Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, apela a la responsabilidad del liderazgo partidario y lo exhorta a colocar en primer lugar el interés nacional, a los fines de celebrar el 5 de julio unas elecciones limpias y ordenadas que den paso a un Gobierno rodeado de legitimidad, con el apoyo y la energía necesarios para enfrentar los grandes desafíos que en estos momentos tiene el país.
En un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil expresó que en un país donde los deportes y la política se realizan con pasión, es normal que a días de las elecciones aumente la presión que ejercen los candidatos/as y los partidos que les apoyan, pero también es la oportunidad para que los dirigentes políticos demuestren de qué madera está hecho su liderazgo y lo ejerzan con responsabilidad, sin excesos, respetando las leyes y las mejores prácticas electorales.
Indicó que han visto con alarma la reproducción en la radio, televisión nacional y redes sociales de interceptaciones telefónicas no autorizadas, violando derechos fundamentales, así como diversas leyes que sancionan estas acciones con penas de uno a tres años, sin que el Ministerio Público se haya dignado a iniciar una investigación.
“Para Participación Ciudadana los excesos han llegado hasta el punto de publicar en la prensa nacional anuncios que implican una clara amenaza contra los empleados públicos, en violación al artículo 285.4 de la Ley de Régimen Electoral, que sanciona con penas de tres meses a un año de prisión a ‘los que incitaren o cohibieren en cualquier forma a un elector en el ejercicio de su derecho’, como también viola el artículo 284.19 de la misma ley”, manifiesta en el comunicado.
Participación Ciudadana explicó que el Presidente de la República, como líder político, tiene el mismo derecho que cualquier otro funcionario público de hacer campaña por los candidatos de su partido, para lo cual debe tomar una licencia de sus funciones públicas, a fin de no violentar el párrafo III del artículo 196 de la Ley Electoral, que prohíbe a los funcionarios públicos prevalerse de su cargo para realizar campaña y/o proselitismo a favor de un partido o candidato/a, lo que aplicaría por igual a los funcionarios municipales.
La entidad de la sociedad civil destacó que en este momento en que está concluyendo la campaña electoral, aun los partidos políticos y sus candidatos no han cumplido con lo establecido en las nuevas leyes que lo regulan que establecen poner a disposición de la ciudadanía, a través de la Junta Central Electoral (JCE), los nombres, apellidos y cédulas de
todos sus contribuyentes de fondos, incluyendo los montos aportados, única forma en que se puede controlar el tope legal de aportes que pueden recibirse. La JCE y la Unidad Especializada de Control Financiero de los partidos, no han ejercido la autoridad que les confiere la norma en esta materia para obligar a su cumplimiento.
“La campaña electoral, una vez más, ha estado dominada por el clientelismo, sobre todo porque se ha preferido aprovechar la terrible pandemia que nos abate para convertir las ayudas humanitarias en un instrumento de captación de votos con lo que se humilla a la ciudadanía, al pretender comerciar con su conciencia, en lugar de elevarla y educarla”, sostuvo el Consejo Nacional del Movimiento Cívico.
Participación Ciudadana lamenta la ausencia de la recién creada Procuraduría Especializada para Delitos Electorales que, aunque todavía no cuenta con las condiciones adecuadas para cumplir su misión, podría haber hecho una diferencia de frente a los múltiples delitos electorales que están a la vista de todo el país y el mundo. “Entendemos que todavía hay tiempo, dado que los mayores delitos se producen alrededor del día de las elecciones, para dar inicio a la ansiada etapa de terminar con la impunidad que siempre ha rodeado a los delitos electorales”, resaltó.
“A una semana de las votaciones llamamos a la ciudadanía a la reflexión, a evaluar las propuestas de cada candidato/a, a examinar su hoja de vida, a elegir a las personas que mejor pueden representarnos en la Presidencia, Vicepresidencia y en el Congreso Nacional. Ahora es el turno de 7 millones 529 mil 932 ciudadanos y ciudadanas que tienen el deber de salir a ejercer el sufragio acatando las medidas del protocolo sanitario aprobado por el órgano electoral, consciente de que su voto es su poder, de que su voto decidirá el futuro de nuestro país”, expresó en el comunicado.
Participación Ciudadana, con sus 2,830 observadores/as y colaboradores/as vigilará que el proceso sea transparente, se respete la democracia y la voluntad de la ciudadanía. Para que todos los ciudadanos y ciudadanas sean observadores/as electorales disponen de la plataforma atentocontuvoto.org , donde pueden denunciar cualquier irregularidad que presencien antes y durante las elecciones.
Consejo Nacional
27 de junio de 2020
