SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) indicó este jueves que no hay justificación técnico-científica que justifique la exigencia de pruebas PCR de COVID-19 para la realización de procedimientos médicos quirúrgicos electivos a pacientes.
Según comunicado de prensa, el Ministerio de Salud Pública ha establecido con precisión las circunstancias en las cuales debe prescribirse las pruebas confirmatorias de PCR para COVID-19, explicó la SISALRIL.
La institución reitera su compromiso con la ciudadanía y les exhorta a presentar ante la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), o ante la SISALRIL, cualquier irregularidad que les afecte en este sentido.
Estas se refieren a pacientes sintomáticos sospechosos, o contactos directos de otras personas confirmadas positivas, o personas que hayan viajado a lugares donde hay trasmisión de este virus, o cuando se justifique por otras razones paremiológicas, agrega el comunicado.
En ese sentido, indica que todas esas prescripciones son cubiertas por el Seguro Familiar de Salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social sin costo para los pacientes.
Además, resalta la entidad puntualizó que ante un paciente que no reúna dichas condiciones, la prescripción de las pruebas PCR no tiene fundamento científico técnico, y menos aún la realización de tomografías, como requisito previo a la realización de procedimientos médico quirúrgicos rutinarios electivos.
En ese sentido, sostiene que dicha acción constituiría un abuso inaceptable contra los pacientes por la innecesaria exposición a los riesgos de los procedimientos, una amenaza para la disponibilidad de pruebas PCR en el país, ya que las mismas resultan limitadas a nivel nacional e internacional, en el marco de la pandemia actual, y por demás, el potencial incremento de costos para el sistema o gastos a cargo del paciente.
La nota también indica, que la SISALRIL ha informado al Ministerio de Salud Pública sobre esta práctica irregular, en su calidad de órgano rector del Sistema de Salud, a fin de que sean adoptadas las medidas correspondientes en el marco de la Ley 42-01.
Señaló que valora positivamente los aportes de los profesionales y otros trabajadores de salud, así como de los establecimientos públicos y privados de salud, en el contexto de la actual emergencia paremiológica, quienes han asumido con un alto grado de compromiso su labor para garantizar el bienestar de la población.
En tal sentido, recordó que ha propiciado medidas de mitigación del impacto de la epidemia con base en acuerdos y decisiones que han beneficiado a la ciudadanía y a los prestadores de servicios de salud, tales como asumir el pago de las pruebas de laboratorio PCR para afiliados y no afiliados, el incremento temporal de tarifas y honorarios en internamiento, en los casos de pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19.
Agregando, el no cobro de cuotas moderadoras a los pacientes, cobertura ampliada de cuidados intensivos, contribución para equipos de protección personal, entre otras.
De igual manera, considera necesaria la protección individual de los trabajadores de la salud, por lo que recuerda que los mismos deben mantener su resguardo en todo momento, aún se conozca de la sospecha o no de un caso positivo.
Todos deben aportar y contribuir para la superación de la epidemia y comprender que cualquier decisión unilateral o acción que perjudique a la ciudadanía en su acceso a los servicios de salud que necesita, es contraria al interés nacional, más aún cuando no existan razones que la justifiquen.
Expresó que actuará con firmeza en el marco de la Ley 87-01 y sus reglamentaciones y normas complementarias vigentes.
