Santo Domingo.-La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) apoderaron este jueves a la Procuraduría General de la República del expediente relacionado con la compra de 11 mil 500 millones de pesos de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas en los meses previo a las elecciones primarias.
Ambas instituciones aseguraron que dentro del ámbito de su competencia comprobaron serias violaciones a la ley 340-16 en la compra del material asfáltico. “Estamos convencidos que, de manera olímpica, se violaron todos los procedimientos y principios de la ley de compras y contrataciones. Ahora resta que el Ministerio Público pueda profundizar en las investigaciones para saber por qué se hizo, quién tenía el intensión de enriquecerse ilícitamente y quién quería acumular recursos del pueblo dominicano de manera ilícita” estableció Carlos Pimentel.
Pimentel, aseguró que entre las irregularidades encontradas se destacan vínculos existentes entre algunas de las 39 empresas que resultaron seleccionadas para suplir el material asfáltico y los contratantes. De su lado, la directora de DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, dio a conocer que Lidio Cadet, quien la antecedió en el cargo recomendó que el expediente en contra del exministro de Obras Pública, Gonzalo Castillo, se archivara.
“Encontramos que no habían condiciones para recomendar archivo y hemos abierto nuevamente lo que se había ordenado archivar”, dijo Ortiz Bosch
Se recuerda que previo a la transición de mando, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, dio a conocer que el procedimiento de exclusividad mediante el cual se adjudicaron los 11 mil 500 millones de pesos a 39 empresa que suplieron el material asfáltico no se llevó a cabo conforme al debido proceso administrativo que rigen las compras y contrataciones públicas.
El expediente que ahora esta en manos de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ya había sido sometido ante la procuraduría especializada en asuntos de corrupción administrativa por representantes de la sociedad civil.
