SANTO DOMINGO.-El presidente electo, Luis Abinader, quien asumirá el poder el próximo domingo, encontrará un país diezmado por una crisis sanitaria, económica y el incremento de la deuda externa, así como varios expedientes en la justicia por corrupción, inseguridad ciudadana y cientos de miles de empleos perdidos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.
Pero no todo es desalentador para las autoridades gubernamentales entrantes, ya que cifran su esperanza que en que el precio de la onza del oro se mantenga sobre la barrera de los US$2,000.00 dólares en el mercado internacional y en un incremento del flujo de las remesas.
Con el turismo, o la llamada industria de la chimenea, el próximo gobierno no puede contar en lo inmediato, debido que los ingresos por concepto de ese importante renglón de la economía dominicana han caído estrepitosamente desde el pasado mes de febrero, cuando se registró el primer caso de Covid-19 en el país.
Cuando el presidente Danilo Medina llegó a la Presidencia de la República, en agosto de 2012, dijo que las autoridades salientes de ese entonces, refiriéndose al gobierno que encabezó el expresidente Leonel Fernández, les dejaron un “maletín lleno de facturas por cobrar”, pero ahora Luis Abinader no sabe lo que recibirá de las salientes autoridades.
De acuerdo a analistas políticos y económicos, los próximos dos años de gobierno del presidente Abinader no serán halagadores en materia de salud y economía, ya que las nuevas autoridades tendrán que trillar un camino pedregoso fruto de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.
Los indicadores económicos demuestran que la economía dominicana ha tenido un resentimiento debido a la caída de los ingresos, cierre de negocios y el enorme desempleo provocado por la pandemia del coronavirus, ha puesto de rodillas no solo a República Dominicana, sino al mundo.
Deuda del sector público
Un informe del Ministerio de Hacienda, revela que al 31 de mayo de este año, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$38,309.1 millones, representando el 41.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Dice que el saldo de deuda del SPNF, está compuesto en un 66.0% por deuda externa, la cual presentó un saldo insoluto de US$25,285.3 millones; mientras que el 34.0% restante corresponde a deuda interna, que totalizó RD$732,867.7 millones, equivalentes a US$13,023.8 millones, a la tasa de cambio de RD$/US$=56.2714. Dichos montos representan el 27.5% y el 14.2% del PIB estimado, respectivamente. Del total de la deuda interna unos US$2,352.2 millones (2.6% del PIB) corresponden a deuda intergubernamental de bonos emitidos por el Gobierno Central para la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana.
Pero además, hay que recordar que el 1ro de mayo de 2020, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público, colocó de manera directa títulos valores de deuda pública por un monto total de RD$40,000.0 millones, a las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con mayor patrimonio del sistema financiero dominicano: AFP Crecer, AFP Popular, AFP Reservas y AFP Siembra.
La distribución se realizó en partes iguales y La operación consistió en la colocación de cuatro series por montos de RD$10,000.0 millones cada una. De estas, tres series tienen vencimiento en 2030, 2035 y en 2040, con cupones de 10.000%, 10.250% y 10.875%, respectivamente. La cuarta serie tiene vencimiento en 2040 con cupón de 10.875% y sus fondos serán destinados a proyectos de infraestructura.
Dicha colocación fue realizada con las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones en aras de contribuir a la obtención de los recursos financieros necesarios para implementar las medidas que mitiguen el impacto del Covid-19.
La operación está sustentada en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2020, número 509-19, y la Ley de Valores de Deuda Pública para el año 2020, número 512-19, la cual dispone que las colocaciones directas en el mercado local sean instruidas mediante resolución ministerial. Dicho esto, esta colocación está amparada en la resolución número 167-20 que autoriza la colocación de valores de deuda pública de manera directa en el mercado local por hasta un monto total de cuarenta mil millones de pesos dominicanos.
