encuentran en Colombia, serían enjuiciados por los delitos de legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir.
“A Juan Guaidó le debería dar vergüenza dar declaraciones cuando encabeza una mafia de corrupción”, expresó Saab.
El anuncio se produjo un día después que el también jefe de la Asamblea Nacional informara que la oposición dejaría en manos de la Fiscalía de Colombia la investigación sobre el plan de asistencia a los varios centenares de militares venezolanos que huyeron hacia Colombia a partir de febrero.
Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, indicó que en el proceso están comprometidos fondos canalizados por la agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Colombia, que se estiman en unos 90.000 dólares, y descartó que su administración maneje recursos de la ayuda humanitaria.
Según estimaciones de las autoridades colombianas, más de un millar de militares venezolanos huyeron hacia Colombia para expresar su apoyo a Guaidó y fueron alojados en hoteles de la localidad de Cúcuta, próxima a la frontera con Venezuela.
El caso se conoció tras un reporte que publicó la semana pasada un medio internacional. Las autoridades han aprovechado el hecho para atacar a Guaidó.
Por otra parte, un tribunal ordenó que el jefe del despacho y mano derecha de Guaidó permanezca detenido mientras enfrenta un juicio por presunta conspiración, en la antesala de la visita al país de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Un juzgado capitalino acordó la madrugada del martes que el abogado Roberto Marrero permanezca en prisión mientras se le sigue un juicio por los supuestos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración, anunció en un comunicado el Tribunal Supremo de Justicia.
Marrero, estrecho colaborador de Guaidó, fue apresado en marzo por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) -la policía política- durante un allanamiento a su apartamento ubicado en el este de Caracas.
Su abogado, Joel García, denunció el martes que el caso de Marrero “está plagado de irregularidades” que van desde el acta policial que lo incrimina hasta cuando le “siembran los fusiles” en su apartamento. Tras el anuncio del tribunal García pidió a Bachelet que se reúna con organizaciones humanitarias, abogados y víctimas para que escuche al “otro lado que está clamando por los derechos humanos”.
Las autoridades acusan a Marrero de formar parte una “célula terrorista” que preparaba una serie de asesinatos selectivos para generar desestabilización en el país.
De acuerdo con estimaciones de la organización humanitaria local Foro Penal en el país hay 715 presos políticos de los cuales unos 600 son civiles y el resto militares.
Bachelet estará entre el 19 y el 21 de junio en Caracas y sostendrá encuentros con el presidente Nicolás Maduro y Guaidó. También tiene previsto reunirse con organizaciones humanitarias y víctimas de violaciones de derechos civiles y políticos.
El viaje de la alta comisionada ha generado gran expectativa debido a que desde hace varios años no visitaba Venezuela un funcionario internacional de alto nivel en materia de derechos humanos. El antecesor de Bachelet, Zeid Ra’ad al Hussein, había solicitado venir a Caracas pero las autoridades le negaron el pedido y lo acusaron de emitir comentarios “infundados” e “irresponsables” al denunciar violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.
