JERUSALÉN.- La Policía israelí está poniendo multas de hasta 5.000 shéqueles (unos 1.200 euros) a los confinados que violen la cuarentena y también a quienes difundan noticias falsas sobre el coronavirus, en su intento de frenar la expansión.
Las multas se podrán poner a cualquiera que “viole las instrucciones que se han dado” desde el Gobierno para hacer frente al virus, que de momento ha contagiado a 250 personas en el país, según la estadística oficial, aunque expertos en salud señalan que esa cifra podría en realidad ascender a miles.
“Hemos abierto más de 50 casos delictivos contra los que violan las instrucciones, así como contra quienes difundan noticias falsas, que se encuentran sobre todo en los medios sociales, en todo tipo de grupos”, declaró hoy el comandante policial Guilad Bahat.
Aunque Israel todavía no ha registrado ninguna muerte por el COVID-19 y fue uno de los primeros países en poner en marcha serias restricciones fronterizas, crecen las críticas de la población por la lentitud para llevar a cabo las pruebas de diagnóstico y hay cada vez más voces que piden mayores limitaciones a la movilidad.
Hoy se anunció el cierre del principal laboratorio del Ministerio de Sanidad para llevar a cabo los test, por la infección de su director por coronavirus, lo que ha obligado a poner a todos los trabajadores en cuarentena. En estos momentos se hacen en el país tan solo unos 400 pruebas diarias.
También hay quejas de los trabajadores sanitarios, que denuncian no tener equipos de protección suficientes, como mascarillas y guantes. Si un profesional resulta infectado, advierten, obligará a poner a los compañeros con los que ha estado en contacto en cuarentena, cerrando centros médicos en un momento en el que son de vital importancia.
Una medida controvertida que sí ha aprobado el Gobierno es el seguimiento con herramientas de espionaje a las personas infectadas, a la que se han opuesto partidos de la izquierda y movimientos que defienden los derechos sociales.
Según informó hoy el diario Yediot Ahronot, altos cargos del Ministerio de Sanidad han recomendado ya en varias ocasiones al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, que imponga un cierre general y declare la situación de emergencia económica, que supondría el cierre de toda la infraestructura y empleo no esencial.
Por el momento, el Ejecutivo ha ordenado el cierre de bares, restaurantes y lugares de ocio, colegios y limitado los encuentros a una concentración máxima de 10 personas, además de prohibir la entrada de turistas o extranjeros que no tengan una residencia en el país en la que pasar una cuarentena de 14 días a su llegada, como tienen que hacer también los israelíes que vengan de fuera.
