República Dominicana.-La intervención del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, no ofrece respuesta a los cuestionamientos fundamentales hechos al proceso de aprobación de un nuevo aeropuerto en Punta Cana, y es otro eslabón más de la cadena de irregularidades y alimentan las sospechas de corrupción en el proceso.
La afirmación la hace el doctor Miguel Valerio Jiminián, quien dirige las iniciativas legales y las denuncias de corrupción contra los funcionarios involucrados en las aprobaciones presentadas en la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Hasta por simple prudencia, advierte Valerio, Espinal debió abstenerse de asumir la defensa “de un procedimiento viciado sobre el que pesan varias denuncias” en la PEPCA y para evitar “las sospechas de que su intromisión en un asunto que es ya de competencia judicial busca condicionar la actuación del ministerio público”.
“Se trata de una presión indebida en un estado de derecho, un irrespeto preocupante a la separación de poderes que debería tener consecuencias si de verdad queremos preservar la salud democrática de nuestro país”, afirma el jurista.
Afirma que los argumentos de Espinal no alcanzaron a explicar por qué si el aeropuerto se construirá con recursos privados exclusivamente, el Consejo de Fomento Turístico le aprobó a la carrera el 16 de julio exenciones fiscales por 15 años que, al decir del Ministerio de Hacienda, costarán al Estado más de 4 mil millones de pesos, un privilegio del que no gozan los demás aeropuertos.
Viola reglamento de Confotur
De acuerdo a ese ministerio, explica Valerio, el proyecto es “financieramente inviable sin el generoso apoyo del Estado dominicano”, que se otorgó “sin que la documentación de rigor estuviese completa, sin el decreto de aprobación del Poder Ejecutivo que se otorgó después, sin el permiso municipal de uso de suelo y sin comprobar son los dueños titulares definitivos de los terrenos”.
Para colmo destaca, el artículo tres del reglamento de aplicación de la ley de incentivos al turismo establece como una condición la “viabilidad económica” del proyecto a ser favorecido, condición que el Ministerio de Hacienda advirtió que el aeropuerto no cumple.
Los argumentos de
