Santo Domingo.- Guido Gómez Mazara depositó formalmente por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) toda la documentación concerniente al addendum firmado en febrero del año 2015 respecto de la construcción de la Autopista del Coral y el Ministerio de Obras Públicas, durante la gestión de Gonzalo Castillo.
Este addendum provocó un incremento de 86% con relación al contrato original de la obra realizada por la constructora brasileña Odebrecht.
Para el abogado, profesor universitario y dirigente político, resultaba extraño que durante todo el proceso de Odebrecht el ministerio público nunca “encontró” una pieza crucial en toda la investigación porque la obra se disparó de US$ 253,702,835 a US$ 471,062,590, y la esencia de la etapa acusatoria se fundamentó en sobornos distribuidos por la empresa constructora y admitidos en la fase de delación por el principal ejecutivo de la entidad brasileña en el país, Marco Vasconcelos Cruz, y por tales hechos se le sentenció a 7 años de cárcel.
Recordó que los alegatos esgrimidos para no incorporar a la investigación el addendum de febrero del 2015 consistió en que estaba “desaparecido” de los archivos del MOPC, dejando excluido al ministro de obras públicas, Gonzalo Castillo y circunscribiendo la responsabilidad de los imputados en una frase utilizada por el procurador general de la república, consignado que “están todos los que son” y la realidad al “encontrar” el documento extraviado prueba claramente el carácter selectivo de la investigación y afán de proteger a funcionarios con una relación comprometedora con Odebrecht.
Planteó que el señor Vasconcelos Cruz admitió en la fase de delación que para el incremento del contrato de la Autopista del Coral pagó unos US$ 11 millones y resulta lógico que si el señor Gonzalo Castillo era el Ministro al momento de la firma, el ministerio público debió investigarlo y conseguir toda la información de lugar para establecer los niveles de responsabilidad y/o su inocencia, en el marco de un proceso que estremeció las bases de la relación clase política y empresa brasileña en todo el continente.
Gómez Mazara reiteró que el control político que ejerce el PLD sobre el ministerio público ha sido esencial en la estructuración de un régimen de complicidades de medias verdades y silencios acomodados que impiden una justa aplicación de la justicia, y que Gonzalo Castillo firmando un adendum debió ser requerido por la justicia y se le construyó un “extravío” de una documentación que lo compromete en caso Odebrecht.
Finalmente, reiteró que su acción ante el PEPCA constituye un acto de compromiso ciudadano para, no solo advertir y sancionar los excesos como los de Odebrecht, sino enviar una señal a las autoridades que iniciarán a partir del 16 de agosto sobre el impostergable proceso de adecentamiento de la vida nacional, y que deposita toda la documentación ahora porque se mantuvo “extraviada” con el interés de excluir a determinadas figuras de la vida nacional.
