La Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19, integrada por el Decreto 145-20 del pasado 5 de abril, rindió un informe de su trabajo de vigilancia, supervisión y seguimiento de los procesos de compras a las 9 instituciones públicas que están autorizadas durante el proceso de emergencia.
Durante su participación en el encuentro virtual, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, destacó la independencia en la elaboración del informe, así como el cumplimiento de las normas por parte de las instituciones públicas en el periodo de la pandemia.
“La Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19 ha tenido una contribución fundamental en la transparencia de los procedimientos de emergencia convocados para dar respuesta a esta terrible pandemia”, apuntó el ministro, quien agradeció al equipo de apoyo técnico de la Comisión y de Contrataciones Públicas por el esfuerzo y los niveles de cooperación alcanzados.
Indicó que, aunque el mecanismo de compras de emergencia a nivel internacional se realiza por contratación directa, y que el Reglamento 543-12 establece convocatoria pública y evaluación de las propuestas de todo aquel que desee participar, no se establecían plazos mínimos por lo que, al final, se convertían en una contratación directa al convocarse de hora a hora y participar solo quien tenía información previa, convirtiéndose en procedimientos excluyentes.
Montalvo indicó que a solicitud de la Comisión se establecieron plazos mínimos desde la convocatoria hasta la recepción de ofertas, y desde esta hasta la adjudicación, lográndose procesos públicos, competitivos y con pluralidad de participantes.
El ministro añadió que, también a petición de la Comisión, se requirió a las instituciones la documentación de cada fase del procedimiento en el tiempo oportuno, en adición al informe que presentan a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría, y publicar en los sitios web de cada institución y en el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas.
Prueba de ello es que se celebraron 165 procedimientos de emergencia, con una concurrencia entre 3 y 44 participantes en cada uno, donde el 22% se adjudicó a mujeres y el 42% a Mipymes, lo que representan niveles de participación más que significativos.
De esta forma, puntualizó el ministro, se garantiza el manejo correcto y eficiente de los recursos públicos, que siempre ha sido una prioridad de este gobierno.
24 comisiones de veeduría públicas. Montalvo recordó que, desde 2013, el Ministerio de la Presidencia impulsó y coordinó la creación de 24 comisiones en otras tantas instituciones del Gobierno.
“Fue la primera vez que un gobierno estableció mecanismos externos y plurales para la auditoría de sus actividades, dotando a las comisiones de total autonomía y acceso a la información en las instituciones a las que daban seguimiento”, dijo el ministro.
Los organismos los conforman representantes de los diferentes sectores de la sociedad por lo que han permitido una mayor participación de la ciudadanía en los procesos de compras públicas y en las decisiones gubernamentales.
Además de contribuir a la transparencia y eficiencia de los recursos, las comisiones han fomentado una cultura de apertura y rendición de cuentas de forma permanente de los servidores públicos.
Montalvo confía en que esta práctica, que tanto beneficio reporta al país y que demuestra su eficiencia en la supervisión de la actividad pública, continúe vigente en los próximos años.
El encuentro se realizó de manera virtual y contó con la participación de los siguientes integrantes de la Comisión: Manuel Luna Sued, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que funge como coordinador; Luz Estrella, de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME); José A. Gautreau, de la Iglesia católica; Lorenzo Mota King, de la Iglesia evangélica, y Persio Maldonado, representante de la Sociedad Dominicana de Diarios.
