Santo Domingo- La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), anunció que, en los próximos días, presentará al país y al Congreso Nacional, una propuesta de ley para institucionalizar y darle expresión legal y de legitimidad a los planes sociales, que llevan a cabo los legisladores, mediante las modalidades conocidas comúnmente, como el barrilito en el Senado, y cofrecito en la Cámara de Diputados.
La entidad cívica entiende que es un momento oportuno, para transparentar y sentar las bases jurídicas e institucionales, de los programas de asistencia social, que desarrollan los legisladores en toda la geografía nacional, estableciendo un sistema que avalé y condicioné la referida labor social, a la observación rigurosa de las leyes de transparencia, de los mecanismos de control y a los principios de la administración pública.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, explicó que tanto el barrilito como el cofrecito, en los términos que han sido concebido, sustentados en resoluciones de sus respectivas cámaras, violan la Constitución de la República, respecto a que es nula toda erogación de fondos públicos realizada sin una ley que la regule, como dispone su el Art. 236, además de la necesaria identificación de las fuentes que engendran obligaciones pecuniarias a cargo del Estado, para la correspondiente erogación.
Potentini refirió que también con el barrilito y cofrecito, se viola el principio de universalidad creado por el Art. 11 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público, No. 423-06, al establecer que el sistema presupuestario abarca a todas las instituciones del sector público y exige que todos los recursos y gastos deban ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible, y que deberán ser gastados exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto.
Propuesta de ley para establecer Programa Nacional de Asistencia Social Legislativa (PRONASLE).
En consecuencia, Justicia y Transparencia, plantea una ley que instituya el Programa Nacional de Asistencia Social Legislativa (PRONASLE), estableciendo la mecánica y el procedimiento, en que los legisladores puedan desarrollar la asistencia social, con un marco regulatorio que implique rendición de cuentas, licitaciones en virtud de la ley 340-06, sobre compra y contrataciones públicas, sometidos a la ley 200-04, sobre acceso a la información pública, al escrutinio de la cámara de cuentas; además de su previsión y consignación en la ley de presupuesto general del estado.
La referida propuesta de ley considerará la suspensión de estos planes sociales, en beneficio de aquellos legisladores que estén optando por una reelección, ya sea como precandidato, en las primarias de su partido, o ya bien sea, en su condición de candidato, períodos en los cuales estarán suspendidas automáticamente la erogación de los fondos, en beneficio del congresista en reelección, sobre todo para mantener la competencia democrática, en un plano de equidad e igualdad. Asimismo, se reorientarían los fondos en tiempos de campaña, de los congresistas precandidato o candidato, en beneficio de las iglesias, para que estas continúen asistiendo a las comunidades.
De igual forma Potentini informó que la propuesta sugerirá, un esquema que priorice con la asignación de recursos la zona fronteriza del país, por tratarse del área geográfica más pobre, deprimida y olvidada de toda la geografía nacional, concibiendo además una estructura administrativa en todas las provincias, para servicios y contacto con los electores.
En ese sentido la FJT reconoce la necesidad de que los congresistas cuenten con los recursos, para canalizar las urgencias sociales de sus electores, máxime que hoy día la labor del congresista, va más allá de la responsabilidad de legislar, imponiéndose una dinámica de constante roce y solución de problemas básicos en beneficio de sus comunidades.
La propuesta tomará en consideración los diferentes planes de asistencia social que desde diversas entidades estatales maneja el gobierno, privilegiando el contacto que de primera manos tienen los legisladores con sus comunidades, permitiéndoles asistirlos con prestaciones y necesidades básicas, sobre todo salvaguardando la dignidad de la función legislativa, que no tengan que estar haciendo filas para que un ministro o incumbente gubernamental lo sometan a vejámenes y pérdidas de tiempo detrás de alguna obra o asistencia para su provincia.
Finalmente, Justicia y Transparencia entiende que es favorable, siempre bajo un esquema institucional, el que los legisladores puedan asistir a los electores de sus demarcaciones territoriales, con diversas prestaciones y ayudas, para mitigar las grandes desigualdades que se verifican con la atención, que solo se les facilita a los sectores más conectados con las estructuras de poder.
